La Policía Federal desaloja el inmueble de la avenida Triunvirato donde funciona la Asamblea de Villa Urquiza

La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Villa Urquiza se encuentra ante el inminente desalojo del local de la ex pizzería y bar La Ideal, que ocupan desde junio de 2002, y donde realizan distintas actividades comunitarias y talleres artísticos gratuitos, entre diversas actividades culturales y educativas. que incluyenuna biblioteca y el Bachillerato Popular “Berta Caceres”.

Hay manifestantes dentro y fuera del inmueble y un corte parcial de tránsito sobre la avenida Triunvirato a la altura de Roosevelt, donde agentes del GCBA montaron un operativo ordenar el tránsito, que circula con demoras.

Tras la aprobación de la venta del terreno lindero a la estación ferroviaria de la Línea Mitre Ramal Suárez, que se extiende por Roosevelt hasta Bucarelli, los miembros de la agrupación se anoticiaron de que el Estado les inició un juicio y este martes por la mañana, efectivos de la Policía Federal se presentaron en el lugar para ejecutar el desalojo.

La Policía impide sacar los libros de la biblioteca popular en el desalojo de la Asamblea de Villa Urquiza. Móvil @eldestape_radio #Navarro2019 pic.twitter.com/nRj3Ayq2ui

— Lucas Martinez (@lucasgaldos) October 2, 2018

“Esto es una avanzada violenta, neoliberal y fascista que significa la pérdida de un espacio invaluable de construcción horizontal y autogestiva que hace 16 años existe y resiste. En su lugar se quieren construir 3 mega torres que beneficiarán a unxs pocxs, arrasando con toda la manzana, la cual contiene viviendas, comercios, canchas de fútbol y el paso publico a la estación del tren”, expresaron en un comunicado difundido el viernes.

“Nos encontramos en asamblea permanente la cual sostenemos todos los días a las 21. Convocamos de forma urgente a todxs lxs compañexs, espacios y organizaciones afines a sumarse a la resistencia para impedir el arrebato de este espacio que es nuestro y de todas las personas que se autoconvoquen al mismo”, concluyen.

#AHORA La policía de la ciudad desaloja la Asamblea De Villa Urquiza, que realiza trabajos comunitarios desde el 2001. Los vecinos resisten y solicitan difusión. pic.twitter.com/fzABPMQrAy

— Agencia Foto Sur (@FotoSur_Agencia) October 2, 2018

El año pasado, tras la sanción parlamentaria definitiva, Saavedra Online informó el estado de preocupación y los planes de acudir a la Justicia para frenar la venta de la parcela por parte de la organización.

La enajenación aprobada involucra también un predio en el barrio de Saavedra ubicado entre Holmberg, Pico y las vías del ferrocarril Mitre Ramal Bme. Mitre, y otras tierras públicas ubicadas en Palermo y Mataderos.

En rigor, el terreno en cuestión se extiende hasta la calle Bucarelli y está sobre tierras que eran del Ferrocarril y que el Estado Nacional transfirió a la órbita de la ciudad de Buenos Aires para su enajenamiento. Antiguamente era una pizzería y, al igual que muchos establecimientos, debieron cerrar por la crisis de 2001 o, en algunos casos, porque el Gobierno del entonces presidente Fernando del Rúa, a través de la ex Onabe (Actual AABE), decidió no renovar contratas de alquiler.

https://saavedra.online/la-comuna/la-asamblea-de-villa-urquiza-en-asamblea-permanente-ante-un-inminente-desalojo/

Este martes, el Observatorio del Derecho a la Ciudad sostuvo mediante un comunicado que “El desalojo es inconstitucional”. Según la ONG porteña, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF S.E.) inició juicio de desalojo fundándose en la Ley N° 17.091 sancionada en el año 1966.

“Esta ley estaba tenía por objeto autorizar desalojos sumarios en caso de concesión de inmuebles de propiedad del Estado que estuviesen destinados principalmente a actividades lucrativas. La Ley N° 17.091 autoriza, en estos casos, que la Justicia ordene el desalojo sin otorgar el derecho de defensa en forma previa al desalojos”, explican.

“El debido proceso y el derecho de defensa en juicio es un derecho constitucional fundamental. La Asamblea de Villa Urquiza no era concesionaria del Estado Nacional ni realiza actividades lucrativas. Por lo tanto, no correspondía la aplicación de esta Ley. Y en un entendimiento contrario, la orden de desalojo sin brindar derecho de defensa constituye una violación grave de los derechos de la Asamblea y de cada uno de sus integrantes. En la sentencia dictada por el Juez ERNESTO MARINELLI, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 1, que ordena el desalojo se expresa que la decisión judicial fue adoptada “sin más trámite” e “inaudita parte””, concluye la organización civil integrada entre otros por el abogado Jonatan Baldiviezo.