La jueza María Soledad Larrea a cargo del Juzgado de primera instancia en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo N° 21 (Poder Judicial de la CABA) ordenó embargar las cuentas de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires Soledad Acuña al considerar que no cumplió con la Ley porteña N° 104 de acceso a la información pública sobre las vacantes en una escuela del barrio de Saavedra.

Todo inició en noviembre de 2018 cuando el abogado Eduardo Daniel Barreyro, uno de los letrados del Colectivo Vacantes para Todxs en las Escuelas Públicas, presentó un pedido de información pública para conocer la cantidad de vacantes existentes en la Escuela Infantil N° 6 DE 15 “Naranjo en Flor”, ubicada en Galván 3710, en el Polo Educativo Saavedra. “Entre la información pedida, está la cantidad de niños/as que la eligieron y quedaron afuera, Y el radio dentro del barrio que cubre”, expresó ante Saavedra Online.

También mencionó que no hubo una respuesta del GCBA sobre estos requerimientos en todo este tiempo. Entonces, hubo una demanda judicial con sentencia en primera y segunda instancia favorable a lo que reclamaba el abogado. En diciembre del año pasado quedó firme la resolución donde queda asentado que el Gobierno porteño, a través de Acuña, no cumplió en brindar la información pública requerida.

Esto derivó en una multa de $3.000 diarios y en octubre de este año quedó firme la liquidación, estimada en unos $45.000. Ese monto todavía no está firme y podría ser mayor.

El abogado dijo a Saavedra Online que pidió que el monto sea donado a la cooperadora de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Nº2 “Mariano Acosta”. “Me pareció interesante que algo vaya a una escuela tan maltratada por la ministra”, dijo al respecto, al evocar las denuncias civiles y penales contra familias que dieron su consentimiento para que estudiantes lleven adelante tomas escolares a fines de septiembre de este año. Asimismo, el GCBA sumarió al vicerrector del Acosta por haber mostrado apoyo en forma pública a estas familias.

Asimismo, en estos años se presentaron más de 120 pedidos de información pública por otras escuelas. En el Colectivo Vacantes para Todxs en las Escuelas Públicas estiman que “la suma embargada por todos los pedidos de informes no respondidos llega a $450.000”.

Del mismo modo, el colectivo emitió este comunicado para aclarar la situación judicial: “Dada la repercusión que tuvo la noticia de un embargo sobre las cuentas de la Ministra de Educación, parece prudente realizar algunas aclaraciones al respecto. Porque si bien la noticia es la multa que se le impuso a la funcionaria, lo realmente importante es por qué y cómo se impuso dicha sanción”.

“La ciudad nos garantiza que todos podemos pedir información pública, a efectos de evaluar la gestión de los funcionarios. Es un trámite sencillo que debería ser respondido en 15 días. Es conocido que desde Vacantes para Todxs, hace seis años que ayudamos a las familias que exigen su derecho a acceder a una escuela pública”.

Sobre el caso de Saavedra, se menciona: “A fines de 2018, pedimos información sobre la cantidad de niños/as que pedían ingresar a una escuela, cuántas vacantes había disponibles en la misma, y en virtud de qué privilegio quedaba alguien adentro y otro afuera de la escuela pública”.

Se agrega: “El expediente es el 1146/2019, pero ello es anecdótico. Es uno de muchos que, cuando sean cumplidos, nos dará una foto de estado del sistema de educación inicial. Porque si no sabemos cuántas escuelas se necesitan, dónde se necesita una escuela, y cual es el daño ocasionado por la expulsión sistemática de quienes aspiran a ingresar, no podemos exigir medidas concretas al Ministerio de Educación”.

Sobre la situación en CABA, en el colectivo aseguran: “De 2012 a 2017, se crearon 100 vacantes en sala de Lactarios. De 2017 a la fecha, se eliminaron 100 vacantes en sala de lactarios. Se pasó de una matrícula de 1150 en 2015, a 951 en 2021. o se construyen escuelas, se eliminan aulas enteras. Desde marzo de 2021, el Tribunal Superior de Justicia confirmó que la Ministra de Educación debe entregar esa información”.

“La jueza María Soledad Larrea intimó nueve veces a la Ministra a que cumpla la sentencia y, ante la reiterada desobediencia a una orden judicial, le impuso una multa diaria de $3.000 hasta que acate lo que decidió la justicia. La Ministra prefiere perder el monto, antes que brindar información pública, transparente y precisa. En definitiva, la Ministra de Educación, incumple dos puntos centrales de una república democrática participativa. Desconoce que el Poder Judicial le puede señalar su incumplimiento como funcionaria pública. Y rechaza informar adecuadamente a la ciudadanía para que controle su gestión”, concluyó el colectivo.