La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó la decisión del Gobierno nacional de retirar del proyecto de ley ómnibus enviado al Congreso el artículo que obliga a pedir permiso para reuniones de más de tres personas, cuestionado por sectores de la oposición.

“Es nuestro objetivo retirar ese artículo directamente porque ya está suficientemente explicado en otro”, dijo Bullrich al exponer en el marco de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto de la Cámara de Diputados, donde dijo que había concurrido para “explicar tres temas que se han planteado respecto de seguridad en esta ley”.

Sostuvo que estos temas serán al margen de otros proyectos como modificaciones al Código Penal, la puesta en marcha del Código Procesal Penal, Código de Minoridad y otros temas, que, dijo, “iremos enviando”.

“Para facilitar la discusión, y como en realidad tres o más, cinco, uno, diez o veinte que corten una autopista o un puente o que impidan la circulación de tránsito da lo mismo, y generó esta confusión; vengo a decir que es nuestro objetivo retirar ese articulo directamente porque ya está suficientemente explicado en otro”, sostuvo la funcionaria.

Sobre el artículo

El artículo en cuestión señala que se define como “‘reunión’ o ‘manifestación’ a la congregación intencional y temporal de tres (3) o más personas en un espacio público con el propósito del ejercicio de los derechos aludidos en la presente”.

Además, se define como “organizador” de la protesta a quien “convoque a otras personas a participar de la reunión”, “coordine a personas para llevar a cabo la reunión”, “provea cualquier tipo de medio material o logístico para la realización de la reunión”, “pase lista, registre las presencias o las ausencias por cualquier medio escrito o de grabación de imágenes”.

La participación de Bullrich en Diputados

Tras sostener que “el peligro es que cualquier dilación, cualquier error que pueda surgir en las decisiones estratégicas de cambio pueden generar una situación de incertidumbre”, Bullrich dijo que “la situación del dólar y el riesgo país obedecen a los problemas de ansiedad que se generan en los cambios que el país necesita por esta realidad de estar ahí mirando la hiperinflación”.

Además insistió: “Vamos a terminar con la idea de dejar un carril, ir a la mitad de la calzada lo cual implica entorpecer el transporte y la posibilidad de circulación de las personas”, y añadió que “cuando las manifestaciones sean grandes las vamos a encauzar en las veredas porque el objetivo es que no se corten nunca más las calles”.

Más tarde, la ministra remarcó “el derecho a la protesta está vigente” pero “sin cortar la calle”.

“El derecho a la protesta está intacto. Ahora, no corte un puente interjurisdiccional donde pasan 10 millones de autos como el Tancredo Neves. El puente Neuquén-Cipoletti no se corta. ¿Quiere protestar al lado del puente? proteste. La entrada al aeropuerto de Ezeiza no se corta, va por el costado. Va con el megáfono. Diga lo que quiera, pero no corte la calle”, contestó Bullrich a la diputada del Frente de Izquierda (FIT), Myriam Bregman, quien repudió el protocolo antipiquete establecido por el Gobierno.

En ese sentido, ironizó con la protesta que realizarán distintos movimientos sindicales y sociales al Congreso el próximo 24 de enero al afirmar que la CGT “ni siquiera usa los cuatro días que pide el Ministerio de Seguridad (para anunciar una movilización), lo hace con un mes de anticipación”.

“Deja la primera quincena de enero para seguir de vacaciones y en la segunda arma el paro. ¿Eso es un paro? ¿Esa es la desesperación? Dejarlo para el 24, parece chiste”, agregó.

En cuanto a cambios en seguridad interior, Bullrich sugirió que “pensaría dos veces si no hay que poner en marcha el mecanismo actual que permite a las Fuerzas Armadas (FFAA) brindar logística” dentro de distintas provincias, como en el caso de Santa Fe.

“Le voy a plantear al gobernador el uso de la logística de las FFAA. Primero se lo tiene que plantear el ministro de Defensa (Luis Petri). Necesitamos enfrascar a Rosario y que no salga lo que sucede allí, y mejorando Rosario vamos a mejorar todo el país”, añadió.

Bullrich también se refirió a que habrá cambios en el régimen penal juvenil que -dijo- ya fueron “enviados” a “algunas provincias” pero que aún falta “a nivel nacional”.

“Vamos a bajar la edad de imputabilidad”, aseguró. Y ratificó que “si hay un chico menor de 13 años en una manifestación se avisará y se va a pedir que la autoridad de la provincia lo venga a ubicar”.

“No queremos que haya niños en las manifestaciones”, añadió.

La ministra anunció que se plantea aumento de penas a las que establecen hoy el Código Penal, que es de 3 meses a 2 años, y “la llevamos de 1 año a 3 años y medio y que se extiende de 2 a 4 años para quienes lo hacen con armas propias o impropias, como palos o armas simuladas o morteros”.

En cuanto a los organizadores de las protestas, Bullrich dijo que se plantea una pena de 3 a 6 años de prisión para quienes ejerzan “capacidad de presión sobre muchos de los concurrentes como la pérdida de un beneficio social” y sostuvo que “de ninguna manera puede haber una conducción paralela al Estado que decida sobre la vida de la gente”.

Asimismo, la ministra ratificó que esas personas “serán responsables de los gastos que ocasionen” y recordó que esa cartera no lo aplicó con la CGT, que marchó días atrás contra las reformas del Gobierno, porque dijo que esa central “pidió permiso, pero sí lo hicimos con una rama que se escapó y arruinó una cantidad de comercios en la ciudad”.

Agencia Télam

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La Ley Ómnibus enviada al Congreso para ser debatida durante las sesiones extraordinarias en curso incluye un insólito requisito para las reuniones en espacios públicos, puesto que en el caso de participar tres o más personas se deberá pedir permiso al Ministerio de Seguridad de la Nación, con una antelación de 48 horas.

El paquete de reformas que el presidente Javier Milei contiene las principales medidas que pretende implementar durante su primera etapa de gestión: desde la privatización de todas las empresas públicas hasta el cierre del INADI. En este contexto, el proyecto contempla un capítulo dedicado a la Seguridad Interior, cuya primera sección busca reglamentar la organización de las manifestaciones, fijando duras sanciones para los organizadores y aquella persona que impida el funcionamiento normal de los transportes.

Además de la modificación propuesta al Código Penal, a través del artículo 331 del proyecto, el Gobierno define a la reunión o manifestación como una “congregación intencional y temporal de tres o más personas en un espacio público”, con el propósito de ejercer el derecho a la protesta.

De ser aprobada la ley sin ninguna modificación en materia de seguridad interior, estas reuniones o manifestaciones deberán ser notificadas al menos 48 horas antes de su realización al Ministerio de Seguridad, detallando las características; los datos de la persona u organización que la convoca, especificando “nombres y datos personales”; la finalidad de la movilización; el recorrido que tendrá; el tiempo de duración; y la cantidad estimada de participantes.

Una vez recibida toda esa información, la cartera dirigida por Patricia Bullrich otorgará un comprobante que certifique la correcta presentación realizada, documento que deberán tener los organizadores al momento de la realización de la convocatoria. De contar con esto, la movilización podrá realizarse siempre y cuando no estorbe, impida o entorpezca el tránsito.

En esa línea, el Ministerio tendrá la facultad de oponerse a la realización de la reunión, “fundamentándose en cuestiones que hagan a la seguridad de las personas o seguridad nacional”, así como también podrá proponer modificaciones al horario, la ubicación o la fecha.

En el caso de que se trate de una manifestación espontánea, el Gobierno plantea que la notificación deberá ser presentada “con la mayor antelación posible”, respetando los requisitos mencionados anteriormente.

El sorpresivo requisito para las reuniones sociales o manifestaciones en el espacio público llega luego de días de tensión en el microcentro porteño tras la implementación del protocolo antipiquetes, que fue puesto en marcha por primera vez durante la movilización de las organizaciones piqueteras el pasado 20 de diciembre y volvió a aplicarse durante la convocatoria de la CGT en rechazo a las medidas que apuestan por desregular la economía. Esta normativa autoriza a las fuerzas federales a intervenir para evitar cortes o piquetes, empleando la “mínima fuerza necesaria y suficiente” para la situación. A su vez, los autores, partícipes y cómplices o instigadores serán identificados y se conformará un registro de organizaciones y sus líderes.

El Ministerio de Seguridad tendrá que autorizar la realización de la reunión (Télam)

Ahora, el proyecto de ley propone que, en caso de registrarse una falta durante una movilización autorizada, el Ministerio de Seguridad de la Nación intime a cualquiera de los organizadores para que cesen con el incumplimiento de la normativa y adecuen la reunión a lo establecido. En caso contrario, se implementarán las acciones correspondientes.

Dentro de las modificaciones que impulsa la administración de Javier Milei para el Código Penal se encuentra la creación de la figura penal para “quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad”, los cuales “serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o acampe”.

Así, será considerado organizador todo aquel que convoque a otras personas a participar de la reunión; coordine a personas para llevar a cabo la reunión; provea cualquier tipo de medio material o logístico para la realización de la reunión y/o pase lista, registre las presencias o las ausencias por cualquier medio escrito o de grabación de imágenes.

Por otro lado, la Ley Ómnibus sostiene que los organizadores “serán solidariamente responsables por los daños que los manifestantes ocasionaren” durante la movilización.

Fuente: Infobae

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Esta noche, tras el anuncio del presidente Javier Milei de un DNU de 366 artículos para una profunda desregulación de la economía, se registraron cacerolazos, bocinazos y otras expresiones de protesta en el barrio de Saavedra.

Entre las quejas, también se oyeron gritos aislados de apoyo al presidente Milei, lo que derivó en cruces vecinales en algunos casos.

En cadena nacional, el Jefe de Estado enumeró “30 de las más de 300” reformas, medidas y derogaciones que incluye el decreto de necesidad y urgencia que será publicado en las próximas horas para “comenzar la reconstrucción del país”.

El DNU, que será publicado en el Boletín Oficial, contiene medidas como la derogación de ley de Alquileres y de la ley de Abastecimiento, entre decenas de disposiciones.

También incluye la derogación de leyes como la de “góndolas, Compre Nacional, observatorio de precios, las leyes de promoción de industrial y promoción comercial”, dijo el Presidente.

Tras el discurso presidencial, diversos videos difundidos a través de las redes sociales registraron la reacción en distintos barrios porteños de personas que protestaron en sus balcones con cacerolas, mientras otros lo hicieron con bocinazos desde sus autos.

Las protestas tuvieron lugar en zonas Constitución, San Cristóbal, Villa Crespo, Flores, Almagro, Caballito, Palermo, Belgrano, Boedo, Nuñez, Chacarita, San Telmo, Balvanera, Recoleta y Parque de los Patricios.

También se registraron cacerolazos en los partidos bonaerenses de San Isidro, Esteban Echeverría, Quilmes, Avellaneda, Lanús y Berazategui, entre otros.

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Cacerolazo en saavedra

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Cacerolazo en Saavedra

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#cacerolazo en Saavedra … lindo homenaje al 19 y 20 del 2001 pic.twitter.com/WhM7AiQztC

— Lu Mancu💚 (@lu_mancu) December 21, 2023

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