Ampliaron la denuncia contra funcionarios por la compra de vagones con asbesto para la Línea B

El ingeniero en Seguridad Ambiental e inspector de la subsecretaría de Trabajo de la Ciudad, Edgardo Castro, denunció a mediados de septiembre al presidente de la Nación, Mauricio Macri, y al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, por la compra en 2011 de los vagones para la Línea B que, tras estudios oficiales, se confirma que tienen elementos con asbesto, una sustancia cancerígena. Este lunes amplió la denuncia en sede judicial por “encubrimiento”.

“Macri y Larreta, con la venia de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) y Metrovías, compraron vagones de subte a España, en donde eran chatarra vieja que se suponía que ni siquiera se podía vender porque estaban contaminados con amianto”, recopiló Castro tras ratificar y ampliar la denuncia en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº2.

Castro detalló que los vagones “no deberían haber podido salir del territorio español por la prohibición del Convenio de Basilea. Sin embargo el Gobierno de Cambiemos compró esos vagones por U$S 550.000 cada uno”, a pesar de que en Argentina también está prohibido su uso desde el año 2000 por la resolución 845/00 del Ministerio de Salud de la Nación, consigna Notas.

La denuncia involucra no sólo a Macri y Larreta, sino también al presidente de SBASE, Eduardo Montmollin; al presidente de Metrovías -la operaria del subte-, Esteban Verra; y al director de la Dirección General de Protección al Trabajo -organismo donde trabaja Castro-, José Cohen.

En septiembre y ante la denuncia, en Subterráneos de Buenos Aires contestaron a Perfil: “En 2008, el Poder Ejecutivo Nacional y el operador hicieron las pruebas técnicas de circulación de una unidad, que arrojaron resultados positivos. Finalmente, el Ejecutivo nunca afrontó la compra, la cual quedó en manos de Sbase, a través del presupuesto del Gobierno de la Ciudad. Asimismo, se obtuvo dictamen favorable de la Procuración General de la Ciudad que avaló a compra de los vagones”.

“Al ser la línea B la más utilizada de la red, requería cuanto antes nuevas formaciones para mejorar la frecuencia y el confort de los usuarios. Comprar trenes nuevos implicaba una demora mayor, ya que tenían que mandarse a fabricar. El contexto internacional y la imposibilidad de acceder a financiamiento por parte del Gobierno de la Ciudad —debido a la relación con el Gobierno nacional— hacían prácticamente imposible comprar trenes nuevos”.

Sobre si hubo análisis y controles a los vagones CAF 5000, dijeron: “Se hicieron pruebas durante la recepción de los coches en cuestión por parte de técnicos de SBASE, junto con representantes técnicos de Metro de Madrid S.A. Además, se dispusieron los protocolos de intervención, es decir, los manuales de mantenimiento y la ejecución de las revisiones generales”.

Si existieron consultas oficiales a organismos españoles sobre el estado de los vagones y sus materiales antes de comprar los vagones, la respuesta fue: “El estado técnico de los trenes era el adecuado. Sin embargo se ocultó a la Ciudad la presencia de asbesto en algunos de los componentes. Es por eso que en este momento estamos en un litigio judicial en España contra el Metro de Madrid”.

Sobre los recaudos empleados para evitar violar la ley vigente sobre asbesto dijeron: “Subterráneos de Buenos Aires adquirió los trenes de buena fe y no se informó que los trenes contenían piezas con asbesto. Por eso no se podía saber de antemano y es ese el motivo por el que se inició una demanda legal contra el Metro de Madrid”.