Funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires expusieron este miércoles al atardecer ante vecinos reunidos en la Sede Comunal 12 (Holmberg y Monroe) sobre la instalación de celdas modulares dentro de la Comisaría Comunal 12 de Ramallo al 4300, en Saavedra.

En líneas generales, los vecinos reprocharon que no fueron consultados previo al inicio de las obras ni que hubo participación ciudadana. Señalaron sentirse inseguros y amenazados al tener cerca de sus residencias tanta cantidad de detenidos. También se quejaron por la falta de un cartel de obra oficial.

Los representantes de Seguridad señalaron que es una medida transitoria de emergencia ante la crisis por la superpoblación de detenidos y que el proyecto de celdas modulares tienen “mejores condiciones de seguridad que garantizan que no habrá fugas”.

El encuentro había sido pedido por vecinos y también por integrantes de la Junta Comunal 12, quienes contactaron a funcionarios del área.

Ante los vecinos expusieron este miércoles José Ferrentino, jefe de Gabiente del Ministerio de Seguridad; Ezequiel Daglio, subsecretario de Relaciones con la Comunidad- Ministerio de seguridad; Ruth Landerreche, coordinadora del Ministerio de Seguridad. A ellos los acompañó la presidenta de la Junta Comunal 12 Florencia Mattei.

Entre los vecinos que participaron de la reunión en la sala de matrimonios de la Sede Comunal 12 estaban los integrantes de la Comuna 12 Pablo Ortiz Maldondo, Vanesa Coria, Mónica Machín y Germán Grosso.

En primer lugar, los funcionarios de Seguridad explicaron que no se trata de una cárcel propiamente dicha, sino que son celdas modulares que se instalaron dentro de la Comisaría Comunal 12. Estimaron que alojarán a unas 70 personas. En la actualidad, dentro de la Comisaría Comunal 12 hay alojadas unas 40 personas, cuando la capacidad límite es de 12.

Los funcionarios expusieron que una vez trasladados los detenidos al predio de Ramallo al 4300 se reforzará el patrullaje en esta zona de Saavedra.

Desde el área de Seguridad se aclaró que estas celdas modulares “son transitorias”, es decir, que solo se colocaron ante la crisis de superpoblación de detenidos en alcaidías y comisarías porteñas.

Según Ferrentino, las celdas modulares en Saavedra, Chacarita y Barracas se quitarán una vez que esté construida la alcaidía central proyectada en 27 de Febrero y Cámpora, en Villa Soldati.

Sobre una potencial fecha de inauguración en Saavedra, los funcionarios no descartaron que ocurra a lo largo de agosto, pero prefirieron no confirmarlo.

El jefe de Gabinete de Seguridad explicó que antes de la pandemia había unos 60 o 70 alojados en todas las comisarías y alcaidías de la CABA. Con la pandemia el Servicio Penitenciario Federal (SPF) empezó a demorar en recibir a los detenidos porteños. Por eso en el presente hay unos 2100 alojados en dependencias de la Policía de la Ciudad, cuando la capacidad es para menos de la mitad. Hay detenidos que incluso están con condena firme.

En tanto, la actual gestión de Seguridad implementa una política de detener más personas, por lo cual el número está en alza. “No vamos a negociar que los delincuentes estén en la calle”, dijo el jefe de Gabinete de Seguridad ante los vecinos de Saavedra.

Ante este contexto, el Gobierno porteño en mayo de este año declaró por 12 meses la “emergencia edilicia, de infraestructura y condiciones de alojamiento en comisarías e instituciones penales de alojamiento temporario y transitorio destinado a personas privadas de su libertad en el territorio de la CABA”.

En ese mismo contexto anunció la instalación de los módulos en Saavedra, Chacarita y Barracas. En ese momento se divulgó esta información oficial: “En la Ciudad se instalarán 57 módulos de detención, en tres predios, con capacidad para alojar a 300 detenidos. Cada uno de los grupos de 19 módulos rectangulares estarán ubicados en playones o estacionamientos dentro de comisarías: en la Comunal 12, Ramallo 4398 (Saavedra); en la Comunal 15, Guzmán 396 (Chacarita); y en la Vecinal 4D, California 1850 (Barracas)”.

“En la parte central se encuentran dispuestas mesas y bancos de metal donde los detenidos comerán. En ambos lados están dispuestos los módulos-celdas, que cuenta cada uno con seis camas cucheta y baños. Tendrán luces antivandálicas, vidrios laminados, bulonería y tornillos ocultos; instalaciones embutidas; aire acondicionado y podrán adaptarse a sistemas complejos de circuito cerrado de televisión. Además, habrá rejas perimetrales de alta seguridad. Estas estructuras modulares de metal acondicionadas estarán operativas durante los próximos días. Se colocaron sobre un contrapiso o platea de cemento en la parte interior de las comisarías”, agregaba un comunicado del GCBA fechado el 6 de mayo de este año.

El jefe de Gabinete señaló que la resolución de la crisis de detenidos se puede solucionar con tres acciones: la finalización del complejo penitenciario de Marcos Paz -que se le conceda allí un cupo grande a detenidos de CABA-, la finalización de la alcaidía de Villa Soldati y que el Servicio Penitenciario Federal amplíe el cupo para recibir detenidos de CABA.

A la hora de la voces vecinales, se repitió la queja sobre la falta de participación ciudadana. Señalaron que esta reunión fue a modo de descomprimir el malestar de muchos ciudadanos, pero que no se torcerá el rumbo que tomó el GCBA y que en breve las celdas estarán operativas.

Un grupo de vecinos aseguró que presentó un pedido de acceso a la información pública semanas atrás, pero que todavía no fue contestado.

Los ciudadanos mencionaron que la Comisaría Comunal 12 está emplazada dentro del Parque Lineal Roberto Goyeneche, por lo cual para muchos estas celdas modulares estarán ubicadas dentro de un espacio verde. Los funcionarios señalaron que se ajustaron a la normativa vigente, es decir el Código Urbanístico de 2018.

Muchos de los vecinos presentes citaron el caso de la oposición en Saavedra a la construcción de la laguna artificial -que iba a funcionar como reservorio de agua ante lluvias extremas- en pleno Parque Saavedra. Señalaron que el de las celdas es otro caso en el que el GCBA primero construye y luego interactúa con la ciudadanía.

En cuanto a quejas, muchos vecinos reprocharon que durante la instalación de los módulos no se colocó un cartel de obra oficial. El jefe de Gabinete dijo que la empresa encargada se llama Ecosan y que ya participó en la instalación de módulos similares en la Comuna 8. También se le pidió datos sobre el plazo de obra y el monto total de los trabajos.

Algunos vecinos señalaron que los operarios trabajan sin todas las medidas de seguridad y que ejecutaban labores todos los días.

Ante los dichos sobre lo provisorio de estas celdas modulares en Saavedra, muchos vecinos mostraron escepticismo y temieron que sea algo que se prolongue. “La emergencia habilita el mamarracho y la cosa provisoria permanente”, se quejó una ciudadana.

En un momento de la charla el comunero Ortiz Maldonado planteó que la Junta Comunal 12 puede votar sobre la instalación de los módulos -ya que la seguridad es competencia concurrente de las Comunas por Ley-, algo similar a lo que pasó con el proyecto de laguna artificial que fue rechazado por la Junta. Señaló que a eso se podía sumar el rechazo por parte de la comunidad del barrio. Sostuvo que si, ante ambas muestras negativas, el GCBA podía repensar la ubicación de los módulos en Ramallo.

No obstante, los funcionarios señalaron que la obra continuará y los módulos entrarán en actividad y resaltaron la situación de emergencia actual.

Finalizado el encuentro, integrantes de la Asamblea Interbarrial Parque Saavedra entregaron una nota a funcionarios de Seguridad.

“Jorge Macri ya empezó la construcción de cárceles container en Saavedra, Chacarita y Barracas. Desde la Asamblea Interbarrial Parque Saavedra nos encontramos muy preocupadxs por la ejecución del proyecto de “módulos de detención” que se están construyendo en nuestros barrios. Estas cárceles se están haciendo con containers, que, lejos de combatir los índices de criminalidad y aliviar la sobrepoblación carcelaria, perpetúan la estigmatización y la vulnerabilidad de los sectores más precarios de nuestra sociedad”, introduce el texto.

“Estos calabozos constituyen un riesgo para la vida de lxs detenidxs y una violacion a derechos humanos básicos. Como dice la Comisión Interamericana de DDHH no se respetaría su derecho a un albergue digno (las personas privadas de libertad deberán disponer de espacio suficiente, exposición diaria a la luz natural, ventilación y calefacción apropiadas, según las condiciones climáticas del lugar de privación de libertad. Se les proporcionará una cama individual, ropa de cama apropiada, y las demás condiciones indispensables para el descanso nocturno. Las instalaciones deberán tomar en cuenta las necesidades especiales de las personas), las condiciones de higiene (las personas privadas de libertad tendrán acceso a instalaciones sanitarias higiénicas y suficientes, que aseguren su privacidad y dignidad. Asimismo, tendrán acceso a productos básicos de higiene personal, y a agua para su aseo personal, conforme a las condiciones climáticas) y las medidas contra el hacinamiento (la autoridad competente definirá la cantidad de plazas disponibles de cada lugar de privación de libertad conforme a los estándares vigentes en materia habitacional), entre otras”, agrega.

“La decisión de la construcción de estas latas fue inconsulta y a espaldas de lxs vecinxs. No sólo no queremos estas cárceles container sino que queremos que sus fondos se usen en programas que realmente prevengan el conflicto, como mejoras educativas, de salud, de vivienda e inversión en programas de seguridad social en un contexto donde las cárceles en las ciudades están en retroceso”, concluyen.