Diputados de Unión por la Patria piden informes tras el desalojo de la feria del Parque Saavedra

Diputados de Unión por la Patria presentaron en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el proyecto de resolución 2731-D-2025, que propone que el cuerpo solicite al Poder Ejecutivo porteño información detallada sobre la administración de los permisos de venta en el espacio público, los controles a la actividad y el destino de la mercadería incautada durante los operativos.

La iniciativa fue impulsada por la legisladora Victoria Freire, acompañada por Juan Pablo Modarelli y Delfina Velázquez, y se presentó tras el operativo de desalojo realizado el sábado 27 de septiembre en el Parque Saavedra, donde el Gobierno porteño retiró los puestos instalados sobre la avenida García del Río, entre Superí y Freire .

El texto propone que el Ejecutivo, en un plazo máximo de 30 días, brinde información sobre los permisos de venta ambulante vigentes, en trámite o vacantes, los organismos con poder de control, y los procedimientos aplicados a la mercadería secuestrada durante los operativos.

Entre los 17 puntos incluidos en el pedido, se solicita especificar qué repartición ejerce la autoridad de aplicación de la Ordenanza 34.421, que regula la venta ambulante; cuántos permisos existen actualmente; qué artículos están autorizados para la comercialización; y qué cantidad de cupos permanecen vacantes.

También se requiere identificar qué dependencias y fuerzas ejercen el poder de policía sobre la venta en el espacio público y bajo qué norma se delegó esa facultad. Además, se pide detallar cuántas infracciones a las leyes 451 y 1472 intervinieron la Unidad Administrativa de Control de Faltas y la Junta de Faltas, distinguiendo los casos iniciados por inspectores o por la Policía de la Ciudad .

El proyecto también plantea conocer cuántas de esas actuaciones implicaron secuestro de mercadería, qué sanciones se aplicaron (multas, decomisos o ambas) y qué procedimiento se realiza con los bienes incautados, desde el momento del secuestro hasta su destino final. Se pide informar dónde se almacenan los productos, cómo se conservan y qué criterios determinan si son aprovechables o destruidos.

Asimismo, los autores solicitan información sobre los casos en los que interviene la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas, y un relevamiento de los operativos realizados por la Policía de la Ciudad en 2024 y 2025, especificando las causas que los motivaron y el destino final de la mercadería decomisada