Cuatro detenidos en cinco allanamientos por venta de drogas en Núñez y Saavedra

La investigación incluyó seguimientos y registros fílmicos y fotográficos que permitieron determinar la existencia de una conexión entre el domicilio denunciado y otros cuatro, además de la identificación de los sospechosos.

Cuatro personas fueron detenidas al cabo de cinco allanamientos acusadas de comercializar estupefacientes en los barrios porteños de Núñez y Saavedra, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.

La investigación, que comenzó luego de que un vecino denunciara que en la calle Manuela Pedraza al 2500 se comercializaban drogas, prosiguió con cinco allanamientos, cuatro de ellos en simultáneo en los barrios de Núñez y Saavedra, y un quinto en Flores..

La investigación, realizada por efectivos del Cuerpo de Investigaciones Judiciales y la Brigada de Operaciones Metropolitanas Sur de la Policía Federal Argentina, incluyó seguimientos y registros fílmicos y fotográficos que permitieron determinar la existencia de una conexión entre el domicilio denunciado y otros cuatro, además de la identificación de cinco sospechosos.

Según las fuentes, en los allanamientos ordenados por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas 29 a cargo de la jueza María Araceli Martínez, se incautaron envoltorios de nylon que contenían clorhidrato de cocaína, marihuana, elementos de corte, balanzas de precisión, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Los informantes indicaron que 24 horas después de los allanamientos se tomó declaración a los imputados y se arribó a un acuerdo de avenimiento con uno de ellos, que fue condenado a la pena de tres años de prisión en suspenso.

Luego se labraron acuerdos similares con otros dos sospechosos, que aceptaron una pena de dos años de prisión en suspenso.

Las fuentes dijeron que en el quinto procedimiento, realizado en un domicilio de avenida Gaona al 2900, de Flores, se secuestraron además de drogas 360.300 pesos.

En ese momento no fue localizado el propietario del inmueble, quien se presentó luego en la Fiscalía y, en un acuerdo, aceptó una pena de tres años de prisión en suspenso, la que aún debe ser homologada por la Justicia.

En la causa interviene la Unidad Fiscal Norte, del Área de Casos Especiales, a cargo de Cecilia Amil Martín.