Un camión este lunes poco antes del mediodía rompió la barrera ferroviaria ubicada sobre el cruce de Crosólogo Larralde y las vías del tren Mitre, en el límite del barrio de Saavedra y Villa Urquiza.

Luego del siniestro, los vecinos llamaron al 911 para reportar la situación. Después de eso, hubo problemas para circular, porque los trenes pasaban por el cruce, pero la barrera no estaba en funcionamiento. Si bien las sirenas sonaban para advertir la llegada de la formación, los autos se acercaban a la zona de vías para ver si podían pasar o no.

En ese contexto, un auto cruzó y casi fue embestido por una formación ferroviaria. Fueron los propios vecinos los que advirtieron al conductor por la presencia del tren.

Según testimonios vecinales recogidos por Saavedra Online, el lunes antes del mediodía había un tren detenido a menos de 100 metros de Larralde y las vías, a la altura de Plaza y Núñez. El mismo se dirigía hacia la estación Luis María Saavedra, ubicada a pocas cuadras.

Por este motivo, la barrera había sido levantada de forma manual, pero no en su totalidad, por lo cual seguía inclinada a unos 45°.

Como el tren seguía detenido, el camión de todos modos aceleró su marcha y chocó la barrera. Por la fuerza del impacto, la madera de la misma se quebró y quedó tirada a un costado.

Tras el incidente, la barrera permaneció inclinada a 45° mientras el resto de los autos circulaban por Larrade. No obstante, hubo problemas para transitar ante el daño a la señalización.

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Juan Roza Alconada, hermano de Rodrigo, el hombre con padecimientos mentales que asesinó el 28 de septiembre de 2020 en Palermo al policía y vecino de Saavedra Juan Pablo Roldán, exigió cambios a la actual Ley de Salud Mental.

Alconada hoy es director ejecutivo de la asociación civil Icona, la cual realizó este jueves a media tarde una manifestación en la Plaza de Mayo bajo el lema “Abrazamos la salud mental, abrazamos la vida”.

El referente de la entidad civil asegura que en la legislación vigente “el término ‘riesgo cierto e inminente’ es demasiado ambiguo y genera interpretaciones muy variadas”. En consecuencia, considera que muchos psiquiatras evitan internar a pacientes en crisis por miedo a consecuencias legales. Una situación de este tipo definió el destino de su hermano y el de Roldán.

“Mi hermano sufría de esquizofrenia paranoide, con delirios místicos e ideas persecutorias. Era evidente que representaba un peligro para sí mismo y para otros”, enfatiza Juan Roza Alconada.

Además, recordó que su hermano empezó a padecer una severa crisis de salud mental en 2008, cuando perdió su trabajo luego de residir varios años en Canadá. Tuvo su primera internación en un pabellón psiquiátrico luego de sufrir síntomas de esquizofrenia paranoide.

Rodrigo decidió volver a Buenos Aires, donde había pasado su infancia con su familia. No obstante, su hermano Juan recuerda que la situación empeoró, en particular en tiempos del aislamiento social por la pandemia de Covid-19. “Las sesiones de terapia se volvieron virtuales y él se negaba a participar. Fue entonces cuando dejó la medicación”, recordó Juan ante La Nación.

En la asociación civil que él lidera se busca introducir cambios a la vigente Ley de Salud Mental: “Estamos trabajando para proponer una definición más clara, que permita a los jueces y psiquiatras actuar con mayor certeza en situaciones críticas. Queremos acotar esa subjetividad y que los jueces entiendan básicamente qué significa riesgo cierto e inminente”.

El 28 de septiembre de 2020 Rodrigo Roza deambulaba por la zona de Figueroa Alcorta al 3300, esquina San Martín de Tours, a pocos metros del Malba y de la clínica Mater Dei, en Palermo.

Frente a un bar, discutió con los comensales. Ante esta situación, dos efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) intervinieron para contener la situación. Uno de ellos era Juan Roldán, quien se desempeñaba en la fuerza montada. En ese momento tenía 33 años, vivía en el barrio de Saavedra y era papá de un niño de entonces cuatro años.

Roza tomó un puñal de adentro de un bolso que llevaba consigo e hirió a Roldán a la altura del corazón. El efectivo fue derivado al Mater Dei, pero falleció mientras recibía asistencia médica.

Antes de recibir la puñalada, Roldán había repelido la agresión con un disparo, que terminó con la vida de Roza.

Roldán fue inhumado con honores en el Cementerio de la Chacarita. También fue ascendido post mortem del grado de inspector al de principal por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Por otra parte, el psiquiatra de Roza, Jorge Monforte de entonces 71 años, fue juzgado y absuelto por los presuntos delitos de abandono de persona seguido de muerte, con respecto a Roza, y homicidio culposo, por lo sucedido con Roldán.

En septiembre de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 28 de la Capital Federal, integrado por los jueces Carlos Chediek, Carlos Rengel Mirat y Federico Salvaj, consideró que el profesional de la salud mental era inocente.

La fiscal que instruyó la causa y la elevó a juicio, María Paula Asaro, afirmó que Monforte entre el 18 y 28 de septiembre de 2020, previo a los sucesos que pusieron fin a la vida de Roldán, actuó “de forma negligente y en inobservancia” de sus obligaciones como profesional de la salud mental. Recordó que atendía a Roza desde 2014 y que le había diagnosticado un “trastorno esquizofrénico de tipo paranoide continuo”. La fiscal dijo que evitó “los controles urgentes, necesarios y adecuados que el paciente requería”.

Al escuchar el veredicto, Carolina, esposa de Roldán, criticó el fallo: “Toda la familia está destrozada. Es culpable él, no es inocente. Es la Justicia que tenemos, no hay justicia para la verdad”.

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El Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires hizo un llamado a licitación para la construcción de la Alcaidía Central de la CABA, en Villa Soldati. Una vez terminada, allí trasladarían a los detenidos alojados en las celdas modulares de Saavedra, Barracas y Chacarita.

Así lo habían dicho funcionarios de Seguridad a vecinos de Saavedra en julio durante una reunión en la Sede Comunal 12.

Ante la fuga de detenidos y la superpoblación en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad, en mayo el GCBA declaró “la emergencia edilicia, de infraestructura y condiciones de alojamiento en comisarías e instituciones penales de alojamiento temporario y transitorio destinado a personas privadas de su libertad en el territorio de la CABA”.

En ese contexto, se anunció la instalación de celdas modulares en la playa de estacionamiento de la Comisaría Comunal 12 de Ramallo al 4300, en el Parque Lineal Roberto Goyeneche.

Desde el anuncio, esto generó el rechazo de vecinos y fuerzas vivas locales, como el Consejo Consultivo Comunal 12.

En el marco de los reclamos, se celebró la reunión con funcionarios de Seguridad, quienes dijeron que las celdas modulares eran transitorias y se desmantelarían ante la finalización de la Alcaidía Central en Villa Soldati.

El pliego de la licitación pública se informa que la Alcaidía Central de la CABA se ubicará en Av. 27 de Febrero y la Autopista Cámpora.

La apertura de ofertas se celebrará el 8 de noviembre y el presupuesto oficial es de $ 43.760.698.860. El plazo de obra se estipula en 730 “días corridos a partir de la firma del acta de inicio de obra”.

“La Alcaidia Central 27 de Febrero será un conjunto edilicio que se conforma principalmente de dos tipologías edilicias principales a fin de contar con la capacidad funcional acorde a poder centralizar tareas de seguridad, administrativas, de jefaturas, así como también el desarrollo programático para albergar temporalmente aprehendidos. A su vez, estas tipologias serán acompañadas de edificios de menor escala abocados a dar apoyos de seguridad y de infraestructura. En total este desarrollo ocupará una superficie cubierta de 9950 m2 y una descubierta de 30.000 m2 aproximadamente”, indican fuentes oficiales.

“El conjunto se dispondrá en el terreno de manera que se formen distintos niveles de seguridad, desde un anillo exterior en contacto con la comunidad, hasta alcanzar el nivel máximo donde se alojarán temporalmente aprehendidos, teniendo su acceso vehicular y peatonal al predio desde la avenida 27 de Febrero”.

“Posterior a eso se dispondrá un Edificio de Seguridad donde convergerán las funciones administrativas, que además, servirán para organizar tanto los ingresos de personas (Personal Policial, de servicios y proveedores al complejo en general.

El predio contará con un Edificio de Seguridad: será el que tendrá las funciones de registro para todas aquellas personas (tanto visitantes detenidos, como personal policial) que deban ingresar a los sectores del complejo de mayor seguridad. Los sectores del edificio destinados al ingreso de personal policial contarán con armería, vestuarios y sectores de comedor.

Edificios de pabellones para el alojamiento y detención: Ubicados en el sector del conjunto de mayor seguridad serán un total de cinco edificios, realizados con construcción premoldeada. Los pabellones se desarrollarán en dos niveles que estarán adecuados a las necesidades de seguridad.

Edificio D.U.T.I.A. Ubica frente al edificio de seguridad, en el sector opuesto del predio al que se ubican las áreas de mayor seguridad se ubicará un edificio de 500 m2 que albergará al personal policial de la División Unidad Táctica de Intervenciones Alcaidías.

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