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Piden datos en la Legislatura por el bar del Museo Saavedra: “Favorece el consumo frente a la cuestión ambiental”

Los legisladores Claudia Neira y Claudio Ferreño solicitan datos precisos al Poder Ejecutivo de CABA y aseguran que la autorización de un local gastronómico en este sector del Parque General Paz “representaría un antecedente para todos los espacios verdes públicos de la Ciudad”.

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El bloque Frente de Todos presentó este lunes en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un pedido de informes, tal como adelantó Saavedra Online, para que el Poder Ejecutivo porteño brinde información oficial sobre la licitación pública para concesionar un bar o restaurante dentro del antiguo inmueble donde funciona la biblioteca del Museo Histórico Cornelio de Saavedra en el Parque General Paz, por un periodo mínimo de cinco años y un canon base de $42.000 mensuales.

“La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos correspondientes, y en un plazo no mayor a 30 (treinta) días de recibida la presente informe sobre los diversos aspectos técnicos, jurídicos-legales y administrativos referidos a la licitación pública para la concesión de uso y explotación de carácter oneroso de un espacio ubicado dentro de la Biblioteca Brigadier Gral. Cornelio Saavedra, bien inmueble del dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, localizado dentro del Parque General Paz, sobre la calle Crisólogo Larralde 6293”, introduce el proyecto firmado por Claudia Neira y Claudio Ferreño, presidente del bloque FdT y vecino de la Comuna 12.

“Informe si en el procedimiento administrativo se encuentra debidamente fundamentada la exclusiva utilidad pública que debe motivar la localización de usos en la zonificación Urbanización Parque – UP, del Código Urbanístico. Fundamente la respuesta y remita información respaldatoria. Informe y detalle cuál es el marco normativo que justifica la implantación de usos comerciales-gastronómicos en el Parque General Paz. Fundamente la compatibilidad e impacto del uso comercial – gastronómico propuesto en la actividad actual del edificio Biblioteca Brigadier Gral. Cornelio Saavedra”, introduce la solicitud.

“Informe y detalle sobre la situación catastral actual del bien inmueble y de lo que es denominado en el pliego licitatorio “jardín externo”. Remita información respaldatoria. Especifique si la superficie prevista como expansión comercial se halla implantada sobre la superficie del parque público y si la misma forma parte de la concesión de uso y explotación de carácter oneroso. Fundamente la respuesta. Informe si se ha dado intervención, en el marco de sus competencias, a la Dirección General del Libro Bibliotecas y Promoción de la Lectura, dependiente del Ministerio de Cultura. En caso afirmativo, remita las recomendaciones y fundamentos técnicos de la asignación de superficies al uso comercial gastronómico. Remita información respaldatoria”, solicitan.

“Informe si se ha dado intervención, en el marco de sus competencias, al Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. En caso afirmativo remita las recomendaciones técnicas respecto a la inserción paisajística de la intervención en el Parque General Paz. Remita información respaldatoria. Informe si se ha dado intervención, en el marco de sus competencias, a la Secretaría de Transporte y Obras Públicas. En caso afirmativo remita las recomendaciones técnicas respecto a la necesidad de cocheras, estacionamientos, ciclovías y carga-descarga. Remita información respaldatoria. Informe si se ha dado intervención, en el marco de sus competencias, a la Dirección General de Planeamiento Urbano. En caso afirmativo remita el análisis urbanístico de la intervención en el marco de las dinámicas urbanas del entorno. Remita información respaldatoria”, precisan.

“Informe las razones por las cuales el IF-2021-18322694-GCABA-CAPUAM, del Consejo Asesor del Plan Urbano Ambiental hace referencia a la localización de usos en el inmueble sito en la Av. Crisólogo Larralde N°6309, si el bien inmueble afectado a intervención se localiza en Av. Crisólogo Larralde 6293. Clarifique y rectifique la información si fuera necesario. Remita la documentación técnica que ha permitido evaluar y prestar conformidad a la Gerencia Operativa de APH perteneciente a la Dirección General de Interpretación Urbanística, respecto a la prefactibilidad de obras de modificación en un edificio de Protección Integral. Informe por qué las intervenciones administrativas de las diferentes reparticiones competentes se ha realizado mediante notas e informes y no a través de disposiciones vinculantes y/o dictámenes”, consultan.

“Informe si el procedimiento administrativo implementado ha contado con el seguimiento, evaluación y conformidad de la Secretaría Legal y Técnica. En caso afirmativo remita intervención oficial y/o informe técnico de sus áreas competentes. Informe si los procedimientos y sus actos administrativos se ajustan a Manuales de Procedimiento Interno de cada una de las áreas intervinientes. En caso afirmativo remita Manuales de Procedimiento de las áreas intervinientes. Informe cuál ha sido las trazabilidad e intervenciones que forman parte del expediente administrativo, especificando días, horarios, responsables. Remita información respaldatoria”.

“Informe si la presente intervención ha sido puesta a consideración de la Junta Comunal y el Consejo Consultivo de la Comuna 12. Informe cuales han sido las razones por las cuales se ha desistido de llevar adelante esta misma intervención en los años 2013 y 2014. Fundamente la respuesta. Informe si, en base al gráfico de Implantación del Anexo 1 – IF-2021-33731859-GCABA-DGCOYP, se tiene planificado eliminar el cierre perimetral de los edificios Museo y Teatro, para integrarlos, junto a la Biblioteca, al Parque General Paz”, concluye la extensa solicitud.

Luego, el pedido de informes incluye una fundamentación, donde Neira y Ferreño exponen: “Motiva el presente pedido de informes la necesidad de contar con información aclaratoria respecto a los aspectos técnicos, jurídicos-legales y administrativos referidos a la licitación pública para la concesión de un uso comercial-gastronómico en la Biblioteca Brigadier Gral. Cornelio Saavedra, emplazada dentro del Parque General Paz, adyacente al Museo Saavedra y sita en Crisólogo Larralde 6293”.

“Esta intervención, ha tomado notoriedad pública y despertado una enorme preocupación entre los vecinos y vecinas de la zona al no contar con información ni haber sido convocados/as para poder expresar su opinión respecto de esta medida. El eje principal de los cuestionamientos que origina esta intervención es la ausencia de fundamentos que justifiquen la exclusiva utilidad pública que debe motivar la autorización de toda intervención sobre la zonificación UP, de acuerdo al Código Urbanístico –Ley 6099-2018: 7.2.4. Urbanización Parque (UP). Las Urbanizaciones Parque son áreas destinadas a espacios verdes y parquización de uso público. Se delimitan según Planchetas de Edificabilidad y Usos. En estas Áreas el Gobierno de la Ciudad podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública que complementen y no alteren el carácter de las Urbanizaciones Parque”.

“No obstante ello, su autorización representaría un antecedente para todos los espacios verdes públicos de la Ciudad, frente a una decisión que favorece el consumos frente a la cuestión ambiental. Los antecedentes de esta iniciativa, indican dos intentos fallidos durante los años 2013 y 2014, sin embargo, 8 años después, la misma solución sigue vigente y se mantiene alejada de toda instancia participativa con los vecinos y vecinas del barrio”, añaden.

“Al mismo tiempo, los múltiples esfuerzos oficiales para enmarcar esta intervención en el marco de la legalidad, no encuentran el sustento necesario en los procedimientos administrativos dados a conocer. Al respecto, es posible observar: Actos administrativos en forma de nota e informes no vinculantes. Una Dirección General de Interpretación urbanística que descarga la responsabilidad para habilitar los usos comerciales, en el Consejo Asesor del Plan Urbano Ambiental. Un Consejo Asesor del Plan Urbano Ambiental que, sin hacer usos de sus atributos conferidos por reglamento interno, no fundamenta las observaciones y confusamente refiere a la localización de usos en el inmueble sito en la Av. Crisólogo Larralde N°6309, cuando el bien inmueble afectado se localiza en Av. Crisólogo Larralde 6293. La ausencia de datos catastrales y aspectos contradictorios en relación a la superficie a concesionar (concesión interna al bien inmueble vs jardín externo). Ausencia de intervenciones de otras áreas competentes en la materia, que posibiliten fundamentar una mirada integral de la intervención, etc”, suman.

“La importancia urbana ambiental de los espacios verdes es reflejada en el Art. 27 de la Constitución de la Ciudad, que ordena que se instrumente un proceso de ordenamiento territorial y ambiental participativo y permanente que promueva la protección e incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito, en particular la recuperación de las áreas costeras, y garantiza su uso común. Por su lado, la Ley N° 2030 – Plan Urbano Ambiental (PUA) destaca en su Artículo 9°, en lo referido a espacios públicos, como objetivo el incremento, recuperación y mejoramiento del espacio público y de la circulación, de los parques, plazas y paseos y de las áreas de calidad patrimonial, a fin de dar lugar a funciones vitales como las de encuentro relax, confort y socialización, asegurando a todos los habitantes el derecho a su uso, y de otorgar identidad a las distintas zonas de la ciudad. Por último, el Código Urbanístico caracteriza dicha zonificación como Zonas destinadas a espacios verdes de uso público y acceso libre”, concluye el pedido de informes ingresado este lunes.

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El Barrio

Un camión chocó y rompió una barrera en Larralde y las vías: hubo problemas para circular y el tren casi pisa a un auto

El siniestro ocurrió este lunes poco antes del mediodía. Los restos de la barrera quedaron tirados a un costado y los autos continuaron con su marcha.

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Un camión este lunes poco antes del mediodía rompió la barrera ferroviaria ubicada sobre el cruce de Crosólogo Larralde y las vías del tren Mitre, en el límite del barrio de Saavedra y Villa Urquiza.

Luego del siniestro, los vecinos llamaron al 911 para reportar la situación. Después de eso, hubo problemas para circular, porque los trenes pasaban por el cruce, pero la barrera no estaba en funcionamiento. Si bien las sirenas sonaban para advertir la llegada de la formación, los autos se acercaban a la zona de vías para ver si podían pasar o no.

En ese contexto, un auto cruzó y casi fue embestido por una formación ferroviaria. Fueron los propios vecinos los que advirtieron al conductor por la presencia del tren.

Según testimonios vecinales recogidos por Saavedra Online, el lunes antes del mediodía había un tren detenido a menos de 100 metros de Larralde y las vías, a la altura de Plaza y Núñez. El mismo se dirigía hacia la estación Luis María Saavedra, ubicada a pocas cuadras.

Por este motivo, la barrera había sido levantada de forma manual, pero no en su totalidad, por lo cual seguía inclinada a unos 45°.

Como el tren seguía detenido, el camión de todos modos aceleró su marcha y chocó la barrera. Por la fuerza del impacto, la madera de la misma se quebró y quedó tirada a un costado.

Tras el incidente, la barrera permaneció inclinada a 45° mientras el resto de los autos circulaban por Larrade. No obstante, hubo problemas para transitar ante el daño a la señalización.

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El Barrio

El hermano del hombre que mató al policía y vecino de Saavedra Juan Pablo Roldán pidió cambios a la Ley de Salud Mental para “evitar más tragedias”

Juan Roza Alconada, al frente de la asociación civil Icona, brega por una legislación con “una definición más clara”.

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Juan Roza Alconada, hermano de Rodrigo, el hombre con padecimientos mentales que asesinó el 28 de septiembre de 2020 en Palermo al policía y vecino de Saavedra Juan Pablo Roldán, exigió cambios a la actual Ley de Salud Mental.

Alconada hoy es director ejecutivo de la asociación civil Icona, la cual realizó este jueves a media tarde una manifestación en la Plaza de Mayo bajo el lema “Abrazamos la salud mental, abrazamos la vida”.

El referente de la entidad civil asegura que en la legislación vigente “el término ‘riesgo cierto e inminente’ es demasiado ambiguo y genera interpretaciones muy variadas”. En consecuencia, considera que muchos psiquiatras evitan internar a pacientes en crisis por miedo a consecuencias legales. Una situación de este tipo definió el destino de su hermano y el de Roldán.

“Mi hermano sufría de esquizofrenia paranoide, con delirios místicos e ideas persecutorias. Era evidente que representaba un peligro para sí mismo y para otros”, enfatiza Juan Roza Alconada.

Además, recordó que su hermano empezó a padecer una severa crisis de salud mental en 2008, cuando perdió su trabajo luego de residir varios años en Canadá. Tuvo su primera internación en un pabellón psiquiátrico luego de sufrir síntomas de esquizofrenia paranoide.

Rodrigo decidió volver a Buenos Aires, donde había pasado su infancia con su familia. No obstante, su hermano Juan recuerda que la situación empeoró, en particular en tiempos del aislamiento social por la pandemia de Covid-19. “Las sesiones de terapia se volvieron virtuales y él se negaba a participar. Fue entonces cuando dejó la medicación”, recordó Juan ante La Nación.

En la asociación civil que él lidera se busca introducir cambios a la vigente Ley de Salud Mental: “Estamos trabajando para proponer una definición más clara, que permita a los jueces y psiquiatras actuar con mayor certeza en situaciones críticas. Queremos acotar esa subjetividad y que los jueces entiendan básicamente qué significa riesgo cierto e inminente”.

El 28 de septiembre de 2020 Rodrigo Roza deambulaba por la zona de Figueroa Alcorta al 3300, esquina San Martín de Tours, a pocos metros del Malba y de la clínica Mater Dei, en Palermo.

Frente a un bar, discutió con los comensales. Ante esta situación, dos efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) intervinieron para contener la situación. Uno de ellos era Juan Roldán, quien se desempeñaba en la fuerza montada. En ese momento tenía 33 años, vivía en el barrio de Saavedra y era papá de un niño de entonces cuatro años.

Roza tomó un puñal de adentro de un bolso que llevaba consigo e hirió a Roldán a la altura del corazón. El efectivo fue derivado al Mater Dei, pero falleció mientras recibía asistencia médica.

Antes de recibir la puñalada, Roldán había repelido la agresión con un disparo, que terminó con la vida de Roza.

Roldán fue inhumado con honores en el Cementerio de la Chacarita. También fue ascendido post mortem del grado de inspector al de principal por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Por otra parte, el psiquiatra de Roza, Jorge Monforte de entonces 71 años, fue juzgado y absuelto por los presuntos delitos de abandono de persona seguido de muerte, con respecto a Roza, y homicidio culposo, por lo sucedido con Roldán.

En septiembre de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 28 de la Capital Federal, integrado por los jueces Carlos Chediek, Carlos Rengel Mirat y Federico Salvaj, consideró que el profesional de la salud mental era inocente.

La fiscal que instruyó la causa y la elevó a juicio, María Paula Asaro, afirmó que Monforte entre el 18 y 28 de septiembre de 2020, previo a los sucesos que pusieron fin a la vida de Roldán, actuó “de forma negligente y en inobservancia” de sus obligaciones como profesional de la salud mental. Recordó que atendía a Roza desde 2014 y que le había diagnosticado un “trastorno esquizofrénico de tipo paranoide continuo”. La fiscal dijo que evitó “los controles urgentes, necesarios y adecuados que el paciente requería”.

Al escuchar el veredicto, Carolina, esposa de Roldán, criticó el fallo: “Toda la familia está destrozada. Es culpable él, no es inocente. Es la Justicia que tenemos, no hay justicia para la verdad”.

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Licitan la construcción de la Alcaidía Central en Villa Soldati: al terminarla, mudarían a los detenidos en las celdas modulares de Saavedra 

La apertura de ofertas se celebrará el 8 de noviembre y el presupuesto oficial es de $ 43.760.698.860. El plazo de obra se estipula en 730 “días corridos a partir de la firma del acta de inicio de obra”.

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El Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires hizo un llamado a licitación para la construcción de la Alcaidía Central de la CABA, en Villa Soldati. Una vez terminada, allí trasladarían a los detenidos alojados en las celdas modulares de Saavedra, Barracas y Chacarita.

Así lo habían dicho funcionarios de Seguridad a vecinos de Saavedra en julio durante una reunión en la Sede Comunal 12.

Ante la fuga de detenidos y la superpoblación en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad, en mayo el GCBA declaró “la emergencia edilicia, de infraestructura y condiciones de alojamiento en comisarías e instituciones penales de alojamiento temporario y transitorio destinado a personas privadas de su libertad en el territorio de la CABA”.

En ese contexto, se anunció la instalación de celdas modulares en la playa de estacionamiento de la Comisaría Comunal 12 de Ramallo al 4300, en el Parque Lineal Roberto Goyeneche.

Desde el anuncio, esto generó el rechazo de vecinos y fuerzas vivas locales, como el Consejo Consultivo Comunal 12.

En el marco de los reclamos, se celebró la reunión con funcionarios de Seguridad, quienes dijeron que las celdas modulares eran transitorias y se desmantelarían ante la finalización de la Alcaidía Central en Villa Soldati.

El pliego de la licitación pública se informa que la Alcaidía Central de la CABA se ubicará en Av. 27 de Febrero y la Autopista Cámpora.

La apertura de ofertas se celebrará el 8 de noviembre y el presupuesto oficial es de $ 43.760.698.860. El plazo de obra se estipula en 730 “días corridos a partir de la firma del acta de inicio de obra”.

“La Alcaidia Central 27 de Febrero será un conjunto edilicio que se conforma principalmente de dos tipologías edilicias principales a fin de contar con la capacidad funcional acorde a poder centralizar tareas de seguridad, administrativas, de jefaturas, así como también el desarrollo programático para albergar temporalmente aprehendidos. A su vez, estas tipologias serán acompañadas de edificios de menor escala abocados a dar apoyos de seguridad y de infraestructura. En total este desarrollo ocupará una superficie cubierta de 9950 m2 y una descubierta de 30.000 m2 aproximadamente”, indican fuentes oficiales.

“El conjunto se dispondrá en el terreno de manera que se formen distintos niveles de seguridad, desde un anillo exterior en contacto con la comunidad, hasta alcanzar el nivel máximo donde se alojarán temporalmente aprehendidos, teniendo su acceso vehicular y peatonal al predio desde la avenida 27 de Febrero”.

“Posterior a eso se dispondrá un Edificio de Seguridad donde convergerán las funciones administrativas, que además, servirán para organizar tanto los ingresos de personas (Personal Policial, de servicios y proveedores al complejo en general.

El predio contará con un Edificio de Seguridad: será el que tendrá las funciones de registro para todas aquellas personas (tanto visitantes detenidos, como personal policial) que deban ingresar a los sectores del complejo de mayor seguridad. Los sectores del edificio destinados al ingreso de personal policial contarán con armería, vestuarios y sectores de comedor.

Edificios de pabellones para el alojamiento y detención: Ubicados en el sector del conjunto de mayor seguridad serán un total de cinco edificios, realizados con construcción premoldeada. Los pabellones se desarrollarán en dos niveles que estarán adecuados a las necesidades de seguridad.

Edificio D.U.T.I.A. Ubica frente al edificio de seguridad, en el sector opuesto del predio al que se ubican las áreas de mayor seguridad se ubicará un edificio de 500 m2 que albergará al personal policial de la División Unidad Táctica de Intervenciones Alcaidías.

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