La Auditoría porteña abordó en la Legislatura la problemática sobre personas en situación de calle

Con el objetivo de poner en agenda la de situación de las personas en situación de calle e impulsar un anteproyecto de ley nacional que contemple esta problemática, se realizó en la Legislatura porteña realizó el Primer Foro sobre Personas en Situación de Calle.

El encuentro contó con la presencia de la Presidenta de la Auditoría General de la Ciudad, Cecilia Segura, del Auditor porteño, Hugo Vasques y los legisladores porteños del FpV Gabriel Fuks, Claudio Heredia y Andrea Conde. Durante más de dos horas, representantes de las diversas organizaciones sociales debatieron junto a los funcionarios y legisladores presentes la problemática de las personas en situación de calle y advirtieron sobre el crecimiento de esta población en la ciudad y la falta de asistencia adecuada por parte de las autoridades porteñas.

En una de sus intervenciones, Segura cuestionó la falta de respuestas del Ejecutivo porteño frente a los reclamos por este tema. “La Auditoria viene alertando sobre el deterioro de los dispositivos de atención a personas en situación de calle y marcando la incapacidad para resolver esta problemática desde el principio de la gestión de Macri. De hecho, una de las primeras crisis políticas del macrismo fue la que se originó por el accionar de la Unidad de Control del Espacio Público (Ucep), una fuerza de choque que el Gobierno porteño utilizaba para sacar violentamente a la gente de la calle”.

Definitivamente el encuentro visibilizar los cuestionamientos que organizaciones sociales y fuerzas políticas de la Ciudad que vienen realizando al Gobierno porteño por la falta de políticas de asistencia. En este sentido, una de las críticas más agudas está vinculada con la cantidad de personas que viven en las calles porteñas. Para el Gobierno de la Ciudad, la cifra se mantiene estable, pero para todas las organizaciones que trabajan la temática el crecimiento de esta población en los últimos meses es inocultable.

“Larreta sostiene a funcionarios insensibles a la problemática social en áreas claves como el BAP (Buenos Aires Presente) y con un nivel de incompetencia tal que llegan a desconocer el valor de una habitación que el programa a su cargo debe subsidiar” enfatizó el auditor Hugo Vasques, al tiempo que informó que el relevamiento ordenado en una cautelar por la jueza Liberatori debería ser controlado en sus procedimientos por la Auditoría porteña. “Es imprescindible que ese relevamiento se haga en las condiciones que garanticen que los datos obtenidos sean incuestionables y puedan ordenar las políticas públicas de asistencia a estas personas”, dijo.

Otra de las temas tratados giró en torno al problema de la judicialización de las políticas de asistencia. “Según se desprende de informes de la Auditoría, existen al menos 13 mil familias con subsidios habitacionales, de ese total 3 mil han judicializado su reclamos y han conseguido mejoras tanto en el monto como en el plazo en que perciben el beneficio”, dijo Segura, y agregó “Esta práctica se ha generalizado y se ha convertido en una marca de la gestión macrista. Esto pasa porque el Estado porteño no garantiza los derechos que debe tutelar y obliga a los ciudadanos a ir a la Justicia para que sus demandas sean atendidas”.