El Estado nacional se disculpó con una vecina de la Comuna 12, víctima de violencia de género

La mujer denunció, desde 2002, constantes agresiones que nunca fueron atendidas por las autoridades. El Ministerio Público de la Defensa la asesoró para presentar su caso ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer de Naciones Unidas

El Estado Argentino reconoció públicamente su “responsabilidad por las violaciones a los Derechos Humanos” que sufrió Olga del Rosario Díaz, una vecina de Villa Pueyrredón, que fue víctima de violencia de género. Autoridades nacionales se comprometieron a llevar adelante “una reparación integral” hacia ella y su familia.

Del pedido de disculpas, realizado este jueves en forma virtual, participaron Horacio Pietragalla Corti con la participación de autoridades del Consejo de la Magistratura de la Nación, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Subsecretaría de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la Cancillería.

“El tratamiento judicial del caso fue ineficiente, violatorio de los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de Derechos Humanos”, manifestaron las autoridades.

Olga del Rosario Díaz actualmente tiene 65 años, es jubilada y trabaja como asistente en un consultorio médico. En 2002 sufrió violencia de género por parte del padre de sus hijos, Luis Palavecino. Desde entonces hizo denuncias que nunca tuvieron respuesta por parte de las autoridades.

En 2017 fue víctima de un intento de femicidio por el que pasó 45 días internada en terapia intensiva.

La Comisión sobre Temáticas de Género del Ministerio Público de la Defensa (MPD) la asesoró para denunciar al Estado argentino por su inacción ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer de Naciones Unidas (Cedaw, en inglés).

En 2019 se firmó un Acuerdo de Solución Amistosa entre el Estado nacional y la Defensoría General de la Nación. Allí se asumió que el caso de esta vecina no tuvo en cuenta los tratados internacionales de Derechos Humanos y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer.