La legisladora Claudia Neira (Unión por la Patria), vicepresidenta primera de la Comisión de Justicia de la Legislatura porteña, charló este jueves por la noche en la Vecinal de Saavedra (Balbín 4221) con vecinos sobre la instalación de celdas modulares en la Comisaría Comunal 12 de Ramallo al 4300, en el Parque Goyeneche.

Estuvo presente el presidente del bloque UP y vecino, Claudio Ferreño. También representantes de la Vecinal e integrantes de la Junta Comunal 12 como Vanesa Coria.

Ante la superpoblación de detenidos en alcaidías y comisarías porteñas, el GCBA decretó a emergencia edilicia, de infraestructura y condiciones de alojamiento en comisarías e instituciones penales de alojamiento temporario y transitorio destinado a personas privadas de su libertad.

Además, dispuso la instalación de celdas modulares en Saavedra, Chacarita y Barracas. Según dijeron autoridades del Ministerio de Seguridad a vecinos de Saavedra, serán temporales hasta que se construya una alcaidía en Villa Soldati.

Los vecinos de Saavedra, como en los otros barrios, están movilizados contra esta medida. Se han pronunciado de forma autónoma -como en la caravana del Parque Saavedra a la Comisaría Comunal 12- y de forma institucional, mediante el Consejo Consultivo Comunal 12.

Durante la reunión de este jueves, la legisladora charló con los ciudadanos y les compartió el panorama en cuanto a seguridad en la CABA.

Los ciudadanos plantearon que el próximo jueves se haga un acto o manifestación pacífica frente a la Comisaría Comunal 12.

Por otra parte, Neira presentó esta semana en la Legislatura porteña el siguiente proyecto de Declaración: “La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires manifiesta su profunda preocupación por la implementación de medidas tendientes a la descentralización del sistema de detención en comunas, en el marco de la emergencia edilicia, de infraestructura y condiciones de alojamiento en comisarías e instituciones penales de alojamiento temporario y transitorio destinado a personas privadas de su libertad en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, declarada vía Decreto N°200 -2024”.

La defensa sostiene que la crisis que se vive en el presente “evidencia una problemática compleja donde se combinan aspectos de diversa índole: una matriz de infraestructura de seguridad obsoleta, sobrepoblación de detenidos, fallas de coordinación interjurisdiccional entre las áreas competentes en la materia y ausencia de planificación y previsión a nivel local”.

“En ese contexto, y mientras se promete retomar la construcción del “Complejo Federal Nº 7 – Ricardo Gutiérrez” en Marcos Paz, el Poder Ejecutivo anunció una batería de medidas2 , que parecen imponer el paradigma de la descentralización del sistema de detención en las comunas de la Ciudad”, sostiene al referirse a la construcción de las celdas modulares en distintos barrios.

“Asimismo, el conjunto de medidas anunciadas resultaría, al menos, insuficiente. Es que, según las estimaciones el Ejecutivo Porteño, a través de la creación de la Alcaidía Central en la Comuna 8 y los 19 “módulos carcelarios” se incorporarían un total de 1000 plazas. Si analizamos la situación actual, podemos observar que al 31/6/2024 la Ciudad contaba con plazas para alojar 1026 personas entre las 35 alcaidías habilitadas, el Centro de Contraventores y las disponibles en Comisarías Vecinales: sin embargo, el total de personas privadas de su libertad ascendía a 1982”, analizó el proyecto de Declaración firmado por Neira.

“Es decir, estamos frente a un 93% de sobrepoblación que sólo va en aumento. Asimismo, debemos considerar que 273 personas se encontraban “en espera de alojamiento”: esto se traduce en personas que “permanecen esposadas las 24 horas del día en “oficinas”, “quinchos”, “depósitos”, “lactarios”, “subsuelos”, “guardias internas”, entre otros lugares inapropiados”, según establece la Procuración Penitenciaria de la Nación en su “Vigésimo Sexto Reporte Mensual sobre Alojamiento en Alcaidías y Comisarías de la Ciudad de Buenos Aires”. Es decir, la gravedad de la situación y precariedad de los dispositivos actuales difícilmente pueda ser solucionada con las medidas anunciadas, ni siquiera en forma parcial. Incluso si las 1000 plazas anunciadas estuvieran disponibles de forma instantánea, sólo tendríamos 44 plazas disponibles en condiciones adecuadas para la custodia y protección de los detenidos que, casualmente, es exactamente el incremento en la cantidad de detenidos entre los meses de abril y mayo del corriente año”, expuso.

“Por otra parte, debemos considerar que este proceso de descentralización e improvisación respecto del alojamiento de personas privadas de su libertad también implica un impacto en la seguridad de los vecinos”, señala el texto parlamentario, situación que fue abordada en la reunión de este jueves.

“Una de las causas son las propias fugas de detenidos que ya resultan recurrentes en la Ciudad (como expresamos en el Expediente N° 875-D-2024 tras una seguidilla de fugas y amotinamientos ocurridos en diversos establecimientos); la segunda causa tiene que ver con la afectación de personal policial a la custodia de detenidos cuando, en verdad, deberían encontrarse disponibles para la protección del conjunto de la ciudadanía y la prevención de nuevos delitos”, se agrega.

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