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Legisladores y consorcistas dialogan para modificar el Consejo de la Propiedad Horizontal

Fue creado por la ley 5464. Denuncian que favorece al gremio de porteros y encarece las expensas. El Jefe de Gobierno apura modificaciones y legisladores de oposición piden derogarla. Fernando Muñoz, ex legislador del FpV e impulsor de la norma, habló en exclusiva con Pura Ciudad.

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En la última sesión ordinaria del año pasado, el 3 de diciembre, por impulso del ex legislador por el FpV Fernando Muñoz se avaló sobre tablas (sin debate previo en comisiones) con 58 votos positivos y 2 abstenciones de la Coalición Cívica la ley 5464, que crea el Consejo de Propiedad Horizontal de la CABA (CPH o CPHCABA) y reemplaza al Registro de Administradores de Consorcios de la Propiedad Horizontal (ley 941). Consorcistas y vecinos alertan sobre posibles consecuencias contra propietarios.

Desde mucho antes de su promulgación, el 12 de febrero de este año en el BOCBA N° 4819, hay disconformidad entre consorcistas y propietarios. A la vez, hay varios proyectos de reforma y uno de derogación. El Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, respondió ante los cuestionamientos al enviar una propuesta de modificación a la Legislatura. El mandatario pide a Perú 160 que vote “una reforma que deje conformes a vecinos, trabajadores de edificios y consorcistas”.

En este contexto, este martes 19 de abril asociaciones de consorcistas se reunieron con tres legisladores del PRO, claves en el debate: la Vicepresidenta I de la Legislatura, Carmen Polledo, el Presidente de la Bancada, Francisco Quintana, y Daniel del Sol, Presidente de la Comisión de Legislación General.

La mesa de los 11: más porteros que consorcistas y funcionarios

Según el texto de la Ley 5464, que tiene siete títulos y 60 artículos, los principales objetivos del CPHCABA son regular la actividad de los sujetos que se dediquen a la administración de los consorcios de propiedad horizontal y asegurar el decoro, la ética, la independencia y dignidad de la actividad de los administradores de consorcio, velando por el fiel cumplimiento de sus labores y armonía entre los restantes sujetos de la propiedad horizontal.

En vistas de cumplir dichos objetivos, la ley le asigna al CPHCABA, entre otras, las siguientes funciones: crear, administrar y mantener actualizada la Matrícula habilitante de los Administradores Profesionales y el Registro de Administradores Voluntarios; fijar el monto de cuotas y costos por matriculación de los administradores; y el valor de los aranceles que deba percibir por los servicios que brinde; remitir al Tribunal de Disciplina los casos que sean de su competencia, y aplicar las sanciones que aquel decida; sancionar y poner en vigencia el Código de Ética para el ejercicio de la actividad de administración de consorcios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; entre otros.

Además el CPHCABA tiene la capacidad legal de adquirir y administrar bienes, pudiendo percibir intereses y frutos civiles producto de ellos. No obstante ello, sus recursos principales surgen del canon de inscripción y cuota anual que deban pagar los Administradores por la matriculación y de las multas que eventualmente puedan aplicárseles.
Sin embargo, la polémica está en la conformación del Consejo. Según el texto, tendría 11 directores, de los cuales seis responderían al Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), gremio de Víctor Santa María. Asociaciones y vecinos reprochan que, junto a representantes del gobierno, son minoría en el armado oficial.

Este es el detalle del directorio: 3 representantes de las Cámaras oficiales y/o asociaciones civiles sin fines de lucro de la Propiedad Horizontal; 1 representante por el sector de las organizaciones y/o asociaciones civiles que nucleen a los consorcios y copropietarios; 3 representantes de las asociaciones sindicales y gremiales con personería jurídica y gremial, inscriptas en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación que nucleen a los trabajadores de edificios de renta y horizontal; 1 representante por el sector de las Asociaciones civiles y organizaciones que tengan por objeto la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores; 1 representante de las asociaciones sindicales y gremiales con personería jurídica y gremial, inscriptas en el Ministerio de Trabajo; 1 representante de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, por la defensa de los derechos de los inquilinos de inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal; 1 representante por el Gobierno a través del funcionario que designe la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor dependiente de la Subsecretaría de Atención Ciudadana.

En el partido Confianza Pública impulsan un proyecto de ley para revertir el peso del gremio y aumentar el de consorcistas. “El gremio no tiene que quedar en igualdad con los consorcistas, es como que el Colegio de Abogados esté conformado por los empleados de estudios jurídicos”, dijo el representante Diego García de García Vilas.

“Quieren transformar la Propiedad Horizontal en un definitivo coto de caza”

En febrero, a poco de aparecer la ley 5464 en el Boletín Oficial, la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal presentó un amparo solicitando su inconstitucionalidad: “Las disposiciones impugnadas afectan el principio de igualdad en desmedro de los administradores de consorcios de la Ciudad de Buenos Aires, en la medida en que la Ley ilegítimamente seleccionó a dos asociaciones gremiales a los fines de otorgarles un privilegio que excede su legitimación jurídica”.

Desde entonces, las críticas son constantes desde ciertos sectores entendidos en la materia. Muchos le dicen “ley cambalache” o “ley Muñoz”, en referencia a su autor, el ex legislador ibarrista Fernando Muñoz.

“Es una ley que salió entre gallos y medianoches, deja muchas puertas abiertas. En este tiempo aparecieron cuatro proyectos para reformar la ley y uno para derogarla”, describe a Pura Ciudad el consorcista Gustavo Gallego, quien condena la idea de que “una entidad chiquita represente millones de consorcistas”. “No queremos que nos administre una corporación, sí que el Estado sea el ente que controle”, agregó.

El Presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Eduardo Awad (especialista en la temática consorcial), sostuvo que la Ley 5464 “es, lisa y llanamente, un ataque al derecho de propiedad de los consorcistas y de los administradores”.

En tono más enfático se expresó la Fundación Liga del Consorcista de la Propiedad Horizontal: “Esta ley somete para siempre a los propietarios a la voluntad del gremio de porteros y tres asociaciones de administradores, quienes a su entera voluntad van a poder cargar a las administraciones de consorcios con toda suerte de erogaciones a su arbitrio, las que indefectiblemente irán a aumentar las expensas, transformando a la Propiedad Horizontal en un definitivo coto de caza”.

“La sola lectura de las disposiciones de este engendro legal demuestra que esconde un burdo negocio. Su objetivo encubierto es poner la Propiedad Horizontal de la ciudad en manos de las entidades que firman los acuerdos paritarios de encargados, quienes históricamente han perjudicado a los propietarios cargando sobre sus espaldas solamente obligaciones, cada vez más onerosas”, agregaron.

Por estos días lleva más de 1300 firmas una petición en Change.org para pedir la baja de la ley. “La cuestión de fondo no es la representatividad, sino que para qué crear este CPH. No tiene ningún sentido más que otorgarle caprichosamente al gremio participación activa en las vidas privadas de los consorcios. Otorgarle más poder en exceso a quien ya lo tiene. Además de ser un atropello y un avance sobre la propiedad privada del propietario (art. 14 de la CN)”, expresa el texto publicado por el Adrián Hilarza.

“Este CPH, sólo traerá incrementos innecesarios de las expensas y más malestar social. Y por sobretodo, otorgar mayor intervención al sector y poder al Suterh, donde no tiene nada que hacer en las relaciones privadas: consorcio-administración”, suma la petición.

“El consorcista lee en el diario que el portero quiere controlar al patrón”

A favor se mostró el ex legislador por el FpV, Fernando Muñoz, impulsor de la ley 5464. “No se puede analizar la ley sin preguntarse cuál es el régimen actual de control de los administradores y cómo funciona. Esta nueva ley es absolutamente superadora del régimen que desde el 2002 creó un registro público que nadie sabe dónde y cómo funciona”, dijo a Pura Ciudad.

Muñoz dice que esta norma “supera” el Registro Público de Administradores de Consorcios (RPA), creado por la Ley 941 que rige en la Capital Federal desde 2003. El registro, mientras estuvo activo, debía recibir y dar curso a las denuncias de los propietarios, además de cumplir con la inscripción y otorgamiento de matrícula a cada administrador, sin la cual el ejercicio de la actividad es ilegal.

El ex legislador se respalda en un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires lapidario: sólo un 25% de los administradores de edificios está inscripto de forma legal en el RPA; sobre un universo total de 5043 denuncias recibidas entre 2010 y 2013, el RPA no resolvió ninguna.

“Con poco se puede superar semejante performance que solo beneficia a un grupo de organizaciones que se benefician con la propia ley 941, con su reglamentación del 2010. Allí el Estado le transfirió a un grupo de asociaciones civiles la capacitación obligatoria anual de los administradores. Estamos diciendo 10.000 administradores inscriptos y cursos que no bajan de 4.500 pesos”, agregó Muñoz.

Sobre el rol del inquilino dijo: “Es un forastero en el edificio, cuando hay reuniones de consorcio, ni siquiera te devuelven el saludo. No hay manera de participar en esas reuniones donde con cada vez más frecuencia se “cambia de columna” expensas extraordinarias que pasan a ser ordinarias, pagándolas los inquilinos. Que podamos discutir de igual a igual con administradores y propietarios, es un salto cualitativo importantísimo. Nosotros pagamos el 33% de los administradores y de los sueldos de los encargados. Pero no solo eso -somos el 33% de los hogares-, también nos hacemos cargo de todas las expensas, así que mirá si hay para discutir”.

“Los consorcistas conocen solo la versión de los administradores. Los únicos que saben cómo funciona la ley 941 son los que están directamente involucrados con su propia inacción. El consorcista lee en el diario que el portero quiere controlar al patrón, politiquería barata”, fustigó.

“La ley que estaba vigente, la 941, también fijaba multas para los administradores (“entre 1 y 100 sueldos de encargados” -otra cargada-), luego, la suspensión de la matrícula para trabajar, finalmente la exclusión definitiva del Registro. Pregunto, ¿en 5.000 denuncias solo de 3 años, cuánta guita dejó el Estado de recaudar? ¿Un sueldo de encargado? ¿Quince mil pesos? Son 75 millones, en 3 años que auditó un organismo estatal. Y dale con los porteros”, cerró el ex legislador ibarrista.

“Una batalla ciudadana sin banderías políticas” en las Comunas

Según contaron varias fuentes a Pura Ciudad, los vecinos se agruparon en forma inter-comunal para debatir esta situación en torno a la controvertida ley. Hay relación entre los Consejos Consultivos de las Comunas 15 (Villa Crespo, Paternal, Chacarita, Villa Ortúzar, Agronomía, Parque Chas), 3 (Balvanera, San Cristóbal), 2 (Recoleta), 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y 12 (Saavedra, Urquiza, Coghlan, Villa Pueyrredón).

“Hay una reacción del ciudadano. Se trata de una batalla ciudadana sin banderías políticas. En las comunas quieren fortalecer el conocimiento de quienes viven en departamento, quieren saber sus derechos”, agregó a este medio el abogado Gallego. También confirmó que breve se iba a realizar un encuentro entre vecinos de las Comunas mencionadas para manifestar su descontento.

La semana pasada se hizo el tercer Consejo Consultivo Comunal 3 del año. Con la presencia de entendidos en la materia, se pidió la derogación de la ley 5464. Luego se aprobó una nota de repudio a la que tuvo acceso Pura Ciudad: “Los integrantes de la Comisión de Propiedad Horizontal de la Comuna 3 Solicitamos la derogación de la ley 5464 que crea el Consejo de  la Propiedad Horizontal de la ciudad Autónoma  de Buenos Aires, sancionada el 03/12/15, sin haber sido discutida en comisión de la Legislatura y promulgada en forma extemporánea”.

“El repudio a esta ley logró reunir a 4 entidades que  nuclean administradores  y 8 de consorcistas, que  plasmaron sus rechazos  en amparos y declaraciones de inconstitucionalidad de la norma. Se fundamentan en la desproporción e inequidad de la representación de los actores involucrados en la integración de los miembros del Comité Ejecutivo Y en la ilógica idea de privatizar el poder de control /o de policía  del estado, considerando que la norma impondrá costos a los administradores a diferencia de la ley 941 (Registro Público de Administradores) y sus modificatorias”, cierra el texto.

El pedido de derogación

En sintonía con consorcistas como Gallego, o los vecinos participativos de las Comunas mencionadas, en la Legislatura hay varios textos de reforma. Sin embargo, el favorito de los más contestatarios es el de Roy Cortina (PS en ECO), que pide la derogación definitiva. Adhieren Bien Común (Gustavo Vera) y la Coalición Cívica.
“Hay varios aspectos de la normativa recientemente sancionada que resultan cuestionables. A estas objeciones previamente citadas cabría agregar la inevitable consecuencia para los cientos de miles de propietarios e inquilinos de nuestra ciudad. Es que, el incremento de costos para los administradores de consorcios será trasladado indefectiblemente al valor de las expensas”.

“La recientemente aprobada ley 5464, debido a sus implicancias, merecía un debate de mayor profundidad, con la participación de los principales actores de la relación jurídica que se pretende regular para atender sus puntos de vista y sus aportes. Máxime cuando en la Ciudad de Buenos Aires existen casi 300 mil edificios conforme los datos de la Secretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA, 2012”, añade la argumentación.

“La Ley impugnada no es adecuada para el cumplimiento de los fines que persigue. Sin embargo, creemos que la Ley 941 (Registro Público de Administradores de Consorcios) y sus modificatorias han devenido insuficientes para la regulación de una actividad compleja como lo es la administración consorcial, y por eso sostenemos que esta Legislatura debe iniciar un proceso participativo que instaure un profundo debate al respecto”, concluye la propuesta de Cortina.

El Barrio

Convocan a caminatas guiadas por Saavedra en las locaciones de El Eternauta

Los investigadores y divulgadores a cargo de las cuentas BA Inesperada y Paisajeante dirigirán sendos recorridos el sábado 17 de mayo por la tarde.

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El sábado 17 de mayo por la tarde se desarrollarán visitas guiadas en el barrio de Saavedra para visitar varias de las locaciones en las que se rodó la serie El Eternauta, protagonizada por Ricardo Darín y basada en la historieta de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López.

Como había informado Saavedra Online, había expectativa por el desarrollo de estas propuestas turísticas que implican la llegada de gran cantidad de gente al barrio para recorrer los espacios que aparecen en la célebre serie de Netflix, uno de los trabajos audiovisuales más vistos a nivel mundial de los últimos días.

En esta línea, el paisajista e investigador Fabio Márquez, a cargo de la cuenta en redes sociales Paisajeante, realizará este sábado 17 de mayo a las 16 una caminata guiada por varias de las locaciones que aparecen en la serie.

“Nos encontraremos en la plaza de ingreso a la estación Aristóbulo del Valle, en la avenida Maipú, Vicente López”, informó Paisajeante. “Sin inscripción previa, a la gorra, no se suspende por lluvia ni nevada”, bromeó Márquez.

Como suele hacer con varios de sus recorridos, el Paisajeante aclara que será una vista única y sin repetición, lo que hace valioso al encuentro del sábado.

Del mismo modo, desde la cuenta en redes sociales BA Inesperada informaron que “el próximo sábado 17 de mayo, desde las 15 hs. realizaré un recorrido especial por varios de los escenarios de “El Eternauta” Durante el trayecto veremos lugares donde se filmó la serie en la localidad de Vicente López y los barrios de Núñez y Saavedra”.

“Si te gustó la serie, si leiste la historieta o simplemente porque te da curiosidad, anotate enviando un mensaje de WhatsApp al 11 4057-8020 o un mail a bainesperada@gmail.com”, agregó.

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El Barrio

Va a juicio oral el caso de la mujer acusada de asesinar de nueve puñaladas a su expareja en Saavedra

El hecho ocurrió el 1 de febrero de este año en el interior de la obra en construcción ubicada en la calle Lugones al 4600.

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El titular de la Fiscalía de Distrito de los barrios de Saavedra y Núñez, José María Campagnoli, solicitó la elevación a juicio de la investigación seguida contra una mujer de 42 años que fue detenida acusada de haber asesinado a puñaladas y de haberle hurtado algunas de sus pertenencias a su expareja, en un hecho ocurrido en febrero pasado en una obra en construcción del barrio porteño de Saavedra donde la víctima trabajaba como sereno y carpintero. Para los investigadores, el móvil pudo ser “económico y celopático”, expuso el Ministerio Público Fiscal de la Nación.

La víctima fue Percy Rey “Chino” Reto Trelles -de nacionalidad peruana y 42 años-, y su homicidio ocurrió entre la tarde y la noche del 1° de febrero pasado, en el interior de la obra en construcción ubicada en la calle Lugones 4681.

El Ministerio Público Fiscal de la Nación informó que en el requerimiento de elevación a juicio presentado ante la responsable del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, Alejandra Alliaud, el fiscal solicitó que la acusada María Esther Arias sea juzgada como presunta autora del delito de homicidio agravado por haberse cometido contra una expareja -que prevé como única pena la prisión perpetua, conforme el artículo 80, inciso 1° del Código Penal de la Nación- y por el hurto del celular, la billetera y las llaves del hombre asesinado.

Un comunicado del MPF reconstruye el caso:”De acuerdo a la investigación de la fiscalía, Arias y Reto Trelles habían mantenido una relación de pareja. Ocho meses antes del crimen, la víctima se había separado de Arias y se había mudado a uno de los departamentos que estaba más avanzado en la obra en construcción donde trabajaba, ya que, de acuerdo a lo relatado por testigos, “no la aguantaba más”. Según los testimonios, la mujer era celosa y solía maltratar y pegarle a la víctima. Incluso, le habría roto su teléfono celular -el cual recién pudo reponer un mes antes del crimen- y lo hacía comunicarse con otras personas a través de su propio equipo para así saber con quién hablaba y qué mensajes enviaba”.

“Siempre de acuerdo a lo reconstruido por los investigadores, tras adquirir un nuevo celular, Reto Trelles entabló conversaciones con una mujer que vivía en México y a la que quería conocer. Por ello, juntaba dinero para viajar, cambiar de aire y probar suerte en aquel país. También costearía el viaje con un dinero que cobraría, en marzo, de un “círculo de inversión” del que participaba. El jefe y otros compañeros de la víctima indicaron que Arias solía visitarlo en la obra, en particular los viernes, ya que ese día el hombre cobraba por los trabajos de carpintería que realizaba durante la semana”, se agregó.

Sobre el día del hecho: “Así, aquel sábado 1° de febrero por la mañana, Reto Trelles efectuó unos arreglos en el tanque del edificio junto a otros compañeros. Por la tarde, se mensajeó con ellos y, a uno le envío un video donde se escuchaba música, se veían dos vasos, una botella de cerveza y a los dos perros con los que convivía. Esa fue la última comunicación que alguien tuvo con la víctima. De acuerdo a la fiscalía, Arias se habría aprovechado de la relación de confianza que tenía con la víctima y “de su convivencia ocasional, para atacarlo durante la tarde-noche del sábado 1° de febrero de 2025 en el departamento que compartían, en el interior del inmueble ubicado en la calle Lugones 4681 de esta ciudad, mientras se hallaba acostado en la cama, casi desnudo, con la cabeza apoyada en la almohada”.

Según el requerimiento, en dicho contexto, la mujer “le habría asestado una puñalada en el tórax con la que le cortó el corazón. Si bien esto no lo mató inmediatamente, sí -lógicamente- lo habría movilizado a consecuencia del inmenso dolor que esta gravísima herida le provocó a Reto Trelles”. La autopsia elaborada por expertos del Cuerpo Médico Forense sostuvo que “estando aún con vida, habría intentado defenderse, pues registra una lesión en su mano derecha que se atribuye a algún tipo de resistencia por su parte. En ese contexto parecerían explicarse las restantes siete heridas que Arias le provocó a Reto Trelles en el cuello, pues se verifica que una de ellas es particularmente profunda (le atravesó la tráquea a nivel del primer anillo en sus caras anterior y posterior, lesionando el ligamento anterior de la columna), mientras que el resto -a causa, probablemente, de la poca resistencia que habría podido ofrecer- son superficiales”.

“Luego de que no le contestara los mensajes, en la tarde del 3 de febrero, el jefe de Reto Trelles fue hasta el edificio, accedió con su juego de llaves y encontró el cuerpo del hombre tendido sobre una cama, por lo que avisó a la policía”, explicaron fuentes judiciales.

Además, se detalló cómo se ubicó a la presunta autora material: “Por orden de la fiscalía, personal de la Unidad Criminalística Móvil (UCM) de la Policía de la Ciudad analizó la escena, donde se determinó que faltaba la billetera y el celular de la víctima, junto al juego de llaves del edificio. En el marco de la investigación, un testigo indicó que, en la tarde del crimen, Arias publicó en el estado de su WhatsApp una fotografía sacada en la obra y donde se observaban a los dos perros que vivían con la víctima. Por ello, se profundizó la investigación y se analizaron las comunicaciones de la sospechosa y Reto Trelles”.

Así “los registros de comunicaciones obtenidos confirman que, durante la noche del sábado 1° de febrero, Arias apagó su teléfono poco después de salir de la casa de Reto Trelles, donde se encontraba conviviendo junto al fallecido, al menos desde el día anterior, y cambió su línea, introduciendo otra tarjeta SIM a su aparato”, señaló Campagnoli.

“Al momento de su detención, el 26 de febrero pasado, Arias presentaba dos cortes en su antebrazo izquierdo, que, para la fiscalía, podrían ser compatibles con un chuchillo secuestrado en la escena del crimen y con la herida de defensa que presentaba el hombre. Tras su indagatoria, la jueza Alliaud proceso a Arias como presunta responsable del crimen. La decisión fue recurrida por la defensa de la mujer y confirmada por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que señaló como posible causa del crimen “el móvil económico y celopático de la imputada, aunque no suponga un elemento de juicio determinante”. Ahora, el fiscal Campagnoli solicitó el juicio oral y se espera que la jueza eleve el expediente para que se sortee el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal que tendrá a cargo el eventual futuro debate”, finalizaron las fuentes judiciales.

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El Barrio

Familias de la escuela del Parque Saavedra advierten que las obras avanzan, pero continúan los problemas como las goteras y que se arruinaron varias aulas

En la comunidad educativa piden que los trabajos se realicen de forma correcta para que no haya problemas a futuro.

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La comunidad educativa de la Escuela Primaria Común Nº 21 “Coronel Cornelio Saavedra” y el jardín de Infantes Nucleado E (EPCJC 21/10º) SEDE D.E 10 Comuna 12, situados en Pinto 3910 y Ramon Freire 4060 dentro del Parque Saavedra, alertan que a más de siete meses de iniciadas las obras de mejora edilicia se registran problemas de gravedad, como filtraciones en techos, lo que ha generado desprendimientos de mampostería y el posterior impedimento para utilizar tres salas. También se ha dañado material pedagógico y mobiliario en medio de las reformas.

Como había informado Saavedra Online, en septiembre del año pasado, luego de un proceso de licitación pública, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires preadjudicó a la empresa AVR Construcciones SRL por un monto de $880.718.653 los trabajos de “impermeabilización y mejoras edilicias”. Las labores iniciaron al poco tiempo y todavía continúan. En principio, el contrato hablaba de 240 días corridos desde el inicio -pensado para mayo o junio de este año-, pero se estima que se demorará más tiempo. No descartan que se culmine en primavera.

La comunidad educativa desde hace añares reclamaba por mejoras edilicias de distinto tipo, desde la impermeabilización hasta arreglos en la cocina del comedor. Es por ello que los actuales integrantes de la cooperadora habían impulsado en 2023 un amparo, el cual tuvo el visto bueno de la Justicia en el verano del 2024. Tiempo después, se hizo la licitación pública. En el medio hubo algunos hechos de vandalismo y robos, por los cuales la comunidad educativa realizó una serie de manifestaciones públicas.

En el presente, la obra está en marcha en el horario escolar: estudiantes, docentes, familias y operarios conviven a diario. Las clases se dictan con los ruidos de amoladoras y demás herramientas de fondo, con sectores inhabilitados por cintas de peligro o pilas de materiales en los patios exteriores. Las familias de la cooperadora de primaria reclaman que las obras se realicen en forma eficiente lo más pronto posible para poner fin a esta dinámica.

“En el informe técnico de la licitación el problema más grave era la impermeabilización en toda la escuela, primaria y jardín. Goteaba y el agua salía también de los desagües obstruidos. Las obras iniciaron, hicieron un techo en la puerta de entrada, tanto en primaria como en el jardín. Es algo para destacar porque los chicos ahora no se mojan. También hay que mencionar la plaza blanda y los juegos para nenes, pero cuando empezó la impermeabilización notamos que se seguía lloviendo, cada vez más”, dijeron en la cooperadora a Saavedra Online.

“En la biblioteca, un lugar que logramos mediante sucesivos reclamos y con donaciones de la cooperadora, se llovió el techo y se vino parte del material abajo después de que habían empezado a impermeabilizar y trabajar en los techos. Nunca había pasado en este sector. Por el agua, perdimos mobiliario, libros, un montón de material”, lamentaron.

“Al lado, tenemos una sala de arte que se hizo hace años gracias a la cooperadora. Hoy es un desastre. Es el área más comprometida, con techos, paredes, pluvial, todo afectado. El tercer espacio afectado es otra aula de primaria”, agregan.

“Los chicos hoy tienen menos espacio físico, lo que perjudica el desempeño diario”, resaltan.

“Una vez te puede pasar que cuando cambiás una membrana te sigue lloviendo el techo, ahora varias veces es un montón. No queremos soluciones a medias. Cada vez que llueve pasa algo en la escuela. La idea es que, si bien la gente de mantenimiento está presente, las cosas se hagan bien”, indicaron.

Esta semana funcionarios del área de Infraestructura del ministerio de Educación se hicieron presentes en el establecimiento escolar y mostraron su compromiso para que esta problemática tenga una solución definitiva.

En la cooperadora señalaron que todos estos problemas son reportados a la Justicia, en el marco del amparo antes mencionado.

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