Vecinos que integran la agrupación Planeamiento Participativo enviaron a la Comisión de Presupuesto Hacienda Administración Financiera y política Tributaria de la Legislatura porteña una nota para pedir cambios a la Ley de aprobación inicial (media sanción) para renovar la concesión que el Club San Jorge tiene dentro del Parque Saavedra.

Como informó Saavedra Online, el lunes 7 de abril la Comisión realizó la Audiencia Pública sobre la Ley de Aprobación Inicial N° 1579/LCABA/24 que “otorga la renovación del permiso de uso a título precario y gratuito del predio sito en Vilela 3340” por 10 años.

En dicho encuentro, de 35 oradores registrados hubo varias voces con señalamientos a la redacción de la Ley de aprobación inicial. Con esta nota, buscan reforzar sus reclamos.

La Ley de aprobación inicial surge del expediente 1579-D-2024, originado por una iniciativa de autoría de los legisladores Lucio Damián Lapeña, Francisco Loupias, María Inés Parry y Guillermo Suárez (UCR-Evolución) y que cuenta con media sanción votada en la sesión del 12 de diciembre de 2024.

La concesión de 10 años contemplada en la Ley Nº 4.070 de 2011 venció en 2020. Por eso, ese mismo año Evolución había presentado un proyecto de Ley para renovarla por otra década más. Tuvo media sanción en 2021 y al año siguiente se celebró su correspondiente Audiencia Pública. De todos modos, no alcanzó a la sanción definitiva (segunda lectura). En ese contexto, el año pasado se presentó este nuevo texto parlamentario que está ahora en discusión.

Tras la Audiencia Pública del 7 de abril, el proyecto se tratará de vuelta en Comisión y se espera que en breve tenga sanción definitiva en el recinto de sesiones de la Legislatura porteña. De todos modos, desde que el 1 de marzo inició el periodo ordinario de sesiones del 2025 no hubo ninguna sesión, en particular por la campaña para las elecciones legislativas del 18 de mayo.

En este contexto, en Planeamiento Participativo expresaron: “Como vecinos y parte interesada desde la comunidad educativa que ya participamos en la Audiencia pública, venimos a solicitarles tengan a bien incorporar los siguientes puntos a lo que resuelvan respecto a prorrogar o no, la tenencia precaria o permiso de uso, del predio que es parte del Parque Saavedra conocido como Club San Jorge y administrado desde el 2011/12 por la Agrupación, Asociación civil San Jorge, que nada tienen en común con la Asociación Scout que manejo el predio desde finales de la década del 50 hasta principios del SXXI”.

En la nota denunciaron supuestos incumplimientos con respecto a lo acordado por la concesión: “Ya en la audiencia pública del 2022 y en la reciente quedo claro el incumplimiento referido a ceder a las escuelas públicas el uso de dicho predio. Solo desde el año 2022 después de una audiencia escandalosa fue cuando cedieron el uso de las canchas solo durante las mañanas. También quedo clara la híper explotación comercial del predio. Tal como fue expresado en la audiencia pública reciente”.

“No entendemos cual es el “beneficio para la población” si todas las actividades son rentadas. Solicitamos especifiquen los beneficios concretos para la comunidad. Y no se excluya a la tercera edad que figuraba en la ley 4072”, sumaron y plantearon: “En caso que decidan renovar la tenencia al club San Jorge solicitamos que el plazo no sea mayor a 5 cinco años, no están considerando la ley 1459 los permisos de uso precario en espacios verdes de uso público no pueden excederse de del plazo de 5 años. (De paso para corregir cualquier anomalía si fuera necesario)”.

En este sentido, plantearon que “quede estipulada taxativamente y sin condiciones la prioridad de uso escolar público de todas las instalaciones durante la jornada escolar y para cualquier otra actividad extracurricular que solicite y requieran la supervisión de educación física del distrito escolar 9 y 10, en cualquier espacio del predio. Que se ponga un horario de finalización de las actividades deportivas 22:30 pm por las molestias de gritos, ruidos y contaminación lumínica, para los vecinos frentistas. Que se solucione el problema de infraestructura de la pileta y se contemple su puesta en valor de la misma, (que fuera usada hace pocos años durante las colonias de vacaciones) incluyendo calderas para su climatización, vestuarios y carpa desmontable. Para que vuelva a ser utilizada como en la época de gestión de la Asociación Scout que entonces no contaba ni con caldera ni carpa.”.

“En el artículo 4° se dice que “La entidad beneficiaria no podrá ceder ni alquilar todo o parte del inmueble”, en tanto en el artículo 8° se explicita “que correspondan al usufructo del inmueble”, ello se presta a confusión puesto que “El usufructuario es la única persona con autoridad para suscribir un contrato de alquiler” (confrontar con CCyC). En caso que, la parte que actualmente detenta la explotación comercial del predio, exprese que en estas condiciones “los números no le cierran” u objete estas propuestas entonces se abren dos posibilidades o que se llame a concurso público para conseguir un nuevo administrador cumpliendo las condiciones solicitadas. O se considere la posibilidad de que sea administrado por el ministerio de educación de la ciudad garantizando la continuidad y no interrupción de las actividades que allí se desarrollan. En ambos casos solicitamos que conste la prioridad de uso de parte de escuelas públicas durante la jornada escolar y actividades extracurriculares que soliciten, eso en caso que se lleve a un nuevo concurso abierto. Y si pasa al área de educación, se garantice la posibilidad de uso público de las instalaciones en los momentos que no los usan las instalaciones los alumnos de los colegios”, indican en Planeamiento Participativo.

“Cabe resaltar que el Proyecto de Ley de Diputados no incluye los informes previstos en la Ley 4072 -tales como los informes anuales del Distrito Escolar; informes sobre las evaluaciones anuales de higiene y seguridad u otros complementarios del Poder Ejecutivo, así como copia legalizada del registro diario de las actividades realizadas por la Agrupación en el periodo cumplido. Consideramos pertinente que se incluya en el articulado la obligación para los beneficiarios de tener una página virtual de acceso público, donde se carguen día a día todas las partes que usan el predio horarios, escuelas públicas y alquileres privados y otras actividades, Que pueda ser consultado por la comunidad, por el sistema de control del Gobierno y por la supervisión de educación física y que funcione como prueba documental de actividades”, concluyeron.