Recusan al juez Gallardo, que anuló la audiencia pública sobre la venta de la ex Sede Comunal 12

La Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires recusó “por falta de imparcialidad” al juez Roberto Gallardo, quien había anulado la audiencia pública virtual hecha el miércoles 12 de agosto donde se discutió un proyecto de ley para rematar la ex Sede Comunal 12 (Miller), el inmueble educativo de Galván 3463, y otros edificios de dominio público.

Gallardo había dictado una medida cautelar en base a una acción de amparo del Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria y Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, con el patrocinio letrado de Jonatan Baldiviezo y Alejo Caivano. Las entidades pedían suspender la modalidad online y hacer un encuentro presencian con protocolos sanitarios. Decían que no todos los vecinos interesados en participar tenían acceso a internet.

Gallardo ordenó suspender la audiencia, pero se hizo igual porque el presidente de la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria de la Legislatura porteña, Claudio Romero (Vamos Juntos), dijo que no fue notificado por las autoridades judiciales. Entonces, Gallardo más tarde anuló la audiencia pública y también ordenó que no se haga ninguna otra. También pidió que se investigue a las autoridades parlamentarias “por desobediencia”.

La presentación de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires quedó en manos de la jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad María Soledad Larrea, quien, en principio, mantuvo vigente la decisión de Gallardo sobre la Legislatura de no llevar a cabo las audiencias públicas que están proyectadas hasta el 7 de septiembre, informaron fuentes del caso, consigna Télam.

Todas esas medidas de Gallardo fueron consideradas por la Procuración General de la Ciudad como “un accionar que ha demostrado un apartamiento manifiesto de las reglas del debido proceso, derecho de defensa y división de poderes”, tras lo cual pidió su recusación “atento la falta de imparcialidad evidenciada en el tratamiento de la causa”.

Con Gallardo fuera del caso, la Procuración de la CABA pidió a la jueza Larrea -que recibió el expediente- la autorización para retomar la agenda de audiencias previstas en las próximas dos semanas, lo que este martes fue rechazado.

“Resulta imposible acceder a la autorización peticionada. Máxime considerando que la demandada no introduce ningún elemento que pueda considerarse como modificatorio de las circunstancias de hecho y derecho que fueron tenidas en cuenta por el Juzgado de origen al momento de resolver el pronunciamiento cautelar”, sostiene la resolución de Larrea que mantiene en vigencia el fallo de Gallardo.

Y agrega que “se advierte que la demandada no propone ninguna solución” para garantizar la participación vecinal en las audiencias.