Con 38 votos del oficialismo y aliados, la Legislatura porteña aprobó este jueves una modificación a la Ley Tarifaria vigente para poder aumentar los impuestos de ABL e inmobiliario sin topes y en base a la evolución de la inflación que refleja el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad (IPCBA) elaborado mes a mes la Dirección General de Estadística y Censos de la CABA. También se actualizó el valor de las patentes (unos 1.4000.000 dominios en CABA) al modificar el tope de 146% a 264%, con un promedio de 205%.

Además, aprobó una ampliación del Presupuesto 2024 de $4,5 billones, sumándose a los $5,7 billones aprobados en diciembre pasado, es decir, una suba del 75%.

Ambos proyectos -la ampliación y los cambios a la Ley Tarifaria- fueron presentados por el Poder Ejecutivo. En cuanto a lo segundo, se fundamentó que los topes no pueden implementarse dado el contexto inflacionario. Se adujo que cobrar por debajo de un techo del 100% de inflación interanual -como establecía la legislación vigente- perjudica las arcas públicas.

De todos modos, se aclaró que los vecinos que hayan pagado este verano el ABL de forma anual no recibirán nuevas facturas ya que se trata de una cuenta saldada.

Además, por impulso del bloque Confianza Pública se eximió a 600 centros de jubilados de pagar el impuesto inmobiliario y la tasa de ABL.

Frente a los 38 votos de Vamos por más, Confianza Pública, Republicanos Unidos, Frente Liberal Republicano y La Libertad Avanza, hubo 20 votos negativos de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, que denunciaron un tarifazo en puerta para los vecinos.

La legisladora Alejandrina Barry (FIT) expresó: “Hoy en la legislatura La Libertad Avanza le votó el presupuesto a Jorge Macri, que ajusta en todo menos en el presupuesto para la represión y aumenta impuestos fuertemente como el ABL. Retribución de favores se llama”.

En tanto, Gabriel Solano, del mismo bloque, señaló: “El gobierno quiere que el ABL se actualice por el IPC mientras los salarios ya perdieron 15 puntos ante la inflación”.

El legislador Juan Manuel Valdés (UP) aseguró: “En la ampliación de presupuesto, el oficialismo propuso aumentar los impuestos a los vecinos pero mantiene congeladas las concesiones públicas de sus amigos, que deberían actualizarse por inflación. En la sesión expuse los ejemplos más escandalosos”.

Por otra parte, desde el bloque oficialista de la Legislatura porteña se resaltó la necesidad de contar con el “equilibrio fiscal financiero” y de “un régimen tributario que sea cada vez más equitativo para todos los porteños”. Según señala el despacho de la comisión de Presupuesto, que preside la legisladora Paola Michielotto (Vamos por más), el incremento nominal que se propone es “en virtud de la evolución y proyección de las principales variables macroeconómicas que, en conjunto, arrojan un aumento sustancial sobre la expectativa original”.

“La Legislatura aprobó adecuaciones a los topes de los tributos empadronados y de la cifra para exenciones del impuesto a los sellos sobre las transferencias de dominio y los contratos de compraventa de vivienda única, familiar y de ocupación permanente. Con el mismo propósito de corregir los desfases generados por la inflación, se aprobaron modificaciones a las fórmulas para ajustar montos del impuesto a los Ingresos Brutos del Régimen Simplificado, a fin de evitar que muchos contribuyentes se vean forzados a pasar al Régimen General por la mayor facturación generada en los aumentos de precios y no en incremento real de las actividades o ventas”, añadió un resumen parlamentario de la Legislatura.

A mediados de abril, el ministro de Hacienda Gustavo Arengo defendió la ampliación presupuestaria y los cambios a la Ley Tarifaria ante la Comisión de Presupuesto del Poder Legislativo porteño.

Arengo explicó que “en lo que respecta al gasto en personal, este proyecto de ampliación presupuestaria propone un incremento de un billón 867.147 millones de pesos”. Y agregó: “Esta mayor erogación se debe al impacto de la inflación anual estimada sobre los acuerdos salariales que establecimos con las organizaciones gremiales que representan a los trabajadores de la Ciudad, luego de las constantes conversaciones que mantuvimos y mantenemos mensualmente con dichos sectores”.

“El proyecto de ley que hoy estamos presentando plantea la necesidad de incorporar una ampliación de los créditos presupuestarios aprobados del orden de los 4 billones 517.086 millones de pesos, debido, tal como ya mencioné, a la evolución y a la proyección de las principales variables macro económicas, que en conjunto, muestran un aumento sustancial del costo de vida por sobre la pauta original incorporada en el presupuesto”, afirmó el ministro.

Tras dicha exposición ministerial, la legisladora Neira de UP había analizado sobre la situación con respecto a los impuestos porteños: “La crisis económica generada por el Gobierno de Javier Milei nos está llevando a una crisis financiera en la Ciudad. La recaudación tributaria porteña cayó en el primer bimestre del año un 34% y la nacional coparticipable subió 75% menos que la inflación en marzo. La recesión y la inflación nunca antes vista en la historia reciente, generan que la recaudación caiga y las necesidades de la población suban por la caída de los ingresos reales de las familias. Por esto, Jorge Macri plantea una modificación de la Ley Tarifaria”.

“En esta modificación, plantean varios aumentos: Suba del ABL. Suba de Patentes. Suba del Impuesto Inmobiliario. También incluyen una innecesaria suba de tarifas de parques públicos con recreos y piletas, ¡y hasta proponen la suba de tarifas para la cremación de ataúdes!”, alertó.

“Estas medidas no solo afectan a los sectores medios y populares -grandes perdedores del modelo de Javier Milei-, sino que además son tributos que no representan el grueso de la recaudación y pueden no ser pagados en momentos de crisis económica. Lo que sucede es que, frente a los distintos aumentos que nos llegan día a día -medicamentos (375% interanual), alimentos (329%), seguros médicos (114% solo en el 2024), etc.- es probable que la morosidad de estos tributos crezca; es decir, que no se paguen”, indicó Neira.

“Nuestro bloque tiene una batería de iniciativas para afrontar la caída de recaudación, sin afectar a la clase media y los sectores más vulnerables. Valdés propuso la renegociación del canon de todas las concesiones a privados otorgadas por el GCBA con actualización mensual por IPC. Matías Barroetavena planteó la modificación de las escalas de ABL e Imp. Inmobiliario para que las propiedades de mayor valor paguen más, y recuperar así la progresividad del tributo. En particular, hoy presentamos un proyecto para aumentar 1% la alícuota de Ingresos Brutos a los agentes del Sistema Financiero, evitando que recaiga en los préstamos a las PyMEs, aunque en este contexto el sistema de crédito está totalmente destruido en nuestro país”, concluyó.

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El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, anunció en la Sede Comunal 12 de Holmberg y Monroe que los vecinos pagarán menos por gestiones judiciales para regularizar deudas con la Ciudad en servicios como ABL, Patentes o Ingresos Brutos. Se oficializará mediante un Decreto local.

“El objetivo de estas medidas es encontrar mecanismos más equilibrados, más justos, para que los vecinos puedan ponerse al día con deudas que tienen con la Ciudad, deudas morosas que han contraído, pero que tienen que ver también con el contexto económico en el que vivimos”, dijo el mandatario en la Sede Comunal 12 junto al ministro de Justicia, Gabino Tapia, y el Procurador de la Ciudad, Martín Ocampo, y Germán Krivocapich, coordinador general de AGIP.

En la actualidad, a los vecinos que tienen deudas con el GCBA se les asigna un mandatario para que lleve adelante la gestión judicial. Hay unos 657.000 juicios de la AGIP que involucran la intervención de estos estos representantes.

El mandatario tiene garantizado un mínimo de honorarios sujeto a la Unidad de Medida Arancelaria (UMA), hoy de $ 68.285, definida por el sistema judicial.

Ese valor “ha ido distorsionando la proporción entre la deuda y el costo por el trabajo realizado que se fue volviendo muy superior a la deuda”, expone el GCBA. Jorge Macri dijo que se generó un sistema “injusto, sobre todo en lo que hace a deudas pequeñas”.

En un comunicado, el Gobierno porteño aseguró que el régimen vigente “ha provocado que muchos vecinos terminen sumando sumas desproporcionadas por estas gestiones judiciales”: “En algunos casos, incluso, con cifras de honorarios que han superado en un 260% a las deudas”.

El jefe de Gobierno puso este ejemplo: “Un vecino con una deuda de $50.000, tiene que pagar una suma de hasta $235.000 por la actualización de las unidades UMA. Ahora estamos cambiando ese sistema y estamos poniéndole un criterio de porcentaje. Esto significa que el porcentaje que se va a pagar al mandatario es del 20%. Si debés $50.000, vas a pagar $10.000 por esa deuda, lo que es absolutamente razonable”.

El cambio que impulsa el decreto del Jefe de Gobierno impone un tope y que se paguen “montos razonables en concepto de honorarios”: “Si el honorario es mayor que la deuda, se le pone un tope: no podrá ser más del 20%”.

También se unificarán todas las deudas en un solo reclamo judicial y se pagarán honorarios a un solo mandatario. “A modo de ejemplo, si se toma como referencia una deuda de patentes con obligaciones impagas durante tres años, 2020, 2021 y 2022, con montos estimativos de $50.000 por año, un vecino hoy tiene que afrontar tres juicios distintos, que son asignados a tres abogados diferentes. Y debe abonar a cada uno de ellos el honorario mínimo estipulado. Con la nueva disposición pagará lo que corresponde por la deuda, pero el valor de los honorarios se reduce a $120.000”, expuso el GCBA.

Por otra parte, se elevan los montos mínimos de deudas judicializables, que son las que toman los mandatarios: “En el caso de los impuestos de Inmobiliario/ABL y Patentes, el monto mínimo actual es de $148.900 y se propone elevarlo a $200.000, un 34% más”.

El Poder Ejecutivo enviará a la Legislatura un proyecto de Ley para elevar esos montos mínimos de deudas judicializables y para la condonación de deudas de muy menor valor cuya ejecución resulta antieconómica para la Ciudad.

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AySA informó que está llevando a cabo un programa de reducción de fugas en sus más de 24.000 kilómetros de redes de agua, utilizando tecnología satelital con el objetivo de recuperar 500.000m³ de agua potable por día, lo que equivale al consumo diario de 1 millón de habitantes. Esta tecnología permite optimizar los tiempos de localización y reparación de pérdidas difíciles de detectar, ya que no afloran en terreno al estar soterradas e invisibles.

Alejandro Barrio, Director Técnico y de Desarrollo Tecnológico, explicó: “El plan de búsqueda de fugas a través de satélites consiste en una nueva herramienta incorporada al programa de eficientización de redes y reducción de agua no contabilizada. El satélite actúa como un radar cuya señal penetra en el suelo detectando humedad. Gracias a esta tecnología se recibe una imagen con puntos geográficos, cada uno representando una potencial fuga.”

“Las acciones como la gestión de presiones y la renovación de redes buscan principalmente mejorar la eficiencia del servicio, evitando pérdidas de agua potable en el recorrido desde las plantas potabilizadoras hacia los hogares. Además, permiten llegar a más usuarios garantizando el caudal necesario para seguir expandiendo la red”, precisaron desde la empresa estatal.

Claudio Benjumeda, jefe del Departamento de Control de Agua No Contabilizada (CANC) en AySA, explicó: “La búsqueda, reparación y localización de fugas en las redes de agua son procesos vitales para la empresa, especialmente debido a nuestra gran concesión. Ahí es donde comenzamos a apoyarnos en tecnologías emergentes, como el diagnóstico por satélite de fugas de agua. Con esta herramienta, reducimos el 85% del área de búsqueda, concentrando todos nuestros recursos en los puntos de interés.”

El diagnóstico satelital tiene su origen en la búsqueda de agua en Marte por parte de la NASA. Aunque esta implementación es novedosa para la búsqueda de fugas en redes de agua, se ha utilizado durante mucho tiempo en agricultura y forestación.

A través de la geofonía, una herramienta que amplifica el sonido de las fugas invisibles, y con el uso de un accesorio llamado campana de suelo, se detecta la posición exacta de la fuga a lo largo del tramo de la cañería. Esto se realiza en zonas identificadas como “puntos
de interés” para una posterior reparación de las pérdidas detectadas.

“Este proyecto fusiona todas las lecciones aprendidas con las herramientas electroacústicas, como el correlador y el geófono, con la tecnología emergente del diagnóstico de imágenes por satélite”, agregó Claudio Benjumeda.

El proyecto iniciado en 2019 con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo incluyó dos trabajos piloto para evaluar la eficacia de la nueva tecnología. Con los resultados obtenidos, AySA decidió avanzar y en 2023 comenzaron los trabajos de diagnóstico satelital en toda su área de concesión con el objetivo de detectar las zonas más críticas.

Alejandra Bettig, gerenta de Recupero de Agua No Contabilizada (RANC), explicó: “La eficacia se mide por la cantidad de fugas detectadas por kilómetro. Históricamente estábamos en 1,5 fugas/km y con esta tecnología, luego de haber recorrido aproximadamente 17.000km de redes, estamos en un promedio de 8,5 fugas/km”. Detalló además que las búsquedas se organizan en lotes de 4.000 kilómetros y que, de estas verificaciones, se detectan los tramos de cañerías con alta probabilidad de fugas.

“La búsqueda de fugas de agua potable con ayuda satelital es una de las herramientas utilizadas dentro del ambicioso plan de AySA para hacer aún más eficiente el recupero de agua potable durante el recorrido de sus redes y la reducción de los gastos asociados a la producción del servicio”, destacaron desde la empresa.

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