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Zona Norte

Detienen a la empleada doméstica del abogado y su mujer asesinados en su casa de Vicente López

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La empleada doméstica de un abogado jubilado de 74 años y su esposa de 72 hallados asesinados ayer a balazos dentro de su automóvil en el garaje de su casa en el partido bonaerense de Vicente López, fue detenida anoche y puesta disposición de la justicia, informaron hoy fuentes judiciales.

Se trata de la empleada doméstica María Ninfa Aquino, de nacionalidad paraguaya (64), quien fue detenida anoche en su domicilio de Pablo Podestá, y será indagada en las próximas horas acusada de haber participado del hecho, indicaron las fuentes que, a la vez, indicaron que hubo robo de dinero y joyas de la vivienda, entre otros valores.

Tal como se informó ayer, Enrique Del Río (74) recibió tres disparos en su cuerpo, y Mercedes Alonso (72) fue ejecutada de un tiro en la nuca, cuyos cadáveres y supuestamente habían sido encontrados por la empleada dentro de un auto Mercedes Benz que estaba en la cochera de su casa situada en la calle Melo al 1100, esquina Gaspar Campos, del mencionado partido del norte del conurbano.

Además de abogado jubilado, los voceros indicaron que Del Río tuvo un breve paso por la Policía Federal Argentina (PFA), tenía una relación comercial con una empresa de seguridad privada y era propietario de playas de estacionamiento en la Capital Federal.

“Ella explicó que comenzó a recorrer los distintos ambientes hasta que recién casi una hora después encontró a las víctimas asesinadas dentro del auto en el garaje”, dijo uno de los investigadores a Télam.

La mujer alertó a la policía y poco después arribó al lugar una ambulancia del SAME y personal de la comisaría 5ta. de Balneario, con jurisdicción en la zona.

Los policías determinaron que ambos se hallaban dentro del Mercedes Benz E350 con los cinturones de seguridad colocados, la mujer del lado del conductor y el hombre como acompañante.

Los forenses que revisaron los cadáveres advirtieron, en principio, que Del Río presentaba un balazo en la zona de la clavícula, otro en el intercostal derecho y el restante en una pierna, mientras que su esposa, un tiro en la nuca.

Dos jefes policiales indicaron a Télam que pese a que el trabajo de los peritos no concluyó, todo indica que se trata de un “doble homicidio” cometido por un tercero y que, si bien aún no se puede descartar ninguna hipótesis, la línea investigativa principal es que el móvil de este doble asesinato esté ligado a un robo.

Es que los pesquisas constataron, en base al relato de otros familiares, faltantes de algunos objetos de valor, aunque por el momento no fueron precisados.

Una de las fuentes consultadas indicó que a simple vista no se detectó ninguna puerta, ventana o abertura forzada y otro investigador aclaró que por el momento no se hallaron armas de fuego dentro del auto o la propiedad.

Luego de que el personal médico constatara que las víctimas estaban fallecidas, la Policía preservó el lugar del hecho.

Si bien la casa tenía cámaras de seguridad no solo en el ingreso a la propiedad sino también en varios de los ambientes, el o los delincuentes que concretaron el crimen se llevaron el disco rígido en el cual quedan registradas las imágenes.

La causa está a cargo del fiscal de turno Martín Gómez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Vicente López Este, pero ante la posible complejidad del caso, el fiscal general de San Isidro, John Broyad, decidió sumar para la investigación a un segundo fiscal del mismo distrito, Alejandro Musso.

En la escena del crimen, Gómez y Musso daban esta tarde las directivas y coordinaban las tareas investigativas, entre ellas un análisis de las cámaras de seguridad municipales y privadas de la zona, que pudieran haber captado los últimos movimientos de la pareja.

A nivel policial, trabajaban efectivos de la Estación de Policía Departamental de Seguridad (EPDS) de Vicente López, de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro y peritos de la División Casos Especiales de la Superintendencia de Policía Científica.

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Zona Norte

Previo a la votación de la Ley Bases, jubilados protestaron en Puente Saavedra

Un grupo de adultos mayores marchó por avenida Maipú sobre el carril hacia la avenida General Paz. El Metrobus funcionó con normalidad.

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En la previa del tratamiento de la Ley Bases en el Senado de la Nación, un grupo de jubilados autoconvocados protestó este martes por la mañana sobre la avenida Maipú, frente al Puente Saavedra.

Varios adultos mayores se movilizaron por Maipú sobre el carril hacia la avenida General Paz. El Metrobus funcionó con normalidad.

“Los jubilados no somos casta”, estaba impreso en un pasacalle que los manifestantes llevaban al frente de la protesta.

Este miércoles desde el mediodía el Senado de la Nación tratará la Ley Bases promovida por el Gobierno nacional de Javier Milei, que ya viene con media sanción en Diputados. La votación está ajustada entre quienes quieren validarla y los bloques opositores que buscan su caída.

En ese contexto, la semana pasada Diputados dio media sanción a un proyecto de Ley para implementar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, pensando en la recuperación de ingresos sufridos en los primeros meses de la gestión libertaria.

El presidente Javier Milei amenazó con vetarla ya que, según expresó, esta fórmula atenta con el superávit fiscal del Gobierno nacional.

En tanto, hay rumores sobre una estrategia del peronismo de querer incluir este proyecto en la sesión del Senado del miércoles.

Por otra parte, en el Gobierno hay malestar por la intención de sectores de la llamada oposición dialoguista para introducir más cambios al articulado de la Ley Bases.

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Zona Norte

El Ejército inició el reparto de alimentos guardados por Capital Humano en Villa Martelli

El ministerio a cargo de Sandra Pettovello informó que tardarán dos semanas en entregar toda la mercadería en comedores y merenderos pertenecientes a la Fundación Cooperadora para la Nutrición Infantil (Conin).

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Este martes por la mañana el Ejército se hizo presente con una gran cantidad de camiones en el depósito de Villa Martelli, en Vicente López, en el cual están acopiados miles de kilos de alimentos en poder del Ministerio de Capital Humano.

Fuentes del ministerio a cargo de Sandra Pettovello informaron que en las próximas semanas se distribuirán en todo el país. También existe otro galpón en Tafí Viejo, en Tucumán.

Este operativo lo encabezan el Ejército y el Ministerio de Defensa de la Nación  “para garantizar una logística rápida y sin intermediarios”, según la cartera a cargo de Luis Petri.

Este martes por la mañana ocho camiones del Ejército cargaron 460.000 kilos de leche en polvo (diluidos equivalen a 4.000.000 de litros) para distribuirlos en 22 comedores y merenderos pertenecientes a la Fundación Cooperadora para la Nutrición Infantil (Conin).

“Nosotros podemos distribuir donde tenemos centros Conin. La intención no es que podamos cubrir las necesidades de los comedores y merenderos de todo el país en cualquier lugar, sino que nos han pedido que cubramos la zona donde tenemos centros”, expresó Álvarez Rivero, director Ejecutivo de Conin.

A media tarde, un camión del Ejército empezó a bajar parte de la mercadería en un local ubicado en el barrio La Teja de Merlo. Lo mismo ocurría en la provincia de Tucumán.

Y agregó: “Lo que vamos a hacer, lo mismo que hacemos todos los días, es entregar la leche junto con otros alimentos que entregamos en los centros a las familias de los niños que atendemos”.

“Además, apadrinamos una serie de comedores y merenderos aledaños a cada uno de los centros del país a los cuales asistimos de diferente manera”, dijo Álvarez Rivero. Según puntualizó son alrededor de “400 comedores y merenderos”.

El dirigente social Juan Grabois había presentado una denuncia contra la ministra Pettovello para que repartiera los alimentos entre los comedores, ya que muchos vencían en breve. El juez federal Sebastián Casanello ordenó la semana pasada que Capital Humano presentara en 72 horas de un plan para distribuirlos, pero fue apelado por la cartera.

El Gobierno distribuyó 1.132.491 kilos de comida entre diciembre y marzo, cuando decidió cortar el suministro a casi todas las organizaciones sociales. Esto es cerca de una sexta parte de lo que tiene almacenado en este momento, que son 3.627.815 kilos en Villa Martelli y 2.275.172 en Tafí Viejo, un total de 5.902.987 kilos, es decir, casi 6000 toneladas de comida, repasa La Nación. En las últimas semanas, sin embargo, se comunicó que el total era de cinco toneladas y que el 60% de lo almacenado era yerba mate.

De todos modos, este sábado la Justicia federal, por pedido del juez Casanello y la fiscal Paloma Ochoa, relevó la mercadería y se hallaron diferencias entre la cantidad de alimentos reportados anteriormente por Capital Humano y lo que efectivamente había en los galpones.

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Zona Norte

Protesta frente a la Quinta de Olivos contra la desregulación de prestaciones para personas con discapacidad

El Foro Permanente de Discapacidad exige que el Gobierno nacional revea esta medida que “puede entorpecer la universalización de la atención de las personas con discapacidad, derecho que se obtuvo hace ya más de 25 años”.

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Entidades civiles y prestadores, reunidos en el Foro Permanente de Discapacidad, protestaron este miércoles por la mañana frente a la Quinta de Olivos, en Vicente López, contra las medidas de desregulación del Sistema Único de Prestaciones Básicas de las Personas con Discapacidad impulsadas por el Gobierno nacional de Javier Milei. Hay un operativo policial y se encuentra cortada la avenida Maipú, entre las calles Malaver y Villate, mano hacia el norte.

Bajo el lema “Basta de ajuste en discapacidad”, esta protesta se replica en otros puntos del país.

Los organizadores de la movilización señalaron a través de un comunicado que el 10 de mayo el Gobierno nacional dio a conocer un proyecto de decreto presidencial que establece que los organismos públicos financiadores de las prestaciones para las personas con discapacidad establecidas por la Ley 24.901 se fijarán de forma independiente a los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el nomenclador de prestaciones básicas. En las últimas horas se filtró un borrador sobre la posible redacción final del texto.

“Esta decisión va a generar la ruptura de un logro fundamental: que las personas con discapacidad sean atendidas en los servicios categorizados por el estado o por profesionales sin importar su situación económica, mientras tengan una obra social, sean de PAMI o cuenten con una pensión o prepaga. La consecuencia de no tener un arancel acorde al costo del servicio, es que aquellos que no respondan a la realidad económica que implica brindar un servicio categorizado educativo, terapéutico, de salud, de alojamiento, transporte o asistencial van a dejar de contar con ello. Además de la desigualdad que implica esto, también se producirá una pérdida esencial en la calidad de vida de más de 200.000 personas con discapacidad, expresaron.

En caso de implementarse el decreto presidencial, “se agravará la ya importante crisis económica de los prestadores categorizados que tienen que cumplir con una serie de exigencias impuestas por el Estado”.

“Actualmente no se ha podido establecer un mayor aumento, que está atrasado en un 100% para el transporte y en un 45% para el resto de las prestaciones, por la presión de uno de los organismos financiadores. Dicha situación ha llevado a un desfinanciamiento y endeudamiento de los prestadores que están al borde del colapso. Y esto marca lo que puede pasar en el corto plazo si se publica dicho decreto”, sumaron.

Por eso, las entidades del Foro exigen al Gobierno nacional que revea esta medida que “puede entorpecer la universalización de la atención de las personas con discapacidad, derecho que se obtuvo hace ya más de 25 años”.

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