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Zona Norte

Doble crimen en Vicente López: la Justicia absolvió a la empleada “Nina” Aquino

La trabajadora doméstica quedó totalmente desvinculada de la causa en la que estuvo imputada y detenida durante 13 días como presunta “entregadora” del matrimonio Del Río.

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María Ninfa “Nina” Aquino, la empelada doméstica del matrimonio Del Rio asesinado en agosto pasado en su casona de Vicente López, quedó totalmente desvinculada de la causa, en la que estuvo imputada y detenida durante 13 días como presunta “entregadora” del doble crimen, informaron hoy fuentes judiciales.

El juez de Garantías 1 de San Isidro, Ricardo Costa, dictó en las últimas horas el sobreseimiento “de manera total” de la mujer, en coincidencia con lo que había planteado tanto la defensa particular y que había sido avalado en un dictamen por los propios fiscales.

“(…) ante la imposibilidad de comprobar, siquiera en forma precaria, la participación de Aquino Chamorro el hecho descripto por el acusador público, se impone sin más dictar el sobreseimiento de la intimada, (…) desde que no aparece razonable, objetivamente, prever la incorporación de nuevos elementos de cargo, que modifiquen el cuadro hasta el momento existente”, señaló el juez en su fallo de ocho páginas al que accedió Télam.

“Así, llegada esta instancia del proceso, advierto que se configura un cuadro de certeza negativa que me permite afirmar que la señora Aquino Chamorro no ha participado en el hecho (…) no sólo por haberse desvirtuado la incriminación” que le realizó Martín Del Río, el hijo de las víctimas procesado con prisión preventiva por el doble crimen, sino también por haberse corroborado el descargo que aquella ensayara al deponer en forma injurada, rechazando esa imputación”, indicó.

En el mismo fallo, el juez tomó conocimiento de la prórroga de la investigación penal preparatoria por dos meses dispuesta por la fiscal Marcela Constanza Semería.

Por su parte, el abogado Hugo López Carribero, defensor de “Nina”, adelantó a Télam que la mujer dará mañana a las 8.30 una conferencia de prensa en su estudio jurídico situado en Monseñor Marcón 2584, de San Justo, partido de La Matanza, donde contará “toda la verdad” sobre el caso.

El 7 de febrero pasado, los fiscales que investigan el asesinato del matrimonio Del Rio dictaminaron a favor de un pedido de la defensa para que sea sobreseída de la causa por el doble homicidio.

En un dictamen de tres fojas al que tuvo acceso Télam, el fiscal Alejandro Musso consideró que “de acuerdo al estado actual de la investigación y lo sostenido por el equipo de colegas, en este estadio procesal corresponde hacer lugar al sobreseimiento de Nina Aquino” en la causa por el doble crimen de José Enrique Del Rio (75) y María Mercedes Alonso (72).

De esta manera, el equipo de fiscales que integran, además de Musso, sus colegas Semería y Martín Gómez, avalaron lo solicitado seis días antes por el abogado López Carribero.

“Cierto es que en los albores de la investigación y de acuerdo a las probanzas colectadas, Aquino inexorablemente ha sido vinculada al quehacer delictivo, no sólo por las diligencias preliminares efectuadas sino además el halo de sospecha que claramente, a la luz de la sustanciación de la investigación, se ha visibilizado como una construcción del ahora imputado Martín Del Rio”, dijo el fiscal Musso en el dictamen.

El 3 de noviembre del año pasado, el juez Costa ya había rechazado un planteo similar presentado por la defensa de Aquino para que sea sobreseída.

Pero en aquella oportunidad, los fiscales se habían opuesto a la libertad de Aquino, la mujer de nacionalidad paraguaya que trabajaba hace 12 años en la casa de las víctimas y estuvo 13 días detenida acusada como “entregadora”.

En su resolución de aquel momento, el juez consideró que era “prematuro” dictar el sobreseimiento de la empleada doméstica.

Del Rio padre y su esposa Alonso aparecieron asesinados -él de tres balazos y ella de uno- el pasado 25 de agosto en el interior de su automóvil en el garaje de su casona de la calle Melo 1101, de Vicente López.

Si bien la empleada “Nina” Aquino fue la primera detenida, el juez de la causa la liberó por falta de pruebas y el 7 de septiembre los fiscales detuvieron al hijo menor de los fallecidos, Martín, como supuesto autor de un doble parricidio.

En base a prueba fílmica, tecnológica y testimonial recopilada por la fiscalía, el juez Costa dictó la prisión preventiva de Del Rio como autor de un “doble homicidio calificado por alevosía, por el vínculo, por el uso de arma de fuego y por ser criminis causa” (matar para lograr la impunidad), delito que prevé como única pena la prisión perpetua.

Para los fiscales, el móvil fue económico y está vinculado a la frustrada operación inmobiliaria por la cual las víctimas pensaban que ese mismo día iban a mudarse a un lujoso departamento del barrio porteño de Núñez, valuado en más de un millón y medio de dólares, y que Del Rio hijo nunca pudo concretar.

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Previo a la votación de la Ley Bases, jubilados protestaron en Puente Saavedra

Un grupo de adultos mayores marchó por avenida Maipú sobre el carril hacia la avenida General Paz. El Metrobus funcionó con normalidad.

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En la previa del tratamiento de la Ley Bases en el Senado de la Nación, un grupo de jubilados autoconvocados protestó este martes por la mañana sobre la avenida Maipú, frente al Puente Saavedra.

Varios adultos mayores se movilizaron por Maipú sobre el carril hacia la avenida General Paz. El Metrobus funcionó con normalidad.

“Los jubilados no somos casta”, estaba impreso en un pasacalle que los manifestantes llevaban al frente de la protesta.

Este miércoles desde el mediodía el Senado de la Nación tratará la Ley Bases promovida por el Gobierno nacional de Javier Milei, que ya viene con media sanción en Diputados. La votación está ajustada entre quienes quieren validarla y los bloques opositores que buscan su caída.

En ese contexto, la semana pasada Diputados dio media sanción a un proyecto de Ley para implementar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, pensando en la recuperación de ingresos sufridos en los primeros meses de la gestión libertaria.

El presidente Javier Milei amenazó con vetarla ya que, según expresó, esta fórmula atenta con el superávit fiscal del Gobierno nacional.

En tanto, hay rumores sobre una estrategia del peronismo de querer incluir este proyecto en la sesión del Senado del miércoles.

Por otra parte, en el Gobierno hay malestar por la intención de sectores de la llamada oposición dialoguista para introducir más cambios al articulado de la Ley Bases.

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El Ejército inició el reparto de alimentos guardados por Capital Humano en Villa Martelli

El ministerio a cargo de Sandra Pettovello informó que tardarán dos semanas en entregar toda la mercadería en comedores y merenderos pertenecientes a la Fundación Cooperadora para la Nutrición Infantil (Conin).

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Este martes por la mañana el Ejército se hizo presente con una gran cantidad de camiones en el depósito de Villa Martelli, en Vicente López, en el cual están acopiados miles de kilos de alimentos en poder del Ministerio de Capital Humano.

Fuentes del ministerio a cargo de Sandra Pettovello informaron que en las próximas semanas se distribuirán en todo el país. También existe otro galpón en Tafí Viejo, en Tucumán.

Este operativo lo encabezan el Ejército y el Ministerio de Defensa de la Nación  “para garantizar una logística rápida y sin intermediarios”, según la cartera a cargo de Luis Petri.

Este martes por la mañana ocho camiones del Ejército cargaron 460.000 kilos de leche en polvo (diluidos equivalen a 4.000.000 de litros) para distribuirlos en 22 comedores y merenderos pertenecientes a la Fundación Cooperadora para la Nutrición Infantil (Conin).

“Nosotros podemos distribuir donde tenemos centros Conin. La intención no es que podamos cubrir las necesidades de los comedores y merenderos de todo el país en cualquier lugar, sino que nos han pedido que cubramos la zona donde tenemos centros”, expresó Álvarez Rivero, director Ejecutivo de Conin.

A media tarde, un camión del Ejército empezó a bajar parte de la mercadería en un local ubicado en el barrio La Teja de Merlo. Lo mismo ocurría en la provincia de Tucumán.

Y agregó: “Lo que vamos a hacer, lo mismo que hacemos todos los días, es entregar la leche junto con otros alimentos que entregamos en los centros a las familias de los niños que atendemos”.

“Además, apadrinamos una serie de comedores y merenderos aledaños a cada uno de los centros del país a los cuales asistimos de diferente manera”, dijo Álvarez Rivero. Según puntualizó son alrededor de “400 comedores y merenderos”.

El dirigente social Juan Grabois había presentado una denuncia contra la ministra Pettovello para que repartiera los alimentos entre los comedores, ya que muchos vencían en breve. El juez federal Sebastián Casanello ordenó la semana pasada que Capital Humano presentara en 72 horas de un plan para distribuirlos, pero fue apelado por la cartera.

El Gobierno distribuyó 1.132.491 kilos de comida entre diciembre y marzo, cuando decidió cortar el suministro a casi todas las organizaciones sociales. Esto es cerca de una sexta parte de lo que tiene almacenado en este momento, que son 3.627.815 kilos en Villa Martelli y 2.275.172 en Tafí Viejo, un total de 5.902.987 kilos, es decir, casi 6000 toneladas de comida, repasa La Nación. En las últimas semanas, sin embargo, se comunicó que el total era de cinco toneladas y que el 60% de lo almacenado era yerba mate.

De todos modos, este sábado la Justicia federal, por pedido del juez Casanello y la fiscal Paloma Ochoa, relevó la mercadería y se hallaron diferencias entre la cantidad de alimentos reportados anteriormente por Capital Humano y lo que efectivamente había en los galpones.

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Zona Norte

Protesta frente a la Quinta de Olivos contra la desregulación de prestaciones para personas con discapacidad

El Foro Permanente de Discapacidad exige que el Gobierno nacional revea esta medida que “puede entorpecer la universalización de la atención de las personas con discapacidad, derecho que se obtuvo hace ya más de 25 años”.

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Entidades civiles y prestadores, reunidos en el Foro Permanente de Discapacidad, protestaron este miércoles por la mañana frente a la Quinta de Olivos, en Vicente López, contra las medidas de desregulación del Sistema Único de Prestaciones Básicas de las Personas con Discapacidad impulsadas por el Gobierno nacional de Javier Milei. Hay un operativo policial y se encuentra cortada la avenida Maipú, entre las calles Malaver y Villate, mano hacia el norte.

Bajo el lema “Basta de ajuste en discapacidad”, esta protesta se replica en otros puntos del país.

Los organizadores de la movilización señalaron a través de un comunicado que el 10 de mayo el Gobierno nacional dio a conocer un proyecto de decreto presidencial que establece que los organismos públicos financiadores de las prestaciones para las personas con discapacidad establecidas por la Ley 24.901 se fijarán de forma independiente a los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el nomenclador de prestaciones básicas. En las últimas horas se filtró un borrador sobre la posible redacción final del texto.

“Esta decisión va a generar la ruptura de un logro fundamental: que las personas con discapacidad sean atendidas en los servicios categorizados por el estado o por profesionales sin importar su situación económica, mientras tengan una obra social, sean de PAMI o cuenten con una pensión o prepaga. La consecuencia de no tener un arancel acorde al costo del servicio, es que aquellos que no respondan a la realidad económica que implica brindar un servicio categorizado educativo, terapéutico, de salud, de alojamiento, transporte o asistencial van a dejar de contar con ello. Además de la desigualdad que implica esto, también se producirá una pérdida esencial en la calidad de vida de más de 200.000 personas con discapacidad, expresaron.

En caso de implementarse el decreto presidencial, “se agravará la ya importante crisis económica de los prestadores categorizados que tienen que cumplir con una serie de exigencias impuestas por el Estado”.

“Actualmente no se ha podido establecer un mayor aumento, que está atrasado en un 100% para el transporte y en un 45% para el resto de las prestaciones, por la presión de uno de los organismos financiadores. Dicha situación ha llevado a un desfinanciamiento y endeudamiento de los prestadores que están al borde del colapso. Y esto marca lo que puede pasar en el corto plazo si se publica dicho decreto”, sumaron.

Por eso, las entidades del Foro exigen al Gobierno nacional que revea esta medida que “puede entorpecer la universalización de la atención de las personas con discapacidad, derecho que se obtuvo hace ya más de 25 años”.

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