Legislatura: piden informes al GCBA sobre la identificación padres que acatan el DNU presidencial

Desde el Frente de Todos solicitan que se aclare si el Ministerio de Educación es el promotor de estas acciones vinculadas a la inasistencia a clases presenciales. Dijeron que se necesita “diálogo sincero y constructivo, sin amenazas ni mensajes intimidatorios” para abordar la cuestión educativa.

Legisladores porteños del Frente de Todos presentaron un pedido de informes en la Legislatura para que el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires brinde precisiones sobre los correos electrónicos enviados por la Supervisión del Distrito Escolar N° 10 (a cargo de escuelas de Saavedra, Núñez y Belgrano) que buscaban identificar a las familias que desde el 19 de abril no envían a sus hijos a las clases presenciales en acatamiento al DNU presidencial.

Según los propios mails, el objetivo era dejar constancia de la situación y “dar respuesta judicial por vulnerar al menor de su derecho a la educación”.

Como se informó, por el tono de los correos electrónicos muchas personas de las comunidades educativas pensaron que eran montajes o noticias falsas para generar debate en redes sociales. No obstante, desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE – CTERA), en base a información de sus afiliados, se dio por cierta esta situación. Familias y docentes se comunicaron con los legisladores y dieron fe de los mails.

El pedido de informes solicita que el Gobierno porteño ratifique que la casilla de correo mencionada sea la verdaderamente utilizada por las autoridades educativas.

Asimismo, los legisladores porteños piden confirmar si “el Ministerio de Educación o los Equipos de Supervisión han solicitado a los Equipos de Conducción y/o a madres, padres y/o tutores de estudiantes del sistema educativo de la Ciudad, que envíen un correo electrónico, declaración jurada o escrito similar en relación al DNU 241/2021, o en referencia a las actividades de educación presencial”.

La defensa del pedido de informes se hace eco de “varias denuncias por parte de trabajadores y familias de la comunidad educativa sobre presiones y amenazas por parte del Poder Ejecutivo de la Ciudad en relación a la cuestión de la presencialidad en las aulas de las escuelas porteñas”.

Puntualizan sobre la situación en Saavedra, Belgrano y Núñez: “En este sentido, se ha hecho público un correo electrónico en el cual la Supervisión Escolar del D.E. N° 10 les solicita a los Equipos de Conducción que envíen un listado de correos electrónicos de las familias que hayan manifestado adherir al DNU (240/2021) a fin de darles respuesta vía judicial”.

Allí repasan lo ocurrido: “El correo electrónico desde el cual se envió esta inapropiada e intimidatoria comunicación no tiene un dominio oficial como lo son “@buenosaires.gob.ar” o “@bue.edu.ar”, sino que fue enviada desde una cuenta del servidor de correos electrónicos de Google, Gmail. Sin embargo, dado su carácter amenazante y que varios de los receptores han dado fe de su veracidad, debemos tomarnos muy en serio tales denuncias”.

Ante el panorama vigente, los legisladores reflexionan: “Este tipo de hechos, junto con otras intimidaciones del mismo tenor y gravedad no son extraños dentro de la comunidad educativa. Así, hemos tomado conocimiento de que se ha amenazado a nuestros docentes con la aplicación de distintas sanciones en caso de que decidieran dictar las clases en forma virtual, descuentos salariales en caso de que realicen un paro para proteger su salud, y hasta la pérdida de vacante por parte de las niñas y los niños que no concurrieran a la escuela por estos días”.

Sobre distintos fallos dados a conocer en estos días: “Al frente de todo esto se encuentra el Poder Ejecutivo porteño, que insiste en su decisión de mantener las clases presenciales. La selectividad institucional que hace el Jefe de Gobierno al sostener su postura es vergonzosa, cuando existe un fallo de la Justicia Federal declarando la incompetencia de los tribunales porteños para entender en el conflicto sobre la constitucionalidad del DNU 241/2021. Además, este fue debidamente notificado de la resolución dictada por el Juez Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad, Guillermo Scheibler, quien hizo lugar a una medida cautelar determinando que el poder Ejecutivo debe garantizar la escolaridad virtual, no computar faltas a los alumnos que no concurran a los establecimientos educativos, y continuar garantizándoles sus vacantes”.

Para concluir, los legisladores manifiestan: “La real defensa de las chicas, chicos y adolescentes debería estar en el aumento y ejecución del presupuesto educativo; en la entrega de dispositivos electrónicos y conexiones a internet que garanticen inclusión y continuidad en el vínculo pedagógico; en el aseguro de todas las vacantes necesarias según lo ordena la Constitución de la Ciudad; en la defensa de los derechos de las y los trabajadores docentes y no docentes; en el respeto a las elecciones de las familias que priorizan en un momento tan crítico la salud de sus chicas y chicos y, sobre todo, en un diálogo sincero y constructivo, sin amenazas ni mensajes intimidatorios a la comunidad educativa”.