Luego de la manifestación realizada ayer en Parque Saavedra, el fiscal Miguel Ángel Ramón Kessler, responsable de la Fiscalía PCyF Nº 5 de la Unidad Fiscal Norte, habló en exclusiva con Saavedra Online sobre la polémica en torno al desalojo del predio de Vilela y Melián y el posterior fallecimiento de Bernardino “Tuli” Micieli, casi tres meses después.

El funcionario judicial contó a este medio que tomó intervención el día 12 de mayo -porque entre el 1 y el 15 de cada mes es el tiempo en que toca su turno rotativo- ante el presunto delito de usurpación del terreno. Agregó que esa causa quedó archivada sin personas imputadas.

Repasó que el día 11 de mayo, la Comuna 12 hizo un operativo para fumigar el predio, tras varias denuncias vecinales. En el mismo encontraron grandes cantidades de basura y vehículos destartalados. En medio, vivía Tuli, quien esa jornada quedó fuera del predio.

“No descarto que Bernardino tuviera cierta decisión voluntaria de vivir de esa manera, puedo respetar eso, pero las condiciones en las que estaba eran infrahumanas,”, señaló.

Fiscal Ramón Kessler. Foto: Captura de Video “Jusac”

En este sentido, Kessler hace notar que el lugar era un “basural, un foco de enfermedades” y comprometía al Gobierno porteño que “por omisión estaba cometiendo una irregularidad al no limpiar el terreno”. Agregó que hay denuncias antiguas de vecinos por este problema.

Por otra parte, el fiscal hizo hincapié en las condiciones en que estaba Bernardino. “Si sus allegados permitieron que viviera así no hay que descartar que se haya tratado de una situación de abandono de persona”, dijo.

El fiscal evocó que al día siguiente de la fumigación, el 12 de mayo, un grupo de personas que se presentaron como familiares “se metió en el predio y cerró con candado” y “quedaron adentro equipos del Gobierno porteño”. “Ahí es donde intervengo ante el presunto delito de usurpación”. “El sumario acredita que Bernardino estaba junto a ellos”, suma.

“No había orden de desalojo ni orden de allanamiento. No hubo desalojo porque no había sentencia dispuesta por un juicio. Entre el 11 y el 12 de mayo cambió el eje de lo ocurrido en ese predio. La policía me contacta por la presencia de la gente que ocupaba un predio que pertenecería al GCBA. Entonces aplico el protocolo para delitos de usurpación, es un acuerdo básico común que aplican las fiscalías. Se empieza un dialogo con la gente del lugar. Para evitar un procedimiento que incluya detenciones, las personas que estaba adentro tuvieron ese día, por mi indicación, ayuda y asesoramiento legal de la Defensoría oficial. Y los insté a que abandonen el lugar por sus propios medios. Así ocurrió”, sostuvo Kessler.

“Las personas decían ser sobrinos e hijos de Bernardino. Hasta el día de hoy no acreditaron el vínculo. Incluso hay una persona que se escapó por los techos que no pudimos identificar”, señaló el fiscal.

“En ese momento se le ofrece a Bernardino asistencia del SAME, ser trasladado al Hospital Pirovano. Él rechazó la ayuda médica y si bien dijo que no se quería ir, se fue con una hija a Villa Martelli. Nosotros no podíamos obligarlo a que se subiera a una ambulancia”.

“En el lugar se hizo presente la hermana de Bernardino, llamada Elsa, de 77 años y domiciliada en Florida, Vicente López. Ella exhibió una copia de un boleto de compraventa celebrado en marzo de 1962, según el cual un tal Macías le vende a Luis Micieli esta propiedad que estaba sujeta a expropiación” pero “no hay un documento que vincule a Luis con Bernardino”,  detalló Kessler.

El fiscal dice que “está discutida la propiedad”. “En ese documento de 1962 no se acredita que los firmantes sean quienes dicen ser”. “No se sabe si Luis Micieli compró esta propiedad a sabiendas de que iba ser expropiada, o si la compró para tenerla en su posesión un tiempo”. Agrega que “por medio de la documentación no se establece una relación entre Luis y Bernardino, tampoco si hay una transferencia” del inmueble.

El fiscal dijo que encontró la documentación de una denuncia hecha por vecinos en 2014 ante la Unidad Fiscal Norte donde “dicen que hay parte de ese inmueble (donde habitaba Bernardino) que es público”.

El funcionario agrega que rastreó una sentencia de la Justicia Civil de 1988 que ratifica el carácter de público del inmueble y que en la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires figura la misma información. Asevera que los abogados de este organismo porteño están al tanto de los sucesos del 11 y 12 de mayo.

Kessler señaló que, a futuro, la familia puede continuar con su reclamo “en otro ámbito de la Justicia como la procuración o el fuero Civil”.