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Zona Norte

El Gobierno nacional le pide a la Justicia la nulidad de los contratos de las autopistas Norte y Oeste

Alberto Fernández cuestionó los convenios firmados en 2018 por la administración del entonces presidente Mauricio Macri: “han generado un enorme daño económico al Estado nacional y, fundamentalmente, a los usuarios”.

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El presidente Alberto Fernández anunció hoy la firma de un decreto por el cual ordena iniciar una acción judicial para lograr la nulidad de los contratos de concesión de las autopistas de los accesos Norte y Oeste a las empresas Autopistas Del Sol S.A. (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO), respectivamente.

“Son contratos que, a nuestro juicio, son absolutamente distorsivos y han generado un enorme daño económico al Estado nacional y, fundamentalmente, a los usuarios”, señaló el mandatario sobre los convenios firmados en 2018 por la administración del entonces presidente Mauricio Macri.

El mandatario hizo el anuncio desde la Casa Rosada, junto al ministro de Obras Púbicas Gabriel Katopodis, quien recibió el encargo de gestionar la nulidad de los contratos ante el fuero contencioso administrativo federal.

Cifras difundidas hoy indican que, de acuerdo con los contratos firmados en la época de Macri, y según lo solicitado por las empresas, en algunas estaciones de peaje se debería estar pagando 1.830 pesos si no hubiera actuado el Gobierno meses atrás para establecer los valores.

En la presentación, Fernández subrayó que el Gobierno nacional “lleva adelante una política tendiente a ordenar el sistema de las autovías concesionadas”.

“Hemos recuperado para el Estado 7.000 kilómetros que estuvieron concesionados y hoy administra el Estado, con buenos resultados”, manifestó.

Además, anticipó que la demanda que el Estado presentará en la Justicia por la concesión de las autopistas de los accesos Norte y Oeste “seguramente será acercada como prueba” en la justicia penal federal, “donde se investigan estos contratos en la llamada causa Peajes”, en la que se investiga la renegociación de contratos para la concesión de autovías durante el Gobierno de Cambiemos.

“Tenemos que poner un punto de inflexión y no permitir más que haya personas de los dos lados del mostrador”, afirmó el jefe de Estado.

“Estamos acá como servidores públicos para defender los intereses del Estado y de la gente; por ese motivo estamos pidiéndole a la Justicia que anule estos contratos y que cautelarmente nos devuelva la administración de estas vías para impedir que se termine perfeccionando lo que claramente son contratos leoninos en perjuicio del Estado”, completó.

En esta línea, reafirmó que “el mejor Estado es el Estado que no es tonto, es el que cuida el patrimonio de todos, es el que no da ventajas y permite que alguien gane mucho en desmedro de, en este caso, los usuarios de estas autopistas.

“Lo que vamos a reclamar es que estas cosas dejen de suceder de una vez y para siempre en el Estado argentino”, concluyó.

La cartera que conduce Katopodis se presentará en la Justicia para que se declare la “lesividad y nulidad” de los contratos de concesión a Ausol S.A., al advertir que esa negociación llevada adelante por la administración de Mauricio Macri fue hecha “a medida de las empresas”.

“Hubo un negociado de los peajes que es escandaloso y por el que el Presidente me ha indicado iniciar las acciones legales en los tribunales contenciosos administrativos federales”, consignó el ministro, y sostuvo que no hubo “ninguna justificación ni parámetro” para consolidar la deuda a favor de las empresas concesionarias.

“En el transcurso de 2018, el Gobierno de Macri dictó dos decretos, los 608 y 607, de renegociación de los contratos de concesión y adjudicación de esos corredores viales, con un conjunto de acciones que, después de un minucioso análisis, establecimos como ‘de vicio’ y que determinan la nulidad absoluta”, reseñó.

Ambos decretos tienen por objeto la cancelación de una presunta deuda por un monto por parte del Estado nacional en U$S 813.143.839,52 (U$S 540.522.269,52 para Ausol y U$S 272.621.570 para GCO).

Katopodis advirtió que Macri “otorgó una dolarización al contrato” de las autopistas sin que hubiera “ningún componente que justifique” esa medida, y refirió que “se determinó un ajuste del 8% anual, lo que permitió a ambas empresas tener una rentabilidad extraordinaria”.

“En cualquier negocio o contrato de concesión de este tipo, por supuesto que no hay rentabilidad asegurada y sí riesgo empresario, pero aquí se les otorgaba un privilegio con una rentabilidad en dólares actualizada al 8% anual”, planteó el funcionario.

Y apuntó: “Hemos identificado claramente que a lo largo de todo este proceso lo que existieron fueron funcionarios que ejercían cargos gerenciales en las empresas concesionarias, que después tuvieron cargos jerárquicos muy importantes en Vialidad Nacional y que luego volvieron a esas empresas”, que “en definitiva lo que se hizo fue transformar un contrato de concesión en un pagaré a simple firma”.

El Decreto firmado por el Presidente declara “lesivos al interés general, en virtud de la existencia de graves vicios que afectan a su legitimidad, los Decretos 607 y 608 del 2 de julio de 2018” e instruye a la Dirección Nacional de Vialidad “a interponer, por conducto de sus órganos dependientes, la pertinente acción de lesividad con el objeto de obtener la declaración judicial de nulidad” los citados Decretos.

Además, comunica a la Oficina Anticorrupción, a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a la Procuración del Tesoro, a la Auditoría General de la Nación, a la Sindicatura General, a los ministerios de Economía y Obras Públicas, a a la Dirección Nacional de Vialidad.

En 2018, las concesionarias Autopistas Del Sol S.A. y GCO firmaron con el Gobierno anterior acuerdos que “comprometían” al Estado, con un impacto económico total para los usuarios de casi U$D 2.000.000.000, informó el Gobierno.

Para cumplir la obligación de pago incluida en los acuerdos firmados, y según la solicitud de actualización tarifaria presentada por AUSOL y GCO en mayo de 2022, la tarifa debería aumentar, en promedio, 20 veces en el Acceso Norte y más de 10 en el Acceso Oeste.

Así, en las estaciones “Debenedetti” y “Márquez”, del Acceso Norte, actualmente un automóvil paga en hora pico y de modo manual $80 pesos, una tarifa que fue fijada por Vialidad Nacional en febrero de este año. Conforme a la solicitud presentada por AUSOL, esa tarifa debería ser de 1.830 pesos.

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Zona Norte

Previo a la votación de la Ley Bases, jubilados protestaron en Puente Saavedra

Un grupo de adultos mayores marchó por avenida Maipú sobre el carril hacia la avenida General Paz. El Metrobus funcionó con normalidad.

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En la previa del tratamiento de la Ley Bases en el Senado de la Nación, un grupo de jubilados autoconvocados protestó este martes por la mañana sobre la avenida Maipú, frente al Puente Saavedra.

Varios adultos mayores se movilizaron por Maipú sobre el carril hacia la avenida General Paz. El Metrobus funcionó con normalidad.

“Los jubilados no somos casta”, estaba impreso en un pasacalle que los manifestantes llevaban al frente de la protesta.

Este miércoles desde el mediodía el Senado de la Nación tratará la Ley Bases promovida por el Gobierno nacional de Javier Milei, que ya viene con media sanción en Diputados. La votación está ajustada entre quienes quieren validarla y los bloques opositores que buscan su caída.

En ese contexto, la semana pasada Diputados dio media sanción a un proyecto de Ley para implementar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, pensando en la recuperación de ingresos sufridos en los primeros meses de la gestión libertaria.

El presidente Javier Milei amenazó con vetarla ya que, según expresó, esta fórmula atenta con el superávit fiscal del Gobierno nacional.

En tanto, hay rumores sobre una estrategia del peronismo de querer incluir este proyecto en la sesión del Senado del miércoles.

Por otra parte, en el Gobierno hay malestar por la intención de sectores de la llamada oposición dialoguista para introducir más cambios al articulado de la Ley Bases.

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Zona Norte

El Ejército inició el reparto de alimentos guardados por Capital Humano en Villa Martelli

El ministerio a cargo de Sandra Pettovello informó que tardarán dos semanas en entregar toda la mercadería en comedores y merenderos pertenecientes a la Fundación Cooperadora para la Nutrición Infantil (Conin).

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Este martes por la mañana el Ejército se hizo presente con una gran cantidad de camiones en el depósito de Villa Martelli, en Vicente López, en el cual están acopiados miles de kilos de alimentos en poder del Ministerio de Capital Humano.

Fuentes del ministerio a cargo de Sandra Pettovello informaron que en las próximas semanas se distribuirán en todo el país. También existe otro galpón en Tafí Viejo, en Tucumán.

Este operativo lo encabezan el Ejército y el Ministerio de Defensa de la Nación  “para garantizar una logística rápida y sin intermediarios”, según la cartera a cargo de Luis Petri.

Este martes por la mañana ocho camiones del Ejército cargaron 460.000 kilos de leche en polvo (diluidos equivalen a 4.000.000 de litros) para distribuirlos en 22 comedores y merenderos pertenecientes a la Fundación Cooperadora para la Nutrición Infantil (Conin).

“Nosotros podemos distribuir donde tenemos centros Conin. La intención no es que podamos cubrir las necesidades de los comedores y merenderos de todo el país en cualquier lugar, sino que nos han pedido que cubramos la zona donde tenemos centros”, expresó Álvarez Rivero, director Ejecutivo de Conin.

A media tarde, un camión del Ejército empezó a bajar parte de la mercadería en un local ubicado en el barrio La Teja de Merlo. Lo mismo ocurría en la provincia de Tucumán.

Y agregó: “Lo que vamos a hacer, lo mismo que hacemos todos los días, es entregar la leche junto con otros alimentos que entregamos en los centros a las familias de los niños que atendemos”.

“Además, apadrinamos una serie de comedores y merenderos aledaños a cada uno de los centros del país a los cuales asistimos de diferente manera”, dijo Álvarez Rivero. Según puntualizó son alrededor de “400 comedores y merenderos”.

El dirigente social Juan Grabois había presentado una denuncia contra la ministra Pettovello para que repartiera los alimentos entre los comedores, ya que muchos vencían en breve. El juez federal Sebastián Casanello ordenó la semana pasada que Capital Humano presentara en 72 horas de un plan para distribuirlos, pero fue apelado por la cartera.

El Gobierno distribuyó 1.132.491 kilos de comida entre diciembre y marzo, cuando decidió cortar el suministro a casi todas las organizaciones sociales. Esto es cerca de una sexta parte de lo que tiene almacenado en este momento, que son 3.627.815 kilos en Villa Martelli y 2.275.172 en Tafí Viejo, un total de 5.902.987 kilos, es decir, casi 6000 toneladas de comida, repasa La Nación. En las últimas semanas, sin embargo, se comunicó que el total era de cinco toneladas y que el 60% de lo almacenado era yerba mate.

De todos modos, este sábado la Justicia federal, por pedido del juez Casanello y la fiscal Paloma Ochoa, relevó la mercadería y se hallaron diferencias entre la cantidad de alimentos reportados anteriormente por Capital Humano y lo que efectivamente había en los galpones.

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Zona Norte

Protesta frente a la Quinta de Olivos contra la desregulación de prestaciones para personas con discapacidad

El Foro Permanente de Discapacidad exige que el Gobierno nacional revea esta medida que “puede entorpecer la universalización de la atención de las personas con discapacidad, derecho que se obtuvo hace ya más de 25 años”.

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Entidades civiles y prestadores, reunidos en el Foro Permanente de Discapacidad, protestaron este miércoles por la mañana frente a la Quinta de Olivos, en Vicente López, contra las medidas de desregulación del Sistema Único de Prestaciones Básicas de las Personas con Discapacidad impulsadas por el Gobierno nacional de Javier Milei. Hay un operativo policial y se encuentra cortada la avenida Maipú, entre las calles Malaver y Villate, mano hacia el norte.

Bajo el lema “Basta de ajuste en discapacidad”, esta protesta se replica en otros puntos del país.

Los organizadores de la movilización señalaron a través de un comunicado que el 10 de mayo el Gobierno nacional dio a conocer un proyecto de decreto presidencial que establece que los organismos públicos financiadores de las prestaciones para las personas con discapacidad establecidas por la Ley 24.901 se fijarán de forma independiente a los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el nomenclador de prestaciones básicas. En las últimas horas se filtró un borrador sobre la posible redacción final del texto.

“Esta decisión va a generar la ruptura de un logro fundamental: que las personas con discapacidad sean atendidas en los servicios categorizados por el estado o por profesionales sin importar su situación económica, mientras tengan una obra social, sean de PAMI o cuenten con una pensión o prepaga. La consecuencia de no tener un arancel acorde al costo del servicio, es que aquellos que no respondan a la realidad económica que implica brindar un servicio categorizado educativo, terapéutico, de salud, de alojamiento, transporte o asistencial van a dejar de contar con ello. Además de la desigualdad que implica esto, también se producirá una pérdida esencial en la calidad de vida de más de 200.000 personas con discapacidad, expresaron.

En caso de implementarse el decreto presidencial, “se agravará la ya importante crisis económica de los prestadores categorizados que tienen que cumplir con una serie de exigencias impuestas por el Estado”.

“Actualmente no se ha podido establecer un mayor aumento, que está atrasado en un 100% para el transporte y en un 45% para el resto de las prestaciones, por la presión de uno de los organismos financiadores. Dicha situación ha llevado a un desfinanciamiento y endeudamiento de los prestadores que están al borde del colapso. Y esto marca lo que puede pasar en el corto plazo si se publica dicho decreto”, sumaron.

Por eso, las entidades del Foro exigen al Gobierno nacional que revea esta medida que “puede entorpecer la universalización de la atención de las personas con discapacidad, derecho que se obtuvo hace ya más de 25 años”.

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