Inician una acción de amparo colectivo contra el Nuevo Código de Edificación porteño

El presidente de Fundación Rumbos, Eduardo Joly, encabeza una acción de amparo colectivo para que se declare la inconstitucionalidad del Código De Edificación (ley N° 6100), aprobado por la Legislatura porteña en diciembre del año pasada, porque “no se respetó el proceso de participación ciudadana”

En la acción se impugnan puntualmente los artículos del código que, según consideran, “lesionan el derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad”.

Al respecto, Joly manifestó: “Después de 16 años de contar con un Código de Edificación que apuntaba a la inclusión de las personas con discapacidad, la Legislatura porteña dio marcha atrás, afectando derechos adquiridos, sancionando una ley abiertamente discriminatoria. Además, desestimó el rol protagónico que le asigna la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad a sus organizaciones representativas en la redacción de las normativas que les incumben y en asegurar su cumplimiento. Por ello, he decidido acudir a los tribunales para que la justicia garantice que en nuestra ciudad las normas sean letra viva”.

Según los demandantes, se viola el “derecho de participación ciudadana y el debido proceso, que incluye el derecho a ser oído y recibir una respuesta del Estado fundada en Derecho” y el “derecho a la igualdad de oportunidades y de trato y no discriminación que se configura por la denegación de accesibilidad”.

Sostienen que esta “discriminación” impide a las personas con discapacidad “el goce y ejercicio en igualdad de condiciones con las demás personas de los derechos a la vivienda, a la educación, a la salud, a la autonomía, al trabajo, al esparcimiento y a la vida digna”.

La presentación de esta acción pone en manos de los órganos jurisdiccionales la decisión de todos los planteos por los que viene reclamando la Fundación desde hace dos años ante la Legislatura porteña, respecto a cuestiones esenciales para el colectivo de personas con discapacidad como los sanitarios, las veredas, los ascensores y las viviendas.

Ejemplifican que hay artículos en los que se permite que ciertos locales de concurrencia de público no cuenten con sanitarios accesibles (sin los cuales es imposible la permanencia prolongada).

Señalan que no se incluye cambiador para adultos en los sanitarios para personas con discapacidad en todo predio donde se permanezca o trabaje, elemento imprescindible para preadolescentes, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad que requieren de asistencia en aquellas acciones íntimas de higiene

Critican también que la norma permite reducir “las dimensiones mínimas de las viviendas, tornándolas inaccesibles, para satisfacer intereses de desarrolladores a expensas de necesidades habitacionales reales”.