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Zona Norte

La empleada del matrimonio asesinado en Vicente López seguirá detenida

La Justicia rechazó un hábeas corpus presentado por la defensa de la presunta entregadora del doble crimen de un matrimonio en su casa.

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La empleada doméstica detenida como presunta entregadora del doble crimen del matrimonio asesinado a balazos hace una semana en su casa del partido de Vicente López continuará detenida, luego de que la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro rechazara hoy el “habeas corpus” que había presentado ayer su defensa.

La Sala 1 del mencionado tribunal, integrada por los camaristas Oscar Roberto Quintana y Ernesto García Maañón, declaró “inadmisible” el recurso y con ello la imputada María Ninfa Aquino (64), continuará detenida por el doble homicidio del abogado jubilado José Enrique Del Río (74) y María Mercedes Alonso (72).

Aquino enfrenta una imputación por parte de la fiscalía como “partícipe necesaria” de un “doble homicidio doblemente agravado por alevosía (por el estado de indefensión de las víctimas) y criminis causa” (cuando se mata para ocultar otro delito, en este caso el robo, y lograr la impunidad).

Su abogado, Hugo López Carribero, había sostenido en su presentación de ayer que la detención es “ilegítima y arbitraria” y que el encarcelamiento preventivo de su defendida implica “un daño al principio de la libertad personal”.

Ahora, con este fallo de la Cámara, “Nina” Aquino seguirá presa en la Comisaría de la Mujer de San Isidro.

En tanto, los dos hijos de las víctimas fueron aceptados en las últimas horas como particulares damnificados en la causa.

Fuentes judiciales y el abogado que los representa, Félix Linfante, confirmaron a Télam que el juez de Garantías 1 de San Isidro, Ricardo Costa, aceptó en las últimas horas el pedido que hicieron Martín y Diego Del Río para ser tenidos en cuenta como particulares damnificados.

Con ello, los hijos de las víctimas, tendrán acceso al expediente y podrán solicitar medidas.

Los tres fiscales de Vicente López que trabajan en el caso son Martín Gómez, Alejandro Musso y Marcela Semería.

La fiscalía la dejó detenida a la empleada por una serie de contradicciones y actitudes extrañas que tuvo antes, durante y después del hallazgo de los cadáveres.

Según las fuentes, le dijo a los investigadores que no le llamó la atención el desorden que había en el living y otros ambientes porque el matrimonio estaba por mudarse a un departamento en el barrio de Núñez, aunque la casa estaba revuelta e incluso había un balazo que atravesó un almohadón, quedó incrustado en el parquet del living y cuya vaina servida ella misma levantó de una alfombra.

Según declaró la mujer, llegó a la casa a las 6.50 y recién minutos antes de las 9 le llamó la atención que el matrimonio no hubiera bajado a desayunar, pese a que además vio que estaba intacta la cena, un plato con brócoli y alcauciles que ella les había dejado cocinada para la noche anterior.

Además, cuando la mujer vio que el matrimonio estaba asesinado dentro del auto, apagó la luz de la cochera, cerró la puerta con llave, las colgó en el llavero, avisó a los hijos y se puso a ordenar la casa.

Otro de los indicios es que en la casa de Aquino se secuestró una billetera rojiza marca “Prune”, donde según uno de los hijos de las víctimas, su madre guardaba la llave de la caja fuerte.

En su celular se halló una foto borrada de esa misma billetera, aunque la defensa sostiene primero que la tenía en su casa porque se la había regalado su patrona y luego que una vez la había perdido con 2.000 pesos y cuando la encontró la fotografío para avisarle a su nuera que había aparecido.

El robo y posterior doble crimen fue cometido en la casona de la calle Melo al 1100 entre las 16:48 del miércoles pasado -momento del último contacto telefónico de Alonso- y las 4.30 de la madrugada del jueves, horario estimativo de la data de muerte.

Para los investigadores, los homicidas de Del Río y de Alonso robaron unos 10.000 dólares, 1.500.000 de pesos, 50 lingotes de oro de 10 gramos y diamantes, y antes de escapar se llevaron el disco rígido con las imágenes de las cámaras de seguridad de la casa.

Los fiscales manejan la hipótesis de que el matrimonio Del Río fue abordado luego de que la mujer regresara de hacer unas compras a un supermercado -las bolsas con mercadería quedaron arriba del auto-, o que alguien proporcionó una copia de la llave.

Las víctimas estaban sentadas con los cinturones de seguridad colocados en los asientos delanteros del Mercedes Benz E350, la mujer del lado del conductor con un tiro en la cabeza y el hombre como acompañante con tres disparos.

El tirador los ejecutó con una pistola calibre 9 milímetros de atrás hacia adelante de derecha a izquierda, por lo que se cree que podía estar en el asiento trasero.

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Zona Norte

Previo a la votación de la Ley Bases, jubilados protestaron en Puente Saavedra

Un grupo de adultos mayores marchó por avenida Maipú sobre el carril hacia la avenida General Paz. El Metrobus funcionó con normalidad.

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En la previa del tratamiento de la Ley Bases en el Senado de la Nación, un grupo de jubilados autoconvocados protestó este martes por la mañana sobre la avenida Maipú, frente al Puente Saavedra.

Varios adultos mayores se movilizaron por Maipú sobre el carril hacia la avenida General Paz. El Metrobus funcionó con normalidad.

“Los jubilados no somos casta”, estaba impreso en un pasacalle que los manifestantes llevaban al frente de la protesta.

Este miércoles desde el mediodía el Senado de la Nación tratará la Ley Bases promovida por el Gobierno nacional de Javier Milei, que ya viene con media sanción en Diputados. La votación está ajustada entre quienes quieren validarla y los bloques opositores que buscan su caída.

En ese contexto, la semana pasada Diputados dio media sanción a un proyecto de Ley para implementar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, pensando en la recuperación de ingresos sufridos en los primeros meses de la gestión libertaria.

El presidente Javier Milei amenazó con vetarla ya que, según expresó, esta fórmula atenta con el superávit fiscal del Gobierno nacional.

En tanto, hay rumores sobre una estrategia del peronismo de querer incluir este proyecto en la sesión del Senado del miércoles.

Por otra parte, en el Gobierno hay malestar por la intención de sectores de la llamada oposición dialoguista para introducir más cambios al articulado de la Ley Bases.

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Zona Norte

El Ejército inició el reparto de alimentos guardados por Capital Humano en Villa Martelli

El ministerio a cargo de Sandra Pettovello informó que tardarán dos semanas en entregar toda la mercadería en comedores y merenderos pertenecientes a la Fundación Cooperadora para la Nutrición Infantil (Conin).

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Este martes por la mañana el Ejército se hizo presente con una gran cantidad de camiones en el depósito de Villa Martelli, en Vicente López, en el cual están acopiados miles de kilos de alimentos en poder del Ministerio de Capital Humano.

Fuentes del ministerio a cargo de Sandra Pettovello informaron que en las próximas semanas se distribuirán en todo el país. También existe otro galpón en Tafí Viejo, en Tucumán.

Este operativo lo encabezan el Ejército y el Ministerio de Defensa de la Nación  “para garantizar una logística rápida y sin intermediarios”, según la cartera a cargo de Luis Petri.

Este martes por la mañana ocho camiones del Ejército cargaron 460.000 kilos de leche en polvo (diluidos equivalen a 4.000.000 de litros) para distribuirlos en 22 comedores y merenderos pertenecientes a la Fundación Cooperadora para la Nutrición Infantil (Conin).

“Nosotros podemos distribuir donde tenemos centros Conin. La intención no es que podamos cubrir las necesidades de los comedores y merenderos de todo el país en cualquier lugar, sino que nos han pedido que cubramos la zona donde tenemos centros”, expresó Álvarez Rivero, director Ejecutivo de Conin.

A media tarde, un camión del Ejército empezó a bajar parte de la mercadería en un local ubicado en el barrio La Teja de Merlo. Lo mismo ocurría en la provincia de Tucumán.

Y agregó: “Lo que vamos a hacer, lo mismo que hacemos todos los días, es entregar la leche junto con otros alimentos que entregamos en los centros a las familias de los niños que atendemos”.

“Además, apadrinamos una serie de comedores y merenderos aledaños a cada uno de los centros del país a los cuales asistimos de diferente manera”, dijo Álvarez Rivero. Según puntualizó son alrededor de “400 comedores y merenderos”.

El dirigente social Juan Grabois había presentado una denuncia contra la ministra Pettovello para que repartiera los alimentos entre los comedores, ya que muchos vencían en breve. El juez federal Sebastián Casanello ordenó la semana pasada que Capital Humano presentara en 72 horas de un plan para distribuirlos, pero fue apelado por la cartera.

El Gobierno distribuyó 1.132.491 kilos de comida entre diciembre y marzo, cuando decidió cortar el suministro a casi todas las organizaciones sociales. Esto es cerca de una sexta parte de lo que tiene almacenado en este momento, que son 3.627.815 kilos en Villa Martelli y 2.275.172 en Tafí Viejo, un total de 5.902.987 kilos, es decir, casi 6000 toneladas de comida, repasa La Nación. En las últimas semanas, sin embargo, se comunicó que el total era de cinco toneladas y que el 60% de lo almacenado era yerba mate.

De todos modos, este sábado la Justicia federal, por pedido del juez Casanello y la fiscal Paloma Ochoa, relevó la mercadería y se hallaron diferencias entre la cantidad de alimentos reportados anteriormente por Capital Humano y lo que efectivamente había en los galpones.

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Zona Norte

Protesta frente a la Quinta de Olivos contra la desregulación de prestaciones para personas con discapacidad

El Foro Permanente de Discapacidad exige que el Gobierno nacional revea esta medida que “puede entorpecer la universalización de la atención de las personas con discapacidad, derecho que se obtuvo hace ya más de 25 años”.

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Entidades civiles y prestadores, reunidos en el Foro Permanente de Discapacidad, protestaron este miércoles por la mañana frente a la Quinta de Olivos, en Vicente López, contra las medidas de desregulación del Sistema Único de Prestaciones Básicas de las Personas con Discapacidad impulsadas por el Gobierno nacional de Javier Milei. Hay un operativo policial y se encuentra cortada la avenida Maipú, entre las calles Malaver y Villate, mano hacia el norte.

Bajo el lema “Basta de ajuste en discapacidad”, esta protesta se replica en otros puntos del país.

Los organizadores de la movilización señalaron a través de un comunicado que el 10 de mayo el Gobierno nacional dio a conocer un proyecto de decreto presidencial que establece que los organismos públicos financiadores de las prestaciones para las personas con discapacidad establecidas por la Ley 24.901 se fijarán de forma independiente a los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el nomenclador de prestaciones básicas. En las últimas horas se filtró un borrador sobre la posible redacción final del texto.

“Esta decisión va a generar la ruptura de un logro fundamental: que las personas con discapacidad sean atendidas en los servicios categorizados por el estado o por profesionales sin importar su situación económica, mientras tengan una obra social, sean de PAMI o cuenten con una pensión o prepaga. La consecuencia de no tener un arancel acorde al costo del servicio, es que aquellos que no respondan a la realidad económica que implica brindar un servicio categorizado educativo, terapéutico, de salud, de alojamiento, transporte o asistencial van a dejar de contar con ello. Además de la desigualdad que implica esto, también se producirá una pérdida esencial en la calidad de vida de más de 200.000 personas con discapacidad, expresaron.

En caso de implementarse el decreto presidencial, “se agravará la ya importante crisis económica de los prestadores categorizados que tienen que cumplir con una serie de exigencias impuestas por el Estado”.

“Actualmente no se ha podido establecer un mayor aumento, que está atrasado en un 100% para el transporte y en un 45% para el resto de las prestaciones, por la presión de uno de los organismos financiadores. Dicha situación ha llevado a un desfinanciamiento y endeudamiento de los prestadores que están al borde del colapso. Y esto marca lo que puede pasar en el corto plazo si se publica dicho decreto”, sumaron.

Por eso, las entidades del Foro exigen al Gobierno nacional que revea esta medida que “puede entorpecer la universalización de la atención de las personas con discapacidad, derecho que se obtuvo hace ya más de 25 años”.

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