Daniel Semilla, abogado de la familia de Bernardino “Tuli” Micieli, habló en exclusiva con Saavedra Online y anticipó que en los próximos días presentará una denuncia penal contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre el procedimiento desarrollado el 11 de mayo en el predio de Vilela y Melián, en el barrio de Saavedra.

“Fue un avasallamiento total del Estado contra un particular desvalido, en un contexto de pandemia, y le significó la vida”, sintetiza Semilla, quien aclara que no le cobra a la familia de Tuli por representarlos: “Realmente me conmoví con la historia. Fue un engaño espantoso”.

El letrado dijo que “La forma en que el GCBA recuperó ese lote fue ilegal. Fue un acto patoteril donde no se midieron las consecuencias” e indicó que los posibles cargos pueden ir desde incumplimiento de deberes de funcionario público hasta abandono de persona por la posterior muerte de Tuli.

“Esa gente fue directamente a apoderarse de la tierra. Vos no preparás un operativo con tantos vehículos y personal solo para fumigar contra el dengue”. “La Comuna 12 tiene jurisdicción en el territorio, no es que solamente fue a prestar apoyo”. “De todas formas, la familia quiere Justicia por todo lo sucedido, por más que ello implique ir contra las máximas autoridades de la Ciudad”. “Es responsabilidad de la Justicia aclarar quiénes fueron las personas que decidieron todo esto”.

Para el abogado, “fue claro que los hicieron salir (a Tuli y su familia) mediante engaños del terreno”. En base a lo que habló con la familia, el letrado reconstruye sobre el 11 de mayo: “Fue un engaño espantoso. Se presentan dos empleados diciendo que le van a dar una mano con la limpieza del terreno, le dijeron que tenían que fumigar para prevenir el dengue”.

“Tuli los deja entrar. Cuando están adentro, a los dos minutos de fumigar, llegan como 50 empleados más con camiones. Violentamente le dicen a Tuli y su familia (en ese momento estaba con una hija y una nieta menor de edad) que se tienen que ir. Se presenta una funcionaria de la Ciudad que amenazó a la hija de Tuli diciendo que la menor iba a quedar en un hogar si no hacían caso”.

“Todo este tipo de amenazas contra gente con pocos recursos, en un contexto tan excepcional como la pandemia. Fue una patota municipal. A Tuli le dijeron la tierra es del Gobierno de la Ciudad y que se tenía que retirar”.

Semilla precisa que ese 11 de mayo “ningún funcionario judicial intervino”: “Ellos decían que no tenían necesidad porque el terreno era del gobierno de la Ciudad”.

El abogado asegura: “El lugar era una mugre. La familia reconoce que vivían en condiciones precarias”. Sin embargo, dijo que eso no hace a la cuestión de fondo. Aclara además que, si bien se encontraron autos dentro del predio, no se trata de vehículos sin identificación sino de autos que Tuli alojaba y que eran del negocio mecánico de enfrente.

Señala que Tuli, una de sus hijas y una nieta, salieron del predio y debieron irse “con lo puesto”. “Hay posesiones que no recuperaron, como ropa o muebles”.

“El tema de la propiedad es más que secundario. No discuto de quién es la tierra. En lo penal voy a la manera en que [los funcionarios porteños] reivindican el derecho sobre la tierra. En todo caso, se tramita por la vía de la Justicia Civil, no como Estado cayéndole engañado con la excusa del descacharreo y el dengue y luego sacarte con la policía”.

El abogado dice que Tuli y su familia hacían una “posesión pacifica e ininterrumpida” del terreno. “El Gobierno porteño le cobró impuestos a los Micieli por ese terreno, también por hacer la empalizada”.

“Los papeles que tiene la familia son de una cesión de derechos posesorios hecha por la familia Macías en  1962. Hubo juicios desde los años ochenta por este tema, incluso una usurpación. Es una situación que no está terminada”.

De todos modos, Semilla señala que la situación del terreno es “secundaria” y que en primer plano está el accionar por el cual Bernardino quedó fuera del lote. “La familia no tiene afán económico. No hay interés pecuniario”.

El letrado se refirió en todo momento a los hechos del día 11 de mayo. Al día siguiente algunos familiares de Tuli volvieron al terreno. Allí intervino el fiscal Ramón Kessler de la Unidad Fiscal Norte, quien habló con los presentes para que depongan la actitud y se retiren, lo cual terminó sucediendo.

Para el abogado de los Micieli ese hecho también está enmarcado en presuntas irregularidades. “Convalidó un desalojo ilegal al pedirle a la familia que se vaya”.

Fuentes oficiales habían dicho a este medio que a Tuli le habían ofrecido asistencia médica del SAME, trasladarlo al Hospital Pirovano y alojamiento en algún parador u hogar estatal. Para el abogado se trata de “paliativos” que “no hacen a la cuestión de fondo de que se haya quedado en la calle en plena pandemia”.