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Zona Norte

Otorgan prisión domiciliaria al abogado que asesinó a un motociclista en Vicente López

En 2019, tras una discusión de tránsito, Santiago Tomás Mazzini atropelló con su camioneta y provocó la muerte del piloto de aviones Julián Gustavo Giménez, de 28 años de edad.

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La Cámara de Apelaciones de San Isidro le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria con tobillera electrónica a Santiago Tomás Mazzini, el abogado que en 2019 y tras una discusión de tránsito, atropelló con su camioneta y provocó la muerte un piloto de aviones que circulaba en una moto por el partido bonaerense de Vicente López, en un caso en el que el acusado estuvo tres meses prófugo antes de ser detenido, informaron hoy fuentes judiciales.

La resolución fue adoptada por la Sala II del mencionado tribunal, que a raíz de un planteo de la defensa aceptó que el imputado Mazzini (38) cumpla arresto domiciliario por el homicidio de Julián Gustavo Giménez (28), un piloto de Aerolíneas Argentinas al que embistió con su camioneta tras una pelea de tránsito en Vicente López.

Una de las claves del fallo firmado por los camaristas Leonardo Pitlevnik y Luis Cayuela, fue que la propia madre de la víctima manifestó en una audiencia oral previa a la decisión que no se oponía a que el acusado por la muerte de su hijo cumpliera arresto domiciliario.

“Adquiere un papel esencial la palabra de los particulares damnificados. Como quedara dicho, a través de su abogada patrocinante pusieron de manifiesto su conformidad en que se acceda favorablemente a la medida solicitada, por cuanto, luego de un año de acompañamiento terapéutico desde la muerte de su hijo, consideran que ello, en función de las condiciones de encierro de Mazzini y el tiempo que lleva detenido, aparece como razonable y lo consienten”, señala el fallo, al que accedió Télam.

Los voceros aclararon que el Mazzini estará monitoreado por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) con una pulsera electrónica en su domicilio de la calle Julio Argentino Roca al 800 de Vicente López, mientras espera el juicio oral.

A su vez, la Justicia de San Isidro libró un oficio a la Dirección Nacional de Migraciones para advertir que, por su situación procesal, en esta causa Mazzini tiene prohibida la salida del país.

En otro párrafo de la resolución, los jueces hicieron mención a la explicación que la defensa de Mazzini dio sobre el tiempo que estuvo prófugo.

“Los letrados mencionaron también que lo que en un principio de la causa pareció la fuga de su asistido respondió a que su defensa anterior le habría aconsejado que esperara a que la denegatoria de exención de prisión quedara firme. De hecho, alegaron, se encontraba en la casa de su hermano en Don Torcuato, y no había huido lejos”, señala el fallo de la Cámara.

Fuentes judiciales informaron a Télam que disconforme con este beneficio que recibió Mazzini, uno de los fiscales generales adjuntos de San Isidro con competencia ante la Cámara, Cosme Iribarren, hizo reversa de apelar la medida ante el Tribunal de Casación bonaerense.

En julio pasado, juez de Garantías 4 de San Isidro, Esteban Rossignoli, elevó la causa a juicio oral a pedido del fiscal de la causa, Martín Gómez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Vicente López Este, quien acusó al abogado de haber cometido un “homicidio simple”, con pena de 8 a 25 años de cárcel.

En su requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Gómez dio por acreditado que el hecho ocurrió el 4 de agosto del 2021 a las 16.19 en la intersección de la avenida General San Martín y su intersección con la calle Remedios de Escalada de San Martín, del partido de Vicente López, en el norte del conurbano.

Allí, Giménez iba a bordo de su moto marca Motomel y fue embestido por el rodado del abogado Mazzini, patente AD941LW, luego de que tuvieron un “altercado verbal”.

Las cámaras del municipio captaron el momento en el que la víctima le dio un golpe de puño al espejo izquierdo de la camioneta de Mazzini mientras cruzaban las vías del ferrocarril y el instante en el que el conductor de ese rodado aceleró y cambió bruscamente de carril para impactarlo.

Tras quedar herido debajo de la Jeep y sobre la vereda, el piloto de aviones murió 20 días después en la sala de terapia intensiva de la Clínica Olivos.

Al respecto, el fiscal Gómez calificó el actuar de Santiago Mazzini como un “total desprecio hacia la vida y humanidad” de Julián Giménez “con la clara e inequívoca intención de quitarle la vida”.

Tras el hecho, Mazzini estuvo tres meses prófugo, pero fue detenido en noviembre del año pasado durante un allanamiento en la vivienda de uno de sus hermanos, en la localidad bonaerense de Don Torcuato y ahora fue beneficiado con la prisión domiciliaria con tobillera, situación en la que esperará el juicio oral y público.

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Zona Norte

Previo a la votación de la Ley Bases, jubilados protestaron en Puente Saavedra

Un grupo de adultos mayores marchó por avenida Maipú sobre el carril hacia la avenida General Paz. El Metrobus funcionó con normalidad.

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En la previa del tratamiento de la Ley Bases en el Senado de la Nación, un grupo de jubilados autoconvocados protestó este martes por la mañana sobre la avenida Maipú, frente al Puente Saavedra.

Varios adultos mayores se movilizaron por Maipú sobre el carril hacia la avenida General Paz. El Metrobus funcionó con normalidad.

“Los jubilados no somos casta”, estaba impreso en un pasacalle que los manifestantes llevaban al frente de la protesta.

Este miércoles desde el mediodía el Senado de la Nación tratará la Ley Bases promovida por el Gobierno nacional de Javier Milei, que ya viene con media sanción en Diputados. La votación está ajustada entre quienes quieren validarla y los bloques opositores que buscan su caída.

En ese contexto, la semana pasada Diputados dio media sanción a un proyecto de Ley para implementar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, pensando en la recuperación de ingresos sufridos en los primeros meses de la gestión libertaria.

El presidente Javier Milei amenazó con vetarla ya que, según expresó, esta fórmula atenta con el superávit fiscal del Gobierno nacional.

En tanto, hay rumores sobre una estrategia del peronismo de querer incluir este proyecto en la sesión del Senado del miércoles.

Por otra parte, en el Gobierno hay malestar por la intención de sectores de la llamada oposición dialoguista para introducir más cambios al articulado de la Ley Bases.

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El Ejército inició el reparto de alimentos guardados por Capital Humano en Villa Martelli

El ministerio a cargo de Sandra Pettovello informó que tardarán dos semanas en entregar toda la mercadería en comedores y merenderos pertenecientes a la Fundación Cooperadora para la Nutrición Infantil (Conin).

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Este martes por la mañana el Ejército se hizo presente con una gran cantidad de camiones en el depósito de Villa Martelli, en Vicente López, en el cual están acopiados miles de kilos de alimentos en poder del Ministerio de Capital Humano.

Fuentes del ministerio a cargo de Sandra Pettovello informaron que en las próximas semanas se distribuirán en todo el país. También existe otro galpón en Tafí Viejo, en Tucumán.

Este operativo lo encabezan el Ejército y el Ministerio de Defensa de la Nación  “para garantizar una logística rápida y sin intermediarios”, según la cartera a cargo de Luis Petri.

Este martes por la mañana ocho camiones del Ejército cargaron 460.000 kilos de leche en polvo (diluidos equivalen a 4.000.000 de litros) para distribuirlos en 22 comedores y merenderos pertenecientes a la Fundación Cooperadora para la Nutrición Infantil (Conin).

“Nosotros podemos distribuir donde tenemos centros Conin. La intención no es que podamos cubrir las necesidades de los comedores y merenderos de todo el país en cualquier lugar, sino que nos han pedido que cubramos la zona donde tenemos centros”, expresó Álvarez Rivero, director Ejecutivo de Conin.

A media tarde, un camión del Ejército empezó a bajar parte de la mercadería en un local ubicado en el barrio La Teja de Merlo. Lo mismo ocurría en la provincia de Tucumán.

Y agregó: “Lo que vamos a hacer, lo mismo que hacemos todos los días, es entregar la leche junto con otros alimentos que entregamos en los centros a las familias de los niños que atendemos”.

“Además, apadrinamos una serie de comedores y merenderos aledaños a cada uno de los centros del país a los cuales asistimos de diferente manera”, dijo Álvarez Rivero. Según puntualizó son alrededor de “400 comedores y merenderos”.

El dirigente social Juan Grabois había presentado una denuncia contra la ministra Pettovello para que repartiera los alimentos entre los comedores, ya que muchos vencían en breve. El juez federal Sebastián Casanello ordenó la semana pasada que Capital Humano presentara en 72 horas de un plan para distribuirlos, pero fue apelado por la cartera.

El Gobierno distribuyó 1.132.491 kilos de comida entre diciembre y marzo, cuando decidió cortar el suministro a casi todas las organizaciones sociales. Esto es cerca de una sexta parte de lo que tiene almacenado en este momento, que son 3.627.815 kilos en Villa Martelli y 2.275.172 en Tafí Viejo, un total de 5.902.987 kilos, es decir, casi 6000 toneladas de comida, repasa La Nación. En las últimas semanas, sin embargo, se comunicó que el total era de cinco toneladas y que el 60% de lo almacenado era yerba mate.

De todos modos, este sábado la Justicia federal, por pedido del juez Casanello y la fiscal Paloma Ochoa, relevó la mercadería y se hallaron diferencias entre la cantidad de alimentos reportados anteriormente por Capital Humano y lo que efectivamente había en los galpones.

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Zona Norte

Protesta frente a la Quinta de Olivos contra la desregulación de prestaciones para personas con discapacidad

El Foro Permanente de Discapacidad exige que el Gobierno nacional revea esta medida que “puede entorpecer la universalización de la atención de las personas con discapacidad, derecho que se obtuvo hace ya más de 25 años”.

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Entidades civiles y prestadores, reunidos en el Foro Permanente de Discapacidad, protestaron este miércoles por la mañana frente a la Quinta de Olivos, en Vicente López, contra las medidas de desregulación del Sistema Único de Prestaciones Básicas de las Personas con Discapacidad impulsadas por el Gobierno nacional de Javier Milei. Hay un operativo policial y se encuentra cortada la avenida Maipú, entre las calles Malaver y Villate, mano hacia el norte.

Bajo el lema “Basta de ajuste en discapacidad”, esta protesta se replica en otros puntos del país.

Los organizadores de la movilización señalaron a través de un comunicado que el 10 de mayo el Gobierno nacional dio a conocer un proyecto de decreto presidencial que establece que los organismos públicos financiadores de las prestaciones para las personas con discapacidad establecidas por la Ley 24.901 se fijarán de forma independiente a los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el nomenclador de prestaciones básicas. En las últimas horas se filtró un borrador sobre la posible redacción final del texto.

“Esta decisión va a generar la ruptura de un logro fundamental: que las personas con discapacidad sean atendidas en los servicios categorizados por el estado o por profesionales sin importar su situación económica, mientras tengan una obra social, sean de PAMI o cuenten con una pensión o prepaga. La consecuencia de no tener un arancel acorde al costo del servicio, es que aquellos que no respondan a la realidad económica que implica brindar un servicio categorizado educativo, terapéutico, de salud, de alojamiento, transporte o asistencial van a dejar de contar con ello. Además de la desigualdad que implica esto, también se producirá una pérdida esencial en la calidad de vida de más de 200.000 personas con discapacidad, expresaron.

En caso de implementarse el decreto presidencial, “se agravará la ya importante crisis económica de los prestadores categorizados que tienen que cumplir con una serie de exigencias impuestas por el Estado”.

“Actualmente no se ha podido establecer un mayor aumento, que está atrasado en un 100% para el transporte y en un 45% para el resto de las prestaciones, por la presión de uno de los organismos financiadores. Dicha situación ha llevado a un desfinanciamiento y endeudamiento de los prestadores que están al borde del colapso. Y esto marca lo que puede pasar en el corto plazo si se publica dicho decreto”, sumaron.

Por eso, las entidades del Foro exigen al Gobierno nacional que revea esta medida que “puede entorpecer la universalización de la atención de las personas con discapacidad, derecho que se obtuvo hace ya más de 25 años”.

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