Este martes a las 18 se movilizarán los propietarios de las torres construidas en torno del Palacio Roccatagliata, en Balbín y Roosevelt (Coghlan, Comuna 12). Piden que se terminen las obras y puedan habitar los departamentos. También estarán presentes miembros de Vecinos x Roccatagliata, que defienden este inmueble de gran valor patrimonial.

Los compradores dicen que no quieren “dos esqueletos de 13 pisos” ni “un mini albergue Warnes”. “No queremos intrusos, no queremos que traiga inseguridad, existen muchos riesgos con la obra inconclusa”, agregaron.

En declaraciones ac Saavedra Online, Miguel Ángel Cavaliere, uno de los compradores, dijo: “Esta obra se encuentra parada por un fallo de la justicia de la Ciudad que anuló los permisos otorgados por el Poder Ejecutivo de la Ciudad. Actualmente el GCBA se presentó en queja ante el Tribunal Superior de Justicia. Es la última instancia que le queda al GCBA para defender su posición según la cual la aprobación es correcta”.

“Si el TSJ no acepta la queja o acepta y falla en contra a nosotros lo único que nos queda es la Legislatura porteña para que hagan una norma urbanistica especial para este caso que es atípico porque hay un edificio protegido por ley dentro del predio. Reclamaremos la solución del tema para que la obra pueda continuarse”, agregó.

La obra fue frenada antes de su inicio por una orden judicial del 23 de septiembre de 2013. La sentenció fue revocada el 10 de abril de 2014 y en consecuencia la Ciudad dio luz verde a la construcción. Pero el permiso fue declarado nulo en un nuevo fallo a fines de 2016, en el marco de amparo iniciado por el legislador porteño con mandato cumplido Gustavo Vera, y confirmado por la Cámara de Apelaciones en octubre de 2017.

“El proyecto triplicaba la altura permitida, superaba la superficie cubierta en un 42% e invadía el pulmón de manzana en un 56%. No se realizó el estudio de impacto ambiental obligatorio. Fue autorizado de forma irregular, por el arquitecto Ledesma, funcionario del Poder Ejecutivo sin competencia legal, otorgando una excepción a las normas, atribución de la Legislatura de la Ciudad y no del Ejecutivo. Lo cual requiere una ley de doble lectura con audiencia pública”, expuso la Cámara al frenar la obra.

El desarrollador inmobiliario Guido Wainstein defendió: “En la primera oportunidad, la Justicia la detuvo un año y medio y luego nos autorizaron la construcción. Tras un año y medio de obra e inversión en 2017 volvieron a pararla. Compramos una tierra abandonada en la que incluso había una estación de servicio abandonada, trabajamos dos años en descontaminar las napas, presentamos los documentos de la obra en la Dirección General de Interpretación Urbanística, realizamos un estudio de impacto ambiental, nos autorizaron el volumen del proyecto y el Gobierno Porteño la aprobó”.

“Se planteó que la construcción del Palacio estaba protegida pero que en las inmediaciones se podía construir. El recurso de amparo plantea que el Gobierno de la Ciudad se excedió en sus acciones y que no debería haber aprobado la construcción del proyecto. Estamos tratando de encontrar una solución porque todos somos damnificados. Ni a los vecinos, ni a los desarrolladores, ni a los compradores ,ni al Gobierno porteño le conviene tener un esqueleto en el medio de la ciudad. Que el Gobierno te apruebe un plano y la Justicia te pare la obra es una pésima señal para el mercado”, añadió.

El grupo Vecinos x Roccatagliata analizó: “Durante el proceso judicial se vendían las unidades, burlando la confianza de los compradores. La situación actual de la obra es consecuencia de la violación de la ley por los desarrolladores y el Gobierno de la Ciudad, y ellos son los responsables de la custodia del inmueble ante situaciones de inseguridad”.

La ONG patrimonialista Basta de Demoler adujo: “En toda esta historia hay dos responsables, la desarrolladora y el gobierno de la ciudad. Palacio Roccatagliata: se burló la confianza de los compradores”.