El sindicato de Peones de Taxis de la Capital Federal convocó a una caravana hacia diversos accesos y avenidas porteñas, en protesta contra el funcionamiento de las aplicaciones Uber y Cabify.

Por caso, este miércoles por la mañana decenas de conductores protestaban a metros de la avenida General Paz, sobre las avenidas Constituyentes, Ricardo Balbín, Cabildo (Puente Saavedra) y Libertador.

Saavedra Online recorrió estos puntos de protesta en la zona y pudo constatar que la circulación era ordenada por Agentes de Tránsito con apoyo de Policía de la Ciudad: “Nosotros también nos manifestamos, cómo no vamos a dejarlos a ellos”, dijo un agente a este portal.

Los taxistas entregaban a los peatones un folleto con este comunicado: “El poderío económico de las multinacionales doblegó al Estado nacional en su responsabilidad de control de la evasión impositiva y su poder de policía, para garantizar la plena vigencia del artículo 14 Bis de la Constitución nacional. Es por esto que nos manifestamos en defensa de nuestras fuentes de trabajo de nuestro salario, para no ser ciudadanos de cuarta categoría y poder mantener con dignidad, esfuerzo y trabajo a nuestras familias”.

Foto: Saavedra Online

La medida se fuerza, que se replicará el martes 8 y el jueves 10 de octubre, se extendió entre las 9 y las 11 de la mañana.

En todos los casos habrá asambleas en la calle y los cortes se producirán entre las 9 y las 11, en cruces de las siguientes avenidas de la Ciudad: Av. Del Libertador y Gral. Paz, Av. Cabildo y Gral. Paz, Av. Balbín y Gral. Paz, Av. Rivadavia y Gral. Paz, Av. J. B. Alberdi y Gral. Paz, Av. 9 de Julio y Av. San Juan. Así como también en Puente Pueyrredón, Puente Pompeya, Puente Almirante Brown y Puente Sarsfield.

Los taxistas se movilizan “en defensa de los puestos de trabajo”. Reclaman por las apps de tecnología que brindan el mismo servicio pero, a su criterio, de manera irregular “porque violan la Ley Nacional de Tránsito y las laborales”.

Foto: Saavedra Online

Para el gremio de Taxis, existen más de 25 mil vehículos que prestan servicios irregulares, trayendo como resultado “la pérdida de unos 10 mil puestos de trabajo y la quiebra de 90 empresas familiares”.

El derrotero judicial llega a su última instancia

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ), máxima instancia judicial en la CABA, analizará una causa contra la aplicación de viajes UBER, para dirimir si cometió una contravención sobre violación de clausura y uso indebido del espacio público.

La Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires declaró admisible el recurso extraordinario de inconstitucionalidad planteado por el fiscal de Cámara Martín Lapadú, con relación a la causa que cuestiona el accionar de la empresa Uber Argentina y sus directivos. Por tal motivo, bajo el argumento indiscutible de que el caso reviste “gravedad institucional”, la Cámara (que había revocado las condenas de primera instancia) resolvió elevar el expediente al TSJ.

El Tribunal Superior porteño deberá decidir sobre la condena a la empresa Uber Argetina y sus directivos, estableciendo la legalidad o ilegalidad de la actividad desarrollada, señala el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad (MPF).

La Justicia de la Ciudad condenó en primera instancia a los directivos de la empresa, a partir de una investigación iniciada de oficio en la Unidad Fiscal Oeste desde que la empresa comenzó a brindar sus servicios en el país en abril de 2016. Dicha investigación se realizó en el marco de la violación de clausura y el uso indebido del espacio público, (artículos 76 y 88 del Código Contravencional) con penas impuestas de multa e inhabilitación por dos años.

El procedimiento es llevado adelante también contra la empresa y sus responsables en el ámbito penal tributario. Las dificultades que se presentaron en esta investigación no fueron pocas. En principio una ley del Congreso Nacional, que aumentó el mínimo no imponible llevando el monto originario de $400.000 a $1.500.000, y eximiendo de responsabilidad penal a quienes abonen sus deudas impositivas.

Este escollo, sobre la cifra dineraria, pudo sortearse con la ampliación del monto imputado originalmente en base a la documentación obtenida en distintos allanamientos durante la primera etapa del proceso, quedando todavía latente por resolver la Jueza de instancia, Dra. Cristina Lara, titular del Juzgado Nº 21, la solicitud de extinción de la acción penal planteada por Uber en el mes de Diciembre de 2018. Además, la reciente moratoria sancionada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires estableció facilidades y algunas condonaciones específicas a empresas que se adhieran.

En síntesis, tras la resolución de la Sala III de la Cámara, la causa primaria contra Uber Argentina y sus miembros responsables llega finalmente a la última instancia de la Justicia porteña, el TSJ, que se tendrá que expedir sobre la misma en forma definitiva.

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