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Vicente López: la defensa de Del Río pide su libertad por la data de muerte de las autopsias

La abogada del presunto parricida pidió que investiguen como posibles autores del crimen al hermano y la amante de su cliente.

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La defensa de Martín Del Río, detenido por el presunto parricidio de Vicente López, pidió su liberación al considerar que la data de la muerte estimada en las autopsias no coincide con el momento en el que para los fiscales se cometió el doble crimen, cuestionó a los testigos que lo identificaron como el “caminante encapuchado” de los videos y pidió que investiguen como posibles autores del hecho al hermano y la amante de su cliente.

La presentación fue realizada por la abogada del imputado, Mónica Chirivin, ante el juez de Garantías 1 de San Isidro, Ricardo Costa, a quien le reclama el “cese de la detención” de Del Río (47).

“No existen en la actualidad elementos concretos y precisos que ubiquen al Martín Santiago Del Río en la escena del crimen”, dice la letrada en uno de los primeros párrafos del escrito de 25 páginas, al que accedió Télam.

Uno de los puntos clave que cuestiona la defensa es la diferencia que existe entre la franja horaria en la que para los fiscales fiscales Alejandro Musso, Martín Gómez y Marcela Semería mataron a José Enrique Del Río (74) y su esposa María Mercedes Alonso (72), y la data de muerte establecida en las respectivas autopsias, que indica que los crímenes se cometieron la madrugada del día del hallazgo -25 de agosto-, cuando Del Río estaba con su familia en su casa del country Nordelta.

“Es quizás la operación de autopsia llevada a cabo sobre los cuerpos de los fallecidos la prueba más importante que desincrimina a Martín Santiago Del Río”, sostiene la abogada.

En la imputación, los fiscales acusaron a Del Río de haber cometido el crimen “entre las 17.33 y las 18.30 del 24 de agosto, cuando el llamado “caminante encapuchado” quedó filmado llegando y retirándose a metros de la casa de las víctimas.

Pero la abogada transcribe los protocolos que presentó el médico legista que hizo las autopsias, Martín Adrián Fernández, quien en ambos casos calculó el intervalo postmortem de 12 a 18 horas previas al análisis en la morgue, que en el caso de Alonso se hizo a las 17.30 del 25 de agosto y en el de Del Río padre, a las 19 del mismo día.

Chirivin sostiene que tomando el extremo máximo de 18 horas que informa el forense, la muerte de Alonso “se habría producido en horario posterior a las 23.30” del miércoles 24 de agosto y la de Del Río luego de “la 1 del día 25 de agosto”.

“Esta prueba es contundente, precisa y determinante para poder afirmar que el Martín Santiago Del Río, no es el autor material del hecho, no se encuentra probado que el mismo estuvo en la casa de sus padres el día 24 de agosto de 2022 en el horario de las 17.33 y 18.30 y mucho menos que sus padres hayan fallecido en dicha franja horaria”, subraya Chirivin.

Sin embargo, los fiscales convocaron el lunes pasado a cuatro peritos y autoridades en Medicina Legal de la Superintendencia de la Policía Científica –entre ellos el médico autopsiante Fernández-, que confeccionaron un “acta” en la cual aclararon que tomando en cuenta los signos de putrefacción y la temperatura y la rigidez cadavéricas, las muertes del matrimonio Del Río se produjeron “en un lapso de hasta 36 horas” antes de las autopsias, modificando así la primera estimación de la data de muerte que dejaba fuera de la escena al hijo menor de las víctimas, detenido por el caso.

Esta “acta” fue criticada por la abogada Chirivin en su planteo, al considerar que el perito actuante fue “presionado por sus superiores al solo efecto de satisfacer la necesidad de la fiscalía”.

En otro tramo del escrito, la defensora cuestionó a todos los testigos que reconocieron por su forma de caminar a Del Río como el sospechoso que desde Núñez a Vicente López quedó filmado con buzo con capucha y barbijo llegando y retirándose de las inmediaciones de la casa del doble crimen.

“Este ‘caminante misterioso’ ha sido plantado para inculpar a Del Río y derivar la investigación hacia su persona”, afirma la letrada.

Y remarcó que las cuatro personas que lo reconocieron en los videos –su hermano Diego Del Río, su suegro Miguel Sánchez, el exfutbolista Fabricio Fuentes con el que tenía problemas comerciales y la mujer con la que tuvo una relación extramatrimonial-, son personas “enemigas”, que “lo odian” y que “no poseen la objetividad necesaria para que sus declaraciones testimoniales sean valoradas en esta investigación penal”.

Además, fundamentó que de la observación de los videos del sospechoso encapuchado “no se observa que ingrese ni que salga de la casa de la calle Melo en donde acontecieron los homicidios” y que se puede ver que el mismo “no utiliza anteojos”, como los que tiene.

A su vez, en los tramos finales del escrito, la abogada sugiere que la fiscalía de Vicente López investigue como posibles autores del crimen a dos personas del círculo íntimo de su cliente.

En primer término, al hermano mayor, Diego Del Río, sobre quien reveló que se halló “una huella” dactilar suya “en el vidrio del espejo del baño” de la casa de sus padres.

Pero además, pidió que se investigue a la agente inmobiliaria con la que Del Río tenía una relación extramatrimonial y que, según la defensa, lo “extorsionaba” con pedidos de dinero “constantes” para no revelarle a su esposa el vínculo que tenían.

“Podría tener interés en esas muertes ya que podría pensar que Martín Del Río heredaría mucho dinero y tendrían la posibilidad de beneficiarse con el mismo, siendo una hipótesis que debe ser investigada, no debiéndonos olvidar que esta señora habría intentado quitarse la vida, escribiendo cartas a sus hijos y exmarido. ¿Por qué razón haría una cosa así si no tiene nada que ocultar en relación al crimen?”, se preguntó Chirivin.

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Previo a la votación de la Ley Bases, jubilados protestaron en Puente Saavedra

Un grupo de adultos mayores marchó por avenida Maipú sobre el carril hacia la avenida General Paz. El Metrobus funcionó con normalidad.

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En la previa del tratamiento de la Ley Bases en el Senado de la Nación, un grupo de jubilados autoconvocados protestó este martes por la mañana sobre la avenida Maipú, frente al Puente Saavedra.

Varios adultos mayores se movilizaron por Maipú sobre el carril hacia la avenida General Paz. El Metrobus funcionó con normalidad.

“Los jubilados no somos casta”, estaba impreso en un pasacalle que los manifestantes llevaban al frente de la protesta.

Este miércoles desde el mediodía el Senado de la Nación tratará la Ley Bases promovida por el Gobierno nacional de Javier Milei, que ya viene con media sanción en Diputados. La votación está ajustada entre quienes quieren validarla y los bloques opositores que buscan su caída.

En ese contexto, la semana pasada Diputados dio media sanción a un proyecto de Ley para implementar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, pensando en la recuperación de ingresos sufridos en los primeros meses de la gestión libertaria.

El presidente Javier Milei amenazó con vetarla ya que, según expresó, esta fórmula atenta con el superávit fiscal del Gobierno nacional.

En tanto, hay rumores sobre una estrategia del peronismo de querer incluir este proyecto en la sesión del Senado del miércoles.

Por otra parte, en el Gobierno hay malestar por la intención de sectores de la llamada oposición dialoguista para introducir más cambios al articulado de la Ley Bases.

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El Ejército inició el reparto de alimentos guardados por Capital Humano en Villa Martelli

El ministerio a cargo de Sandra Pettovello informó que tardarán dos semanas en entregar toda la mercadería en comedores y merenderos pertenecientes a la Fundación Cooperadora para la Nutrición Infantil (Conin).

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Este martes por la mañana el Ejército se hizo presente con una gran cantidad de camiones en el depósito de Villa Martelli, en Vicente López, en el cual están acopiados miles de kilos de alimentos en poder del Ministerio de Capital Humano.

Fuentes del ministerio a cargo de Sandra Pettovello informaron que en las próximas semanas se distribuirán en todo el país. También existe otro galpón en Tafí Viejo, en Tucumán.

Este operativo lo encabezan el Ejército y el Ministerio de Defensa de la Nación  “para garantizar una logística rápida y sin intermediarios”, según la cartera a cargo de Luis Petri.

Este martes por la mañana ocho camiones del Ejército cargaron 460.000 kilos de leche en polvo (diluidos equivalen a 4.000.000 de litros) para distribuirlos en 22 comedores y merenderos pertenecientes a la Fundación Cooperadora para la Nutrición Infantil (Conin).

“Nosotros podemos distribuir donde tenemos centros Conin. La intención no es que podamos cubrir las necesidades de los comedores y merenderos de todo el país en cualquier lugar, sino que nos han pedido que cubramos la zona donde tenemos centros”, expresó Álvarez Rivero, director Ejecutivo de Conin.

A media tarde, un camión del Ejército empezó a bajar parte de la mercadería en un local ubicado en el barrio La Teja de Merlo. Lo mismo ocurría en la provincia de Tucumán.

Y agregó: “Lo que vamos a hacer, lo mismo que hacemos todos los días, es entregar la leche junto con otros alimentos que entregamos en los centros a las familias de los niños que atendemos”.

“Además, apadrinamos una serie de comedores y merenderos aledaños a cada uno de los centros del país a los cuales asistimos de diferente manera”, dijo Álvarez Rivero. Según puntualizó son alrededor de “400 comedores y merenderos”.

El dirigente social Juan Grabois había presentado una denuncia contra la ministra Pettovello para que repartiera los alimentos entre los comedores, ya que muchos vencían en breve. El juez federal Sebastián Casanello ordenó la semana pasada que Capital Humano presentara en 72 horas de un plan para distribuirlos, pero fue apelado por la cartera.

El Gobierno distribuyó 1.132.491 kilos de comida entre diciembre y marzo, cuando decidió cortar el suministro a casi todas las organizaciones sociales. Esto es cerca de una sexta parte de lo que tiene almacenado en este momento, que son 3.627.815 kilos en Villa Martelli y 2.275.172 en Tafí Viejo, un total de 5.902.987 kilos, es decir, casi 6000 toneladas de comida, repasa La Nación. En las últimas semanas, sin embargo, se comunicó que el total era de cinco toneladas y que el 60% de lo almacenado era yerba mate.

De todos modos, este sábado la Justicia federal, por pedido del juez Casanello y la fiscal Paloma Ochoa, relevó la mercadería y se hallaron diferencias entre la cantidad de alimentos reportados anteriormente por Capital Humano y lo que efectivamente había en los galpones.

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Protesta frente a la Quinta de Olivos contra la desregulación de prestaciones para personas con discapacidad

El Foro Permanente de Discapacidad exige que el Gobierno nacional revea esta medida que “puede entorpecer la universalización de la atención de las personas con discapacidad, derecho que se obtuvo hace ya más de 25 años”.

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Entidades civiles y prestadores, reunidos en el Foro Permanente de Discapacidad, protestaron este miércoles por la mañana frente a la Quinta de Olivos, en Vicente López, contra las medidas de desregulación del Sistema Único de Prestaciones Básicas de las Personas con Discapacidad impulsadas por el Gobierno nacional de Javier Milei. Hay un operativo policial y se encuentra cortada la avenida Maipú, entre las calles Malaver y Villate, mano hacia el norte.

Bajo el lema “Basta de ajuste en discapacidad”, esta protesta se replica en otros puntos del país.

Los organizadores de la movilización señalaron a través de un comunicado que el 10 de mayo el Gobierno nacional dio a conocer un proyecto de decreto presidencial que establece que los organismos públicos financiadores de las prestaciones para las personas con discapacidad establecidas por la Ley 24.901 se fijarán de forma independiente a los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el nomenclador de prestaciones básicas. En las últimas horas se filtró un borrador sobre la posible redacción final del texto.

“Esta decisión va a generar la ruptura de un logro fundamental: que las personas con discapacidad sean atendidas en los servicios categorizados por el estado o por profesionales sin importar su situación económica, mientras tengan una obra social, sean de PAMI o cuenten con una pensión o prepaga. La consecuencia de no tener un arancel acorde al costo del servicio, es que aquellos que no respondan a la realidad económica que implica brindar un servicio categorizado educativo, terapéutico, de salud, de alojamiento, transporte o asistencial van a dejar de contar con ello. Además de la desigualdad que implica esto, también se producirá una pérdida esencial en la calidad de vida de más de 200.000 personas con discapacidad, expresaron.

En caso de implementarse el decreto presidencial, “se agravará la ya importante crisis económica de los prestadores categorizados que tienen que cumplir con una serie de exigencias impuestas por el Estado”.

“Actualmente no se ha podido establecer un mayor aumento, que está atrasado en un 100% para el transporte y en un 45% para el resto de las prestaciones, por la presión de uno de los organismos financiadores. Dicha situación ha llevado a un desfinanciamiento y endeudamiento de los prestadores que están al borde del colapso. Y esto marca lo que puede pasar en el corto plazo si se publica dicho decreto”, sumaron.

Por eso, las entidades del Foro exigen al Gobierno nacional que revea esta medida que “puede entorpecer la universalización de la atención de las personas con discapacidad, derecho que se obtuvo hace ya más de 25 años”.

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