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Zona Norte

Piden prisión preventiva para el entrenador de Olivos que violó la cuarentena y golpeó a un guardia

Se lo acusa de los delitos de “lesiones y amenazas”.

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El fiscal Martín Gómez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Vicente López Este, pidió la prisión preventiva para Miguel Ángel Paz (40), imputado por los delitos de “lesiones y amenazas”.

Se trata del personal trainer detenido en Olivos luego de golpear a un vigilador de su edificio que lo había denunciado el 14 de marzo último por no cumplir con el aislamiento ante la pandemia de coronavirus tras haber regresado de los Estados Unidos.

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El juez de Garantías 4 de San Isidro, Esteban Rossignoli, deberá resolver tanto este pedido como el planteo de excarcelación que presentó la defensa de Paz, quien por el momento está con una prisión domiciliaria y cumpliendo cuarentena obligatoria, consigna Télam.

La agresión ocurrió el sábado 14 de marzo en el edificio situado en Rosales 2793, en la localidad de Olivos. El vigilador identificado como Gustavo Granucci denunció que Paz lo golpeó y le dejó lesiones.

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En el dictamen –al que tuvo acceso Télam-, el fiscal Gómez resalta que la conducta de Paz “lejos de tratarse de una reacción desmedida” fue “intensamente violenta, voluntaria y desproporcionada”.

Para el fiscal, que no haya acatado el aislamiento social obligatorio a su regreso de Estados Unidos, “lleva a la lógica e inexorable presunción de que aquél no cumplirá por sí mismo una medida restrictiva, su conducta claramente demuestra lo contrario y me lleva a presumir que no cumpliría la orden”.

Además de esta causa por la agresión al vigilador, a Paz se le inició un segundo expediente en el que interviene el juez federal 2 de San Isidro, Lino Mirabelli, por la posible infracción de los artículos 205 y 239 del Código Penal de la Nación, que contemplan la protección de la salud general y el delito de desobediencia.

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El caso motivó la opinión del propio presidente Alberto Fernández, quien dijo que con hechos como éstos hay que ser “inflexibles” y que el agresor “debe pagar las consecuencias de lo que ha hecho”.

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