En ente estatal y la comunidad escolar afirman que el Gobierno porteño la promueve de manera “inconsulta y apresurada, sin seguir los procedimientos legales y administrativos correspondientes”.

El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires (MPD) presentó una acción de amparo contra la reforma educativa denominada “Secundaria del Futuro”. Fue a través de la Defensoría N° 5 del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, junto a padres la Escuela de Música “Juan Pedro Esnaola” del barrio de Saavedra (Crisólogo Larralde 5085) y otros establecimientos.

El MPD afirma que el Ministerio de Educación porteño, a cargo de Soledad Acuña, impulsa el cambio de manera “inconsulta y apresurada, sin seguir los procedimientos legales y administrativos correspondientes, y sin dar información adecuada y precisa a todos los afectados”.

“Esta reforma, donde no se conoce con mínima certeza los cambios y modificaciones propuestos en planes de estudio y sistema de evaluaciones, así como las características de las pasantías o prácticas profesionalizantes, genera grave incertidumbre sobre alumnos y padres frente a su futuro educativo”, señaló el defensor Ramiro Dos Santos Freire.

Junto a los del Esnaola, los padres representados corresponden a los colegios: Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández” (Carlos Pellegrini 1515, Retiro, Comuna 1); Escuela de Danzas Nº 1 “Profesora Nelly Ramicone” (Fonrouge 711, Liniers, Comuna 9); Escuela Normal Superior Nº 2 “Mariano Acosta” (Urquiza y Moreno, Balvanera, Comuna 3); Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Sofía E. Broquen de Spangenberg” (Carlos Pellegrini 1515, Retiro, Comuna 1)); y Escuela Media “María Claudia Falcone” (Malabia 2148, Palermo, Comuna 14).

En la presentación judicial se recuerda que el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires garantiza el derecho a la participación y a la información de toda la comunidad educativa (alumnos, padres, docentes, académicos).

Los padres, a quienes el MPD asiste, proponen que se formen mesas de trabajo que garanticen la adecuada información y la participación real de todos los interesados, y consideran necesario que se suspenda la implementación de la reforma durante el año 2018 para realizar un proceso participativo institucional y vinculante que incluya a estudiantes, docentes, familias y académicos.

“El valor de la educación en nuestra sociedad merece un debate público pluralista, con información oficial adecuada, completa y oportuna, que garantice que cualquier reforma que se implemente sea cuidadosamente estudiada y fundamentada, para que la escuela sea un lugar de construcción de ciudadanía y democracia”, concluyó Dos Santos Freire.

La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, defiende la reforma y dice que se ejecutará el año que viene: “Los chicos piden una medida que es la prorroga a vida o muerte. Proponemos una implementación gradual”. Agrega sobre las prácticas en ámbitos laborales, uno de los temas más debatidos: “No son pasantías laborales ni son prácticas laborales. Son prácticas educativas. Esta figura, este modelo no lo inventamos nosotros. Lo tomamos de la Ley Nacional del 2006 y de los Decretos reglamentarios posteriores (de 2011) y de las experiencias que ya existen en la Ciudad y en otras Provincias del país”.

Lo que empieza el año que viene en 17 escuelas, el Gobierno porteño quiere que en 2021 esté operativo en los 143 colegios de toda Capital Federal. Para ello, piensa hacer una gran inversión pública. El Ministerio de Educación acordó un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por U$S4.500.000, cuyos fondos se habilitarán en dos etapas, una entre marzo y abril de 2018 y la siguiente en 2019. Hay $15.000.000 del Presupuesto 2017 que se usarán el año que viene en la reforma. Del Presupuesto 2018 se usarán $54.300.000 y $74.000.000 en 2019. Este volumen de dinero es solo para arreglar mobiliario y adecuar aulas, informó La Nación.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó: “Estamos convencidos de que hay avanzar en una reforma, sin ninguna duda, y creo que está convencido todo el mundo, por supuesto, siempre vamos a estar abiertos al diálogo”.

El ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, defendió la postura oficial: “Necesitamos que el docente cambie su forma de enseñar”. También cargó contra la “resistencia política” que “no tiene absolutamente nada que ver con la secundaria, que se va a implementar de todos modos” y la ligó a sectores sindicales de la educación.

“Son pequeñas batallas culturales que tenemos que ir dando y es lo que tenemos que hacer. Tenemos un gobierno que dialoga, con todos los sectores de la comunidad educativa, alumnos, padres, docentes, gremios”, agregó. Consideró que los estudiantes “pueden tener ideas magníficas”, pero que un alumno no puede “decidir qué va a estudiar porque no está capacitado para hacerlo”.

El Ministerio de Educación porteño, ante los días en los que no hubo clases corrientes por las tomas que repudiaron la reforma, emitió una resolución para garantizar los 190 de cursada en los establecimientos afectados por la medida de fuerza.

“Establézcase que en aquellos establecimiento educativos en los cuales se constate que se han perdido días de clases como consecuencia de la situación de toma del establecimiento, se dispondrá la modificación y/o prolongación del ciclo lectivo 2017”, dicta la resolución que apunta a garantizar “el dictado de la totalidad de los contenidos curriculares de los planes de estudio vigente”, según la resolución 3560 de la cartera educativa.

El texto oficial, con fecha del 8 de septiembre, determina que los equipos de conducción de las escuelas tomadas “deberán diseñar un plan de recuperación de contenidos” a presentar ante los supervisores del área “que garantice el dictado para el cumplimiento del Diseño Curricular vigente”.

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